Internacional
La justicia española suspende a Garzón
El juez fue separado de sus funciones a la espera del juicio en su contra por una fallida investigación de los crímenes del franquismo
MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió suspender al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, después de que el magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela, abriera el miércoles juicio oral contra él por presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Después, aplazó la decisión sobre si le concede permiso para trabajar en el Tribunal de La Haya.
Garzón, quien dejó con lágrimas su puesto en la Audiencia Nacional, acumula tres causas en el alto tribunal. Las dos otras querellas que tiene pendientes se refieren a unas escuchas ordenadas durante la instrucción del caso Gürtel y a la financiación de cursos organizados por el magistrado en la Universidad de Nueva York.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apartó así temporalmente al juez, conocido por investigar violaciones de derechos humanos en numerosos países, de un puesto en el que lleva más de 20 años, en una resolución que fue criticada desde varios sectores políticos y sociales.
La demanda, planteada por el sindicato Manos Limpias y por la organización política Falange Española —que posteriormente fue apartada por defectos de forma en su escrito de acusación—, dice que el juez abrió unas diligencias contra personas fallecidas —entre ellas el dictador Francisco Franco— sobre delitos que habían prescrito o estaban amnistiados.
Garzón pidió esta semana ir en comisión de servicios especiales al Tribunal Penal Internacional (TPI) en calidad de asesor e investigador de crímenes masivos, tras una oferta del fiscal general de la corte con sede en La Haya, Luis Moreno Ocampo.
Al día siguiente de la solicitud de Garzón, el juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, ordenó la apertura de juicio oral en su contra por investigar los crímenes franquistas, sabiendo que no tenía competencia para hacerlo.
Después de suspenderlo, la Comisión Permanente del CGPJ decidió por unanimidad retrasar la resolución sobre el traslado al TPI a la espera de informes sobre las tres demandas que afronta Garzón, una de ellas sobre los crímenes del franquismo.
La comisión quiere saber si el fiscal general del TPI mantiene la oferta al magistrado y si el contrato implicaría alguna inmunidad procesal.
Decenas de personas se congregaron en el exterior de la sede de la Audiencia Nacional para expresar su apoyo a Garzón, que regresó por la tarde al edificio, después de abandonarlo horas antes, cuando se le comunicó la suspensión cautelar decidida por el CGPJ.
La suspensión del juez ha sido vista en los ámbitos progresistas como un triunfo de la ultraderecha, cuyos crímenes trataba de investigar Garzón, un juez que ha instruido numerosas causas de terrorismo y crímenes contra la humanidad en España.
La decisión de procesar a Garzón, tomada en contra de la opinión de la Fiscalía, levantó polémica en la sociedad española y llegó también al extranjero, donde se han sucedido los apoyos a un magistrado que alcanzó notoriedad internacional por intentar sentar en el banquillo al ex dictador chileno Augusto Pinochet.
El País/Reuters
FRASES
“Las lágrimas del juez Garzón son hoy mis lágrimas”, José Saramago, escritor y Nobel de Literatura.
“Ahora, la justicia misma se ha convertido en una víctima en España”, Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch.
“Es una muy mala noticia para el respeto de los derechos humanos, y un triunfo momentáneo de todos aquellos cómplices y ejecutores del terrorismo de Estado", Lorena Pizarro, sidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile.
“No puede ser que una persona que realmente ha defendido siempre los derechos humanos, sea suspendido porque ahora se ha puesto a defender la verdad”, Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Argentina.
Para entender el caso
Inicio de la controversia
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró en octubre de 2008 competente para investigar la desaparición de las víctimas del franquismo. En su auto, el magistrado atribuyó al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes que dirigieron la rebelión contra el Gobierno de la República un plan de exterminio sistemático de sus oponentes y de represión que terminó con al menos 114 mil 266 desaparecidos.
Postura de la fiscalía
Contra la decisión de Garzón se pronunció el fiscal jefe de la propia Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien acusó al magistrado de abrir una “causa general” contra el franquismo lo que, en su opinión, violentaba las reglas y límites del proceso penal. Calificó de “disparate jurídico” al tratar de juzgar unos hechos que, en su opinión, están prescritos y perdonados por la Ley de Amnistía de 1977.
El Supremo admite la querella
En mayo de 2009, el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella presentada contra el magistrado por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, en la que le acusaba de prevaricación por excederse en sus competencias en la investigación del franquismo.
