Internacional
Corte pide casi 12 años de cárcel a publicista en histórico juicio de Brasil
La Corte ha declarado culpables a 25 acusados, y ha absuelto a 12 tras decidir que en los casos de empate de votos, se decidiría en favor de la absolución del reo
BRASILIA, BRASIL (23/OCT/2012).- La Corte Suprema brasileña comenzó a definir el martes las penas de 25 acusados en un histórico juicio por corrupción política, con un riguroso pedido inicial de casi 12 años de cárcel para el publicista que trabajó para el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Marcos Valerio.
Los jueces ya decidieron una pena de 11 años y ocho meses de cárcel y multas por cerca de medio millón de dólares para Valerio, acusado de utilizar sus empresas para obtener contratos estatales y préstamos para desviar recursos al PT a fin de comprar votos de diputados de la coalición entre 2003 y 2005, en el primer mandato del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010).
Valerio es también el acusado que ha sido declarado culpable de la mayor cantidad de delitos: asociación para delinquir, corrupción activa, peculado, evasión de divisas y lavado de dinero.
El cálculo de la pena se basa en sólo tres de los cinco delitos de los cuales el publicista ha sido declarado culpable. Los jueces cerraron la sesión sin terminar la votación, y la sentencia definitiva sería divulgada el miércoles.
No obstante, este pedido inicial de casi 12 años de prisión parece indicar que las sentencias serán rigurosas.
El juicio, que se inició el 2 de agosto y se ha extendido por 40 sesiones, ha determinado la responsabilidad de políticos, legisladores, dirigentes históricos del gobernante PT y empresarios en una contabilidad ilegal del partido, que compró apoyo político de la coalición.
La Corte ha declarado culpables a 25 acusados, y absuelto a 12 tras decidir el martes que en los casos de empate de votos, se decidiría en favor de la absolución del reo.
El principal de los 25 condenados es el ex ministro jefe de gabinete José Dirceu, quien fue la mano derecha de Lula desde su llegada al poder en 2003 hasta que estalló el escándalo en 2005. Dirceu fue considerado por la Corte como el jefe político de esta operación ilegal, y fue declarado culpable de asociación para delinquir y corrupción activa.
Por los mismos cargos fueron considerados culpables el ex presidente del PT José Genoino, el ex tesorero del PT Delubio Soares, y el publicista Marcos Valerio.
Uno de los principales absueltos ha sido otro publicista, Duda Mendonça, responsable de la exitosa campaña que llevó a Lula a la victoria en las presidenciales de 2002, quien había sido acusado de evasión de divisas.
Lula no figura entre los acusados, y el vínculo que más podía aproximarse al ex mandatario era el pago del PT a Mendonça.
El escándalo hizo tambalear en 2005 al gobierno de Lula y desmembró su partido, aunque el ex mandatario consiguió mantenerse al margen, fue reelecto en las presidenciales de 2006 y gobernó hasta fines de 2010.
Los jueces de la Corte Suprema pretendían terminar el juicio este jueves, aunque el desarrollo de la sesión del martes reveló la dificultad de tal objetivo, cuando hay que definir sentencias para los 25 considerados culpables.
Los condenados no irían a la cárcel inmediatamente a raíz de la burocracia judicial, pero la expectativa por la definición de penas es grande en un país en el que los políticos acusados de corrupción raramente van a prisión.
Los jueces ya decidieron una pena de 11 años y ocho meses de cárcel y multas por cerca de medio millón de dólares para Valerio, acusado de utilizar sus empresas para obtener contratos estatales y préstamos para desviar recursos al PT a fin de comprar votos de diputados de la coalición entre 2003 y 2005, en el primer mandato del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010).
Valerio es también el acusado que ha sido declarado culpable de la mayor cantidad de delitos: asociación para delinquir, corrupción activa, peculado, evasión de divisas y lavado de dinero.
El cálculo de la pena se basa en sólo tres de los cinco delitos de los cuales el publicista ha sido declarado culpable. Los jueces cerraron la sesión sin terminar la votación, y la sentencia definitiva sería divulgada el miércoles.
No obstante, este pedido inicial de casi 12 años de prisión parece indicar que las sentencias serán rigurosas.
El juicio, que se inició el 2 de agosto y se ha extendido por 40 sesiones, ha determinado la responsabilidad de políticos, legisladores, dirigentes históricos del gobernante PT y empresarios en una contabilidad ilegal del partido, que compró apoyo político de la coalición.
La Corte ha declarado culpables a 25 acusados, y absuelto a 12 tras decidir el martes que en los casos de empate de votos, se decidiría en favor de la absolución del reo.
El principal de los 25 condenados es el ex ministro jefe de gabinete José Dirceu, quien fue la mano derecha de Lula desde su llegada al poder en 2003 hasta que estalló el escándalo en 2005. Dirceu fue considerado por la Corte como el jefe político de esta operación ilegal, y fue declarado culpable de asociación para delinquir y corrupción activa.
Por los mismos cargos fueron considerados culpables el ex presidente del PT José Genoino, el ex tesorero del PT Delubio Soares, y el publicista Marcos Valerio.
Uno de los principales absueltos ha sido otro publicista, Duda Mendonça, responsable de la exitosa campaña que llevó a Lula a la victoria en las presidenciales de 2002, quien había sido acusado de evasión de divisas.
Lula no figura entre los acusados, y el vínculo que más podía aproximarse al ex mandatario era el pago del PT a Mendonça.
El escándalo hizo tambalear en 2005 al gobierno de Lula y desmembró su partido, aunque el ex mandatario consiguió mantenerse al margen, fue reelecto en las presidenciales de 2006 y gobernó hasta fines de 2010.
Los jueces de la Corte Suprema pretendían terminar el juicio este jueves, aunque el desarrollo de la sesión del martes reveló la dificultad de tal objetivo, cuando hay que definir sentencias para los 25 considerados culpables.
Los condenados no irían a la cárcel inmediatamente a raíz de la burocracia judicial, pero la expectativa por la definición de penas es grande en un país en el que los políticos acusados de corrupción raramente van a prisión.