Informar con responsabilidad
Las tendencias ciudadanas han tomado un rumbo irreversible que nos llevan a la participación social cada vez más cercana en las actividades de gobierno. Las experiencias de periodos anteriores nos han enseñado que mientras no tengamos confianza en las instituciones públicas, la interacción de todos en los asuntos públicos debe ser permanente.
Una forma sencilla, pero importante de colaboración es la comunicación, es mantenerse informado de lo que se hace y deja de hacer, de la revisión de lo ofertado y lo cumplido, de la aplicación, disciplina y eficiencia del desempeño de los funcionarios y representantes populares.
Desde la semana pasada hemos sido testigos de la presentación de los informes anuales de actividades de los presidentes de los municipios metropolitanos, seguramente también en estas fechas hicieron o harán lo propio los ayuntamientos del resto de la Entidad. Antes ya lo habían presentado diversos diputados locales, federales y algunos senadores.
Quizá porque para algunos de estos funcionarios no existe obligación normativa, al haber publicitado profusamente su informe, algunos han interpretado que pudiera haber un interés personal atribuido a una aspiración electoral; legitima sin duda, pero cuestionada por quienes interpretan que los actos de los informes se convierten en una magnífica oportunidad para promocionar su imagen.
Sin embargo, más allá de lo anterior, los informes significan acciones de información de las actividades de un representante popular o funcionario público; es una buena costumbre que no sólo debemos conservar, sino también convertir en una exigencia, que abone a la cultura de la legalidad, acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.
Comunicar a la ciudadanía acerca del uso apropiado de los recursos públicos, del avance de las obras y su culminación o de la participación social en la planificación del desarrollo de sus propias comunidades, son razones contundentes que justifican la existencia de los informes.
El problema viene cuando el gasto que representa la difusión de un informe es infinitamente superior al de su presentación, es decir, la utilización de los recursos públicos para darle publicidad excesiva a pocos logros magnificados con frases elaboradas que se complica más cuando se saturan los tiempos con mensajes de diversos personajes en los diferentes medios de comunicación masiva.
Informar a la sociedad cuando se tiene un cargo público además de ser una obligación legal para algunos, es necesario e indispensable para todos porque con ello se genera la confianza en la administración pública y se facilita el logro de objetivos comunes para el desarrollo del Estado, sin embargo es necesario hacerlo con conciencia y eficiencia para evitar el dispendio y derroche del erario.
El gobernado tiene derecho a conocer el trabajo de sus gobernantes y éstos la obligación de comunicarlo no exclusivamente porque exista un marco legal que así lo disponga, sino porque el ejercicio de informar también acerca al gobernante con la sociedad y porque le rinde cuentas de lo que ha hecho o dejado de hacer con los recursos que son de todos, y que en turno le ha tocado administrar.
Informar con responsabilidad también es un ejercicio de autocrítica donde debe reconocerse lo logrado y los retos por alcanzar. La sociedad, hoy más que nunca, exige honestidad y resultados, por ello, lo menos que los ciudadanos esperan de quien informa, es que tenga la capacidad de ofrecer buenas cuentas, pero también la humildad de reconocer los temas en los que ha sido difícil cumplir.
Los ciudadanos deben estar informados con toda oportunidad y transparencia de lo que hacen los gobernantes, y más cuando se trata de recursos del erario