Los demandantes
El pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, liderado por el ex dirigente de Fuerza Nueva Miguel Bernad, consiguió imputar a Garzón después de varios años de intentos.
La asociación Libertad e Identidad, de marcado carácter conservador y Falange Española de las JONS, que presentó querella para lavar el “honor de su movimiento”.
Qué se le imputa a Garzón
Los querellantes consideran que Garzón se excedió de sus funciones al asumir la causa del franquismo y le acusaron de prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho, lo que podría suponerle una inhabilitación de 12 a 20 años.
FICHA TÉCNICA
Los procesos que deja pendientes:
El “chivatazo” a ETA
El supuesto “soplo” con el que se alertó a la banda terrorista sobre una operación policial contra su red de chantaje el cuatro de mayo de 2006 es una de las piezas desglosadas de la causa contra el aparato de extorsión de ETA, de la que también forma parte la genérica sobre las cartas que la organización enviaba a los empresarios para reclamarles el “impuesto revolucionario”.
“Bateragune”
Tras procesar recientemente (el pasado 25 de enero) a Arnaldo Otegi, ex portavoz del grupo radical vasco Batasuna, y a otros siete dirigentes de la izquierda independentista vasca por intentar reconstruir esa formación ilegalizada a través del grupo “Bateragune”, el juez aún no ha elevado el sumario a la Sala de lo Penal de este tribunal para que dicte la apertura de juicio oral.
Las torturas en Guantánamo
Garzón también se había declarado competente para investigar las supuestas torturas sufridas en el centro de detención norteamericano de Guantánamo (Cuba) por cuatro prisioneros, uno de ellos de nacionalidad española, tras admitir a trámite las querellas de varias asociaciones contra seis responsables jurídicos del centro.
El “Caso Pretoria”
Garzón aún no ha levantado el secreto de sumario de esta causa abierta contra la presunta trama de corrupción liderada por el ex diputado del Partido Socialista Catalán (PSC) Luis García, quien defraudó un total de 44.7 millones de euros (56.1 millones de dólares) a varios ayuntamientos barceloneses, y en la que hay una veintena de imputados, entre ellos antiguos altos cargos del Gobierno regional catalán.
Las cuentas secretas de Pinochet
El 30 de noviembre del pasado año, Garzón imputó a Lucía Hiriart, la viuda del dictador chileno Augusto Pinochet (a quien había procesado en 1999), así como a su abogado y dos ex altos cargos del Banco de Chile, por delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
FUENTE: EFE
Garzón, quien dejó con lágrimas su puesto en la Audiencia Nacional, acumula tres causas en el alto tribunal. Las dos otras querellas que tiene pendientes se refieren a unas escuchas ordenadas durante la instrucción del caso Gürtel y a la financiación de cursos organizados por el magistrado en la Universidad de Nueva York.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apartó así temporalmente al juez, conocido por investigar violaciones de derechos humanos en numerosos países, de un puesto en el que lleva más de 20 años, en una resolución que fue criticada desde varios sectores políticos y sociales.
La demanda, planteada por el sindicato Manos Limpias y por la organización política Falange Española —que posteriormente fue apartada por defectos de forma en su escrito de acusación—, dice que el juez abrió unas diligencias contra personas fallecidas —entre ellas el dictador Francisco Franco— sobre delitos que habían prescrito o estaban amnistiados.
Garzón pidió esta semana ir en comisión de servicios especiales al Tribunal Penal Internacional (TPI) en calidad de asesor e investigador de crímenes masivos, tras una oferta del fiscal general de la corte con sede en La Haya, Luis Moreno Ocampo.
Al día siguiente de la solicitud de Garzón, el juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, ordenó la apertura de juicio oral en su contra por investigar los crímenes franquistas, sabiendo que no tenía competencia para hacerlo.
Después de suspenderlo, la Comisión Permanente del CGPJ decidió por unanimidad retrasar la resolución sobre el traslado al TPI a la espera de informes sobre las tres demandas que afronta Garzón, una de ellas sobre los crímenes del franquismo.
La comisión quiere saber si el fiscal general del TPI mantiene la oferta al magistrado y si el contrato implicaría alguna inmunidad procesal.
Decenas de personas se congregaron en el exterior de la sede de la Audiencia Nacional para expresar su apoyo a Garzón, que regresó por la tarde al edificio, después de abandonarlo horas antes, cuando se le comunicó la suspensión cautelar decidida por el CGPJ.
La suspensión del juez ha sido vista en los ámbitos progresistas como un triunfo de la ultraderecha, cuyos crímenes trataba de investigar Garzón, un juez que ha instruido numerosas causas de terrorismo y crímenes contra la humanidad en España.
La decisión de procesar a Garzón, tomada en contra de la opinión de la Fiscalía, levantó polémica en la sociedad española y llegó también al extranjero, donde se han sucedido los apoyos a un magistrado que alcanzó notoriedad internacional por intentar sentar en el banquillo al ex dictador chileno Augusto Pinochet.
El País/Reuters
FRASES
“Las lágrimas del juez Garzón son hoy mis lágrimas”, José Saramago, escritor y Nobel de Literatura.
“Ahora, la justicia misma se ha convertido en una víctima en España”, Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch.
“Es una muy mala noticia para el respeto de los derechos humanos, y un triunfo momentáneo de todos aquellos cómplices y ejecutores del terrorismo de Estado", Lorena Pizarro, sidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile.
“No puede ser que una persona que realmente ha defendido siempre los derechos humanos, sea suspendido porque ahora se ha puesto a defender la verdad”, Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Argentina.
Para entender el caso
Inicio de la controversia
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró en octubre de 2008 competente para investigar la desaparición de las víctimas del franquismo. En su auto, el magistrado atribuyó al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes que dirigieron la rebelión contra el Gobierno de la República un plan de exterminio sistemático de sus oponentes y de represión que terminó con al menos 114 mil 266 desaparecidos.
Postura de la fiscalía
Contra la decisión de Garzón se pronunció el fiscal jefe de la propia Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien acusó al magistrado de abrir una “causa general” contra el franquismo lo que, en su opinión, violentaba las reglas y límites del proceso penal. Calificó de “disparate jurídico” al tratar de juzgar unos hechos que, en su opinión, están prescritos y perdonados por la Ley de Amnistía de 1977.
El Supremo admite la querella
En mayo de 2009, el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella presentada contra el magistrado por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, en la que le acusaba de prevaricación por excederse en sus competencias en la investigación del franquismo.
Los demandantes
El pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, liderado por el ex dirigente de Fuerza Nueva Miguel Bernad, consiguió imputar a Garzón después de varios años de intentos.
La asociación Libertad e Identidad, de marcado carácter conservador y Falange Española de las JONS, que presentó querella para lavar el “honor de su movimiento”.
Qué se le imputa a Garzón
Los querellantes consideran que Garzón se excedió de sus funciones al asumir la causa del franquismo y le acusaron de prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho, lo que podría suponerle una inhabilitación de 12 a 20 años.
FICHA TÉCNICA
Los procesos que deja pendientes:
El “chivatazo” a ETA
El supuesto “soplo” con el que se alertó a la banda terrorista sobre una operación policial contra su red de chantaje el cuatro de mayo de 2006 es una de las piezas desglosadas de la causa contra el aparato de extorsión de ETA, de la que también forma parte la genérica sobre las cartas que la organización enviaba a los empresarios para reclamarles el “impuesto revolucionario”.
“Bateragune”
Tras procesar recientemente (el pasado 25 de enero) a Arnaldo Otegi, ex portavoz del grupo radical vasco Batasuna, y a otros siete dirigentes de la izquierda independentista vasca por intentar reconstruir esa formación ilegalizada a través del grupo “Bateragune”, el juez aún no ha elevado el sumario a la Sala de lo Penal de este tribunal para que dicte la apertura de juicio oral.
Las torturas en Guantánamo
Garzón también se había declarado competente para investigar las supuestas torturas sufridas en el centro de detención norteamericano de Guantánamo (Cuba) por cuatro prisioneros, uno de ellos de nacionalidad española, tras admitir a trámite las querellas de varias asociaciones contra seis responsables jurídicos del centro.
El “Caso Pretoria”
Garzón aún no ha levantado el secreto de sumario de esta causa abierta contra la presunta trama de corrupción liderada por el ex diputado del Partido Socialista Catalán (PSC) Luis García, quien defraudó un total de 44.7 millones de euros (56.1 millones de dólares) a varios ayuntamientos barceloneses, y en la que hay una veintena de imputados, entre ellos antiguos altos cargos del Gobierno regional catalán.
Las cuentas secretas de Pinochet
El 30 de noviembre del pasado año, Garzón imputó a Lucía Hiriart, la viuda del dictador chileno Augusto Pinochet (a quien había procesado en 1999), así como a su abogado y dos ex altos cargos del Banco de Chile, por delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
FUENTE: EFE