Monterrey, un clamor a la responsabilidad compartida

La situación es en extremo preocupante y la verdad no es para menos. Los hechos acontecidos en Monterrey nos llevan a reflexionar, una vez más, en lo mucho que arrojamos culpas a diestra y siniestra sin ver que una enfermedad social como la que padecemos debiera entenderse como responsabilidad compartida. Ni duda cabe de que también vuelve a hacerse palpable la incapacidad de las distintas autoridades para coordinarse con eficacia y ello, ya con muchos ejemplos, se llega a transformar en la desgarradora realidad en la que viven grandes sectores de la población de nuestro país. Ya de nada valen las presunciones de que “aquí no pasa nada” puesto que quien podría pecar de tanta arrogancia como para aseverar sin temor a error que estamos a salvo de cualquier infortunio como el de nuestra hermana ciudad neolonesa, siempre tan ávida de progreso y ejemplo para el país entero por su esfuerzo, laboriosidad y empeño de superación. En cambio, parece que este tema, de nueva cuenta, se aprovecha para sacar raja política, en vez de verlo como la oportunidad de alcanzar una genuina alineación de intereses prioritarios de los poderes de Gobierno, en sus distintos niveles y, por supuesto, motivar  nuevas actitudes de los sectores empresarial, social, obrero ya que, en conjunto (gobierno y sociedad) se encontrarán las mejores soluciones. Pero, al margen de lo que hacen o dejan de hacer los gobernantes, ¿qué hacemos todos por encontrar el remedio a nuestros males sociales? Los empresarios de la industria de la construcción, por ejemplo, también debemos tomar conciencia de la experiencia sufrida en Monterrey (y otros casos muy sonados de tragedias en lugares públicos). En nuestra perspectiva y profesión, ¿estamos cumpliendo con la normatividad de las edificaciones de todo tipo? Hay muchas que requieren cumplir con condiciones de seguridad, salidas de emergencia, instalaciones especiales, etcétera, y sin embargo, a veces se eluden, se limitan o se disfrazan tan solo para obtener la consabida autorización. Claro que un punto fundamental estriba en demandar de la autoridad una acción firme y trascendente, ya no digamos exigir poner freno a la corrupción y la impunidad que continúan siendo causa y origen de muchas desgracias de  los mexicanos. El caso de Monterrey no fue la excepción y, tras el duelo nacional, hay que ponernos a analizar los verdaderos síntomas de lo que nos está pasando. La pobreza y la desigualdad no se resuelven con discursos políticos, hay que combatirla con acciones, como la generación de empleos y estos mejor remunerados, así de sencillo. De las penurias y la comparación nace muchas veces la desesperación que pasa al rencor social, y de ahí que no nos extrañe cómo se convierten quienes las sufren cada vez en más reclutas del crimen organizado, ahora incluso mujeres, jóvenes y hasta niños. No es remoto pensar en que el fenómeno lejos de aminorar se extiende, arrastra de manera inexorable hacia un caos impredecible al que no queremos llegar. Y, ante ello ¿quién puede sentirse totalmente excluido de culpa? Repudiar al crimen no lo es todo, tampoco es suficiente acusar al Gobierno de sus fallas, aunque ciertamente son múltiples y frecuentes. Una de ellas, por citarlo, es el evidente incremento del gasto corriente que conlleva la reducción de la inversión productiva, la que verdaderamente genera empleos. Pero igual de importante es aceptar lo que cada sector de la sociedad puede hacer para evitar que la debacle nos lleve eventualmente a un abismo. Hemos visto casi con pasividad en los años recientes cómo la lucha se ha tornado cada vez más cruenta, pero todo tiene su límite y lo acontecido en Monterrey llega al fondo, cala profundo en el ánimo general porque no es posible tolerar más, que la vida y la tranquilidad del ciudadano estén ya en juego, paradójicamente, como las fichas de cualquier casino. por Miguel Zárate (Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco)