Internacional
Ocho países latinoamericanos van contra ley de Arizona
Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú se unen a México con mociones en contra de la legislación antiinmigrante
PHOENIX, ESTADOS UNIDOS (19/JUL/2010).- Siete países latinoamericanos se unieron a México para acudir a los tribunales en Estados Unidos y apoyar una demanda civil contra la nueva
ley migratoria de Arizona.
Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú presentaron mociones independientes, aunque muy similares en su contenido, para apoyar el argumento legal de México que respalda la demanda interpuesta por grupos en pro de los derechos civiles a nivel federal y otras organizaciones de activistas.
Un juez federal recibió formalmente la demanda de México el 1 de julio pero no se pronunció de forma inmediata sobre las otras mociones, presentadas la semana pasada.
México afirma que busca defender los derechos de sus ciudadanos y que la ley SB 1070 podría derivar en arrestos con base en las características raciales de los inmigrantes, así como obstaculizar el turismo y el comercio.
Otro de los puntos que argumenta es que la legislación podría ser negativa para las operaciones contra el tráfico de drogas y la violencia relacionada con este delito.
Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú presentaron mociones independientes, aunque muy similares en su contenido, para apoyar el argumento legal de México que respalda la demanda interpuesta por grupos en pro de los derechos civiles a nivel federal y otras organizaciones de activistas.
Un juez federal recibió formalmente la demanda de México el 1 de julio pero no se pronunció de forma inmediata sobre las otras mociones, presentadas la semana pasada.
México afirma que busca defender los derechos de sus ciudadanos y que la ley SB 1070 podría derivar en arrestos con base en las características raciales de los inmigrantes, así como obstaculizar el turismo y el comercio.
Otro de los puntos que argumenta es que la legislación podría ser negativa para las operaciones contra el tráfico de drogas y la violencia relacionada con este delito.