Toro de miura

El diputado que lo recordó no es otro que Mario di Costanzo, el experto financiero metido a legislador del Partido del Trabajo. Y ha sido éste mismo quien  ha advertido que  la “paga del crimen” estos días se bambolea como espada sobre la vida la República. Y Di Costanzo ha aventurado que “aun cuando se están tratando de vigilar las campañas políticas, no nos queda duda de que en 80% de ellas hay recursos involucrados del narcotráfico”. Apostilló: “En este país ya casi tres de cada cinco pesos de los que se encuentran en la economía formal, de alguna manera proceden de actividades que tuvieron que ver con el lavado de dinero”. El tema del “lavado” en México ha vuelto a resonar en el Congreso de la Unión, justo  a unos días de que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa  se reunió en el Alcázar de Chapultepec con un grupo de mexicanos cuyo común denominador ha sido el haber perdido violentamente a un ser querido, en la lucha que el Gobierno federal y narcotraficantes sostienen a rajatabla desde que comenzó el sexenio. Este lunes, en San Lázaro,  seguía hablándose de un hecho que aconteció en la reunión aquella de Chapultepec: la ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, a pesar de su ensalzado protagonismo de los últimos días. En la conversación con los dolientes aquellos, entre los cuales ha figurado Javier Sicilia, participaron al lado del Presidente Calderón los encargados de los despachos presidenciales de Gobernación, de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República.  Pero Cordero no, y, a querer o no, el Gobierno calderonista reselló el papel de “cuello de botella” que la Secretaría de Hacienda ha jugado estos años en el combate contra el crimen organizado. En las leyes en vigor, Hacienda es la única dependencia del Gobierno federal facultada para iniciar procesos en torno del “lavado”, incluso cuando, para ello, hay departamentos de la PGR y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con similares características para ello. Por Hacienda, recordaba ayer Di Costanzo, está el departamento conocido como Unidad de Inteligencia Financiera, a través de la cual sólo se han logrado en México procesos que derivaron en apenas  25 sentencias condenatorias en el lapso comprendido de 1989 a 2007. El mismo Di Costanzo ayer decía que ha sido la firma estadounidense No Money Laundering la que ha calculado que 5% del PIB en México es producto de lavado de dinero.  Y también cita a la DEA (cuerpo de Policía encargado de dar seguimiento al narcotráfico), en cuyo informe de 2009 “advierte que uno de los principales obstáculos para combatir a la delincuencia organizada y el lavado de dinero en México es la corrupción”. Un fenómeno, añade, que “también obstaculiza la reforma de las instituciones mexicanas”. Al margen de documentos y declaraciones, en la materia de combate al “lavado” desde el ámbito legislativo, sólo puede mirarse en puerta la minuta que el Senado aprobó en abril, y que actualmente está en la cancha de la Cámara de Diputados, para su refrendo. Ayer, Di Costanzo prometió presentar una iniciativa de reforma de leyes para combatir el lavado de dinero, ese flagelo que evidentemente se transfiguró en un toro de miura al que el Gobierno federal no quiere enfrentar.