Costosas urnas electrónicas

Gastamos más energía y recursos económicos que cualquier país de los denominados emergentes en elegir a nuestros gobernantes y legisladores. La impunidad y la corrupción, rasgos definitorios de la cultura mexicana, son un problema de raíz tan profunda que se manifiestan en todos los ámbitos de la vida pública, incluidas las elecciones, y a pesar de las reformas electorales, se fortalecen en lugar de debilitarse. La prueba más extendida y ultradocumentada son los procesos electorales que desde el más pequeño municipio hasta la elección presidencial, dejan siempre un rastro de sospecha por uso indebido de recursos públicos y privados, abuso de los tiempos de campaña (y precampaña) o actuación de los responsables de organizar la elección. Es tan difícil que alguien sea condenado por un delito electoral, que los involucrados en campañas y elecciones caen en prácticas extremas sin el menor freno; no temen a un castigo, temen a perder la elección. Por otra parte, la falta de maduración del sistema democrático mexicano y el larguísimo paréntesis histórico que se abrió para terminar de modelar un sistema presidencial no autoritario pero sí lo suficientemente fuerte como para ser eficiente, se conjugan para mantener atrapado al país en este callejón. Los mexicanos desconfiaron tanto de sus elecciones que ahora se entretienen en endurecer las reglas para evitar trampas… pero sin conseguirlo. Decía el abuelo: a todo se acostumbra uno, menos a no comer. Y los mexicanos se acostumbraron a esto: a que las elecciones nunca acaban, porque termina una y ya se está maquinando la que sigue; a que si una reforma obstaculiza por el flanco derecho el acceso