Internacional
La Corte Penal Internacional viaja a Libia
Pretenden negociar el traslado de Saif al Islam a La Haya
LA HAYA (22/NOV/2011).- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, viaja a Libia para intentar que las autoridades entreguen al tribunal a Saif al Islam Gadhafi, una misión complicada puesto que ellas quieren juzgarlo en el país.
“El test para el fiscal es hallar el equilibrio adecuado entre respetar a las nuevas autoridades y recordarles sus obligaciones”, explica Dov Jacobs, profesor de derecho internacional de la universidad de Leiden (Oeste de Holanda).
Durante su visita a Libia, el fiscal abordará con el nuevo Gobierno libio la entrega de Saif al Islam, hijo del difunto líder Muamar Gadhafi, y del ex jefe de los servicios secretos libios Abdalá al Senusi, sobre los que pesan órdenes de arresto de la CPI desde el 27 de junio.
Saif al Islam, de 39 años, detenido en el Sur de Libia, y Abdalá al Senusi, de 62 años, arrestado, están acusados de crímenes contra la humanidad cometidos desde el 15 de febrero hasta, por lo menos, finales de ese mes.
En cuanto llegue a Trípoli, Moreno Ocampo deberá “ser lógico y claro con las autoridades libias sobre lo que les exige la ley”, considera un experto en justicia internacional de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, Richard Dicker.
“Pero tendrá que hacerlo de forma muy respetuosa y respetar al pueblo libio. Debe tener en mente que su competencia está limitada a algunas semanas en febrero, y que los libios sufrieron bajo el régimen de Gadhafi durante las últimas cuatro décadas”.
Las autoridades libias anunciaron el domingo su intención de organizar ellas mismas el juicio de los dos hombres, desoyendo así un sinfín de llamamientos de la comunidad internacional pidiendo su entrega a la CPI.
Este tribunal sólo puede juzgar a los autores de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra cuando la justicia de sus países de origen no quiere o no puede llevar a cabo una investigación o imputarlos.
Si las nuevas autoridades libias quieren juzgar en su país a Saif al Islam, sucesor oficioso de su padre, y a Al Senusi deberán presentar una demanda en este sentido ante la CPI y convencerla de que están en condiciones de hacerlo.
Varios analistas expusieron la idea de que el juicio se celebre en Libia, pero bajo la responsabilidad y autoridad de la CPI, con sede en La Haya, aunque reconocen que esta solución conlleva problemas de seguridad.
El asesor legal de Amnistía Internacional para justicia internacional, Christopher Hall, asegura: “Libia tiene la obligación, conforme a la resolución 1970 del Consejo de Seguridad, de entregar a estas dos personas rápidamente a la CPI”.
“El test para el fiscal es hallar el equilibrio adecuado entre respetar a las nuevas autoridades y recordarles sus obligaciones”, explica Dov Jacobs, profesor de derecho internacional de la universidad de Leiden (Oeste de Holanda).
Durante su visita a Libia, el fiscal abordará con el nuevo Gobierno libio la entrega de Saif al Islam, hijo del difunto líder Muamar Gadhafi, y del ex jefe de los servicios secretos libios Abdalá al Senusi, sobre los que pesan órdenes de arresto de la CPI desde el 27 de junio.
Saif al Islam, de 39 años, detenido en el Sur de Libia, y Abdalá al Senusi, de 62 años, arrestado, están acusados de crímenes contra la humanidad cometidos desde el 15 de febrero hasta, por lo menos, finales de ese mes.
En cuanto llegue a Trípoli, Moreno Ocampo deberá “ser lógico y claro con las autoridades libias sobre lo que les exige la ley”, considera un experto en justicia internacional de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, Richard Dicker.
“Pero tendrá que hacerlo de forma muy respetuosa y respetar al pueblo libio. Debe tener en mente que su competencia está limitada a algunas semanas en febrero, y que los libios sufrieron bajo el régimen de Gadhafi durante las últimas cuatro décadas”.
Las autoridades libias anunciaron el domingo su intención de organizar ellas mismas el juicio de los dos hombres, desoyendo así un sinfín de llamamientos de la comunidad internacional pidiendo su entrega a la CPI.
Este tribunal sólo puede juzgar a los autores de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra cuando la justicia de sus países de origen no quiere o no puede llevar a cabo una investigación o imputarlos.
Si las nuevas autoridades libias quieren juzgar en su país a Saif al Islam, sucesor oficioso de su padre, y a Al Senusi deberán presentar una demanda en este sentido ante la CPI y convencerla de que están en condiciones de hacerlo.
Varios analistas expusieron la idea de que el juicio se celebre en Libia, pero bajo la responsabilidad y autoridad de la CPI, con sede en La Haya, aunque reconocen que esta solución conlleva problemas de seguridad.
El asesor legal de Amnistía Internacional para justicia internacional, Christopher Hall, asegura: “Libia tiene la obligación, conforme a la resolución 1970 del Consejo de Seguridad, de entregar a estas dos personas rápidamente a la CPI”.