Internacional
Atropella el gobierno venezolano al sector naviero
La medida es indebida porque viola los derechos a la propiedad consagrados en la Constitución; ilegítima, porque a esa compañía se le negó de forma permanente el acceso a divisas
CARACAS, VENEZUELA (06/OCT/2011).- La expropiación de la empresa Consolidada de Ferrys (Conferry) es un nuevo 'atropello' al sector privado por parte del gobierno venezolano, en particular al rubro naviero, afirmó hoy la economista Rocío Guijarro.
En diálogo con Notimex, la gerente general del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice) dijo que la medida se trata "de una apropiación indebida, ilegítima e inconveniente para los intereses nacionales'.
'La medida es indebida porque viola los derechos a la propiedad consagrados en nuestra Constitución y además ilegítima, porque a esa compañía, que ciertamente confrontaba problemas operativos, se le negó de forma permanente el acceso a divisas', dijo.
La analista agregó que la aprobación de dólares hubiera permitido a Conferry adquirir los repuestos necesarios para poner en funcionamiento las embarcaciones que durante varios meses estuvieron paradas porque las piezas de reposición no podían comprarse.
La también licenciada en Filosofía destacó que la medida es inconveniente porque 'el gobierno, en lugar de estar tratando de controlarlo todo, debería invertir esos recursos financieros en resolver algunos de los graves problemas del país'.
'Esta nueva expropiación aumenta la concentración económica del Estado, en medio de un cuadro en el cual el sector público ha demostrado una enorme incompetencia para mejorar el funcionamiento de las empresas que embarga o confisca', acotó Guijarro.
Advirtió que los problemas operativos que presenten las empresas particulares 'no se resuelven con la intervención arbitraria del gobierno y los atropellos a la propiedad privada'.
'Al Estado le corresponde crear y fomentar el ambiente propicio para que se de la competencia y se eleve la producción y la productividad. El gobierno, en vez de cumplir con esta obligación, se dedica a cercar cada vez más la iniciativa particular", destacó.
El ministro de Transporte y Comunicaciones, Francisco Garcés, se reunió el martes pasado con los propietarios de la empresa a fin de evaluar las condiciones de la flota y precisar el justo precio para la adquisición forzosa de la turística compañía naviera.
En diálogo con Notimex, la gerente general del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice) dijo que la medida se trata "de una apropiación indebida, ilegítima e inconveniente para los intereses nacionales'.
'La medida es indebida porque viola los derechos a la propiedad consagrados en nuestra Constitución y además ilegítima, porque a esa compañía, que ciertamente confrontaba problemas operativos, se le negó de forma permanente el acceso a divisas', dijo.
La analista agregó que la aprobación de dólares hubiera permitido a Conferry adquirir los repuestos necesarios para poner en funcionamiento las embarcaciones que durante varios meses estuvieron paradas porque las piezas de reposición no podían comprarse.
La también licenciada en Filosofía destacó que la medida es inconveniente porque 'el gobierno, en lugar de estar tratando de controlarlo todo, debería invertir esos recursos financieros en resolver algunos de los graves problemas del país'.
'Esta nueva expropiación aumenta la concentración económica del Estado, en medio de un cuadro en el cual el sector público ha demostrado una enorme incompetencia para mejorar el funcionamiento de las empresas que embarga o confisca', acotó Guijarro.
Advirtió que los problemas operativos que presenten las empresas particulares 'no se resuelven con la intervención arbitraria del gobierno y los atropellos a la propiedad privada'.
'Al Estado le corresponde crear y fomentar el ambiente propicio para que se de la competencia y se eleve la producción y la productividad. El gobierno, en vez de cumplir con esta obligación, se dedica a cercar cada vez más la iniciativa particular", destacó.
El ministro de Transporte y Comunicaciones, Francisco Garcés, se reunió el martes pasado con los propietarios de la empresa a fin de evaluar las condiciones de la flota y precisar el justo precio para la adquisición forzosa de la turística compañía naviera.