Guarurismo

Uno de los efectos perversos de la inseguridad es la proliferación de guaruras, personas que cuidan a otras personas. En el ámbito privado traer protección es una decisión personal, totalmente válida, dentro de una serie de reglas y normas que tiene que poner el Estado, como qué armas tienen derecho a portar los guardias, qué tipo de certificación deben pasar, etcétera. Por supuesto que tener seguridad personal no le da ningún derecho adicional sobre el resto de los ciudadanos, es decir, no pueden ni deben cometer infracciones de tránsito o ser descorteses con el resto de los automovilistas, aunque hay algunos que se pintan solos.

Pero, cuando de trata de funcionarios públicos el tema es mucho más complejo. La discusión es si los funcionarios deben o no traer escoltas, o en todo caso quiénes sí, y cuál es el efecto de ello. De entrada hay que dejar claro que a diferencia de las personas que en el ámbito privado deciden traer escoltas, en el caso de los funcionarios públicos los guaruras los pagamos nosotros, es decir los contribuyentes, por lo que debe ser una discusión pública. No tengo duda de que el gobernador, los presidentes municipales, el fiscal y los jefes de las policías, por el tipo de trabajo que realizan, requieren de una protección por parte del Estado. Pero vemos que hay secretarios, diputados, magistrados, que traen seguridad y hasta camionetas blindadas sin que estén claros los criterios (porque no son todos) ni mucho menos el beneficio que eso trae.

Por supuesto el protegido se siente más seguro andando en la calle con guaruras, pero nada contribuye tanto a la percepción de inseguridad como el guarurismo. Los funcionarios suelen reclamar a los medios que el exceso de nota roja genera miedo entre la sociedad, lo cual es absolutamente cierto, pero ver a los funcionario públicos con guardias genera un doble problema de percepción: por un lado mandan el mensaje que la cosa está tan mal que hay que traer guardias personales porque el Estado no nos puede dar seguridad, y por otro, el mensaje es que ante la inseguridad ellos se protegen con nuestro dinero y que a los ciudadanos de a pie Dios nos agarre confesados (no es extraño pues que los choferes del camión quieran también su guardia personal)

El otro problema de la proliferación de guarurismo es el abuso de poder. Comienzan estacionándose en las banquetas (con la excusa de que el protegido merece cualquier cosa para estar seguro) y terminan amenazando a los ciudadanos que tienen la desdicha de cruzarse en su camino.

Entendiendo la preocupación que genera el asesinato de un diputado, la política de seguridad del Gobierno no puede ser protegerse ellos con el dinero de los ciudadanos. Pero sobre todo, si es inevitable hay que hacerlo con discreción y delicadeza (aunque me queda claro que estos son justamente antónimos de guarura) para no generar más inseguridad de la que ya existe.