Fideicomisos y OPDs del Gobierno
Los Fideicomisos y los Organismos Públicos Descentralizados son figuras jurídicas que utilizan los gobiernos federal, estatales y en algunos casos municipales, que se constituyen para dar cierta autonomía a programas educativos, de desarrollo e investigación.
El Gobierno Federal tiene 344 fideicomisos activos, de una lista de 614, que son conocidos como la caja chica de la que se dispone sin rendir cuentas claras que se hacen en forma extemporánea, según esto para guardar el secreto bancario y fiduciario. Estos fideicomisos fueron secretos hasta el año 2006 en que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) los dio a conocer en su página WEB, en donde se pueden consultar de 2006 a 2014; podrá observarse que el Gobierno ha ingresado un promedio de 200 mil millones de pesos cada año, sin que se sepa a ciencia cierta a dónde van ni de dónde vienen esos recursos. La Auditoría Superior de la Federación reporta cada año las irregularidades encontradas pero no se les da seguimiento ni se atiende a sus recomendaciones.
Los gobiernos estatales también están facultados para abrir fideicomisos y así se multiplican las cajas chicas opacas. Se puede abrir fideicomisos para cualquier fin u objeto, como por ejemplo, para apoyo a las víctimas del delito. FONATUR Fondo Nacional de Turismo es uno de los más importantes. Los hay para fines tan disímbolos como para construir carreteras, rescatar a los braceros, ayuda a víctimas de la Guardería ABC, para buscar desaparecidos, para fines específicos temporales como el de las fiestas del Bicentenario que ya aparece como liquidado en ceros. También se crean fideicomisos para traspasar excedentes de partidas presupuestales que no utilizaron; así se evita devolverlas a la Tesorería de la Federación. Los fondos acumulados en estos 344 fideicomisos activos ascienden a alrededor de dos billones de pesos.
En cuanto a los organismos públicos descentralizados (OPD), son aquellas entidades económicas que no dependen jerárquicamente del Gobierno central, que tienen facultades autónomas aunque funcionan en el ámbito oficial dado que los principales directivos son designados por el Ejecutivo o el Congreso y funcionan con recursos públicos, aunque hay algunos que tienen sus propias fuentes de ingresos como Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). Se constituyen con la finalidad de prestar un servicio social o público, para acometer áreas estratégicas; para aplicar recursos con finalidades de asistencia social. Aunque están vigilados por los organismos federales de fiscalización, tienen autonomía para manejar sus recursos propios y se prestan a desmanes y abusos del uso de los recursos, adquiriendo vehículos de lujo y hasta helicópteros para comodidad de sus ejecutivos; se hacen gastos de viaje dispendiosos pagando con dinero de sus fondos vacaciones familiares al extranjero y destinando partidas importantes para atención de invitados, que por lo general son funcionarios de otras dependencias que van con o sin asunto oficial específico.
En Jalisco tenemos 152 OPDs, entre los que se encuentran centros de estudios como CONALEP, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Agua, el Comité para el Servicio Social de Carrera de Seguridad Pública, el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (CESJAL); el SIAPA que ya fue objeto de multimillonario fraude cuyo monto total aún no se determina; el Hospital Civil y la Universidad de Guadalajara, entre otros.