Política en la calle

El caos de ayer en el Centro de la ciudad pone una vez más sobre la mesa la eterna contradicción entre el derecho de manifestación y el libre tránsito. El derecho de unos y la afectación de muchos. El asunto no es sencillo, tan no lo es que llevamos años sin resolverlo. En parte porque no queremos tomar una decisión, pero también porque no hay un consenso claro. El derecho de manifestación ha sido históricamente una conquista de los más desprotegidos. Son ellos los que normalmente necesitan manifestarse para ser vistos, oídos y atendidos. Si los pobres de este país no se hubieran manifestado no habrían logrado muchas de las conquistas que hoy existen en lo laboral, en educación, en salud, en vivienda, etcétera. La manifestación es la forma de presión de los que no de otra manera no son escuchados por las autoridades, los que no tienen derecho de picaporte ni un compadre que trabaje en el gobierno. Desgraciadamente, los manifestantes saben que la velocidad de respuesta de las autoridades es directamente proporcional a la afectación que logren. Su lleve de entrada con las autoridades es el enojo de los afectados. Sin embargo, más allá de simpatías y antipatías frente a las causas de los manifestantes, que como todo en la vida nunca son químicamente puras, el derecho de los afectados existe y es tan importante como el de los otros. Por cada manifestante del día de ayer en el Centro podemos calcular mil afectados. La manifestación se hizo con la intención de afectar, y lo lograron: paralizaron durante cinco horas el Centro tapatío. ¿Cuál derecho debe tener primacía? No hay una visión única en estos temas. En las visiones más individualistas el derecho del afectado está por encima del derecho del manifestante. En Estados Unidos las manifestaciones están tan reguladas y acotadas que difícilmente afectan a terceros. En Francia, por el contrario, el derecho de manifestación es tan claro y aceptado por los ciudadanos que nadie se extraña de una huelga de transporte durante una semana con manifestaciones todos los días. No es que no se quejen o que no les afecte,  pero aceptan con toda naturalidad el derecho de un grupo a manifestarse en pos de conseguir mejores condiciones de vida. En la calle se hace la política y ahí se discuten los aumentos salariales. La sociedad mexicana es cada vez menos corporativa y la política se hace menos en las calles y más en las oficinas o cafés. Crece la visión individualista y en general la sociedad se ha hecho más intolerante a las manifestaciones. Hay una tendencia a criminalizar la protesta, no solo por parte de las autoridades, sino por la sociedad en general. Pero, mientras no existan salidas institucionales a demandas colectivas la calle seguirá siendo el espacio político de los más desprotegidos y, por supuesto, de quienes los lideran y muchas veces manipulan.