Despolitizar el juicio político
Ayer nos enteramos de que los diputados del Congreso del Estado (nótese que no le puse H.) exoneraron de responsabilidad en los juicios políticos que se les seguían a 25 funcionarios o ex funcionarios. El que eso ocurra ya no es sorpresa y es algo que era de esperarse y a lo que los ciudadanos ya estamos acostumbrados. Lo que sí es noticia es lo burdo y descarado de las resoluciones y las incongruencias que entre lo que se dice y se hace mostraron algunos diputados y sus grupos parlamentarios.
Para que no hubiera posibilidad de que no se cumplieran los acuerdos, en la misma sesión en la que se resolvió lo de los juicios políticos se aprobaron las cuentas públicas de 49 ayuntamientos: 22 del PAN, 21 del PRI, cuatro del PRD y dos de otros partidos. Así, los diputados de estos partidos, más los del Movimiento Ciudadano, acordaron exonerar al auditor superior del Estado y éste, en agradecimiento, mandó “limpias” para ser votadas las cuentas públicas de municipios gobernados por esos partidos.
Es absurdo que los diputados no hayan visto ninguna irregularidad ni afectación de los intereses públicos por los diputados de la anterior legislatura, el auditor superior del Estado y el director del CAPECE cuando en diversos medios de comunicación se ha documentado profusamente la forma indebida en que ejercieron el cargo. En cambio, aprobaron fincarles responsabilidades a los munícipes del anterior Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, por haber impedido que un regidor que había solicitado licencia reasumiera el cargo.
Lo anterior viene a dejar al descubierto la inefectividad de esta figura establecida para castigar a los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Para decirlo en términos simples y llanos: el problema del juicio político es que es político y no apartidista o jurisdiccional.
El tema nos conecta con el régimen de responsabilidades de los servidores públicos; en donde, como sabemos, existen tres tipos de responsabilidades: la política (a través del juicio político), la penal (mediante el desafuero o declaración de procedencia) y la administrativa (que se aplica por el superior jerárquico e implica sanciones administrativas de tipo laboral). Sin embargo, este sistema, más que ser de responsabilidades, más bien es el régimen de impunidades de los servidores públicos. Veamos:
La ineficacia del juicio político radica en que los que castigan a los funcionarios que pertenecen a un partido político son diputados miembros de partidos políticos; en la declaración de procedencia (además de lo anterior) el fuero de que gozan los funcionarios impide o dificulta poner a disposición de la justicia a quienes hayan cometido delitos; y en la responsabilidad administrativa, su inaplicabilidad en los funcionarios de elección popular por no tener estos superior jerárquico que los pueda sancionar.
En el caso del juicio político, para que funcione se requiere que el órgano sancionador no esté integrado por políticos, sino por profesionales del derecho y ciudadanos sin partido, en cuya integración intervengan los poderes Legislativo y Judicial así como las universidades. ¿Hasta cuándo?