Retorno al pasado

Lo ocurrido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus sesiones de Pleno de la presente semana —con relación a los casos Baja California y San Luis Potosí referidos al inicio de la vida y su protección desde su concepción—, muestra situaciones inéditas, así como otras que ya se creían superadas y pueden catalogarse como un retorno al pasado: Lo inédito tiene que ver con la abierta presión que se ejerció sobre sus 11 miembros para que no se lograra la requerida mayoría de ocho votos, tal como sucedió. Intervinieron y presionaron desde el Presidente de la República (al solicitarle el Senado la modificación de la cláusula de ratificación del Pacto de San José), hasta el Papa —según lo declarado por el obispo de Mexicali, quien dijo que a alguien le llamó y que eso “cambió todo”—, pasando por la primera dama y los grupos parlamentarios del PAN en la Cámara de Diputados y del Senado, que publicaron sendos desplegados para conminar a los ministros de la Corte a votar en contra del proyecto de resolución presentado por el ministro Fernando Franco. Que esto es símbolo de los nuevos tiempos y de las necesarias interacciones que caracterizan el proceso de toma de decisiones en las democracias contemporáneas, puede ser. Sin embargo, para que lo ocurrido no sea un negativo precedente sobre las decisiones autónomas de uno de los tres Poderes Públicos del Estado Mexicano, entonces lo que debemos esperar es que la Corte le dirija desplegados al Presidente de la República, a la Cámara de Diputados y a la de Senadores en la víspera de una decisión importante, y que su presidente le realice una llamada telefónica al Papa, previa a una de las sesiones del Colegio Cardenalicio. Si esto no llega a suceder, entonces sí que debemos preocuparnos, ya que si eso sucede con este caso ¿qué no ocurrirá con otros menores y la presión de otros actores? Lo que se creía superado era la politización de la Corte y la dependencia de sus ministros. Peor aún, quedó demostrado que la Corte no sólo está politizada —lo que en cierta forma es normal—, sino que sigue estando partidizada o corporativizada, tal como ocurría hasta antes de la reforma del 31 de diciembre de 1994: los grupos parlamentarios del PAN se encargaron de recordarle a sus ministros a quién le deben el cargo. Qué triste, la Corte está igual que el Consejo General del IFE: total y descaradamente partidizada. Lo sucedido y lo que se evidenció debe obligar al Constituyente Permanente a revisar el mecanismo de elección de los ministros de la Corte. Se pasó de depender del Presidente de la República a depender ahora de los partidos políticos y grupos de interés. Si de regresar al pasado se trata, vayamos mejor al siglo XIX y la Constitución de 1857, donde los ministros de la Corte se elegían por votación popular indirecta. De que dependan de los partidos a que dependan del pueblo, mejor que dependan del pueblo.