Nicolás Alvarado y la libertad de expresión
Debo admitir que me divertía escuchar a Nicolás Alvarado. Hace algunos años en la “dichosa palabra”, disfrutaba el programa y la erudición de los panelistas. También en Foro TV, el binomio que hacía con Julio Patán me gustaba. Siempre lo creí arrogante, sólo un ciego no se percata de esos desplantes despóticos que tiene de vez en vez, pero me parecía interesante como propuesta televisiva. Su renuncia a TV UNAM fue sólo el corolario de una salida que lucía inevitable. Desde su llegada, se apilaron las críticas a su nombramiento y, en muchas ocasiones, con sobradas razones.
Más allá de filias y fobias con el personaje, los comentarios elitistas de Nicolás Alvarado, realizados en su columna “no me gusta Juanga” que publicó en Milenio, nos colocan frente a tres debates que juzgo necesarios: ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión en una democracia? ¿Cómo debe enfrentar la democracia a los intolerantes, sean racistas, elitistas o homófobos, tolerando que se expresen o prohibiendo sus opiniones? Y, tercero, ¿Están los funcionarios públicos, los que reciben su sueldo de nuestros impuestos, obligados a mayor mesura y a defender ciertos valores que consideramos los adecuados para una sociedad abierta y plural?
En el primero de los debates, hay muchas opiniones. Los límites de la libertad de expresión nunca han sido claros, aunque casi todo el mundo asume que cualquier libertad debe tener fronteras. Algunos creen que tendría que ser el respeto a terceros; otros que es el compromiso con la veracidad, nadie tiene libertad a decir mentiras; hay quien creen que por razones de seguridad, y no falta quien considera que el límite es la vulneración de los valores democráticos de nuestra sociedad. O, la que a mí más me convence: el límite de la libertad de expresión es la protección de la democracia, que incluye la supervivencia de la libertad de expresión como valor constitutivo del sistema. ¿Se debe condenar a Alvarado por decirles nacos a Juan Gabriel y a sus simpatizantes? En mi opinión, sí es condenable; lo que no necesariamente amerita censura. Condenable porque Alvarado puede decir que no comparte el gusto por Juan Gabriel a través de múltiples conceptos, sin embargo utilizar la palabra naco es denigrante y discriminatoria. Lo mismo sucede con el famosos grito de “P…” en los estadios de futbol. Toda palabra, como lo sabe bien Alvarado, tiene una construcción histórica y la que él utilizó discrimina y agrede.
En el segundo de los debates, ¿Cómo enfrentar a los intolerantes que usan la discriminación como su forma de relacionarse con los demás? ¿Debemos censurarlos? ¿Sancionarlos? Considero que no. La intolerancia debe tener una respuesta pública contundente. Sin embargo, mandar a la clandestinidad ciertas opiniones, lo único que provoca es una especie de legitimación. La democracia es una arena de debate público, y dicho cuadrilátero no se puede desprender de los tabúes y estereotipos sociales. La intolerancia se convertirá en un problema residual si quien no comparten esas afirmaciones se comprometen con desmentirlas y defender el respeto y la sana convivencia.
Por último: ¿Nicolás Alvarado está obligado a ser más escrupuloso por estar al frente de una televisión pública, que se paga con nuestros impuestos? No me queda la menor duda. Los funcionarios públicos y los representantes populares no sólo están obligados a cumplir escrupulosamente las leyes, sino también a cierta ejemplaridad social. Lo público debe ser una arena de cambio, un espacio de transformación, por ningún motivo nuestros impuestos deben pagar el salario de un funcionario que reproduce con sus opiniones ciertos conceptos discriminatorios que imperan en el país. Ahí sí veo distancia entre lo que le podemos exigir a un medio privado, y lo que le debemos pedir a un medio de carácter público. La renuncia de Alvarado es prueba de que él mismo sabía que había cruzado una línea roja y dificilmente recuperaría su credibilidad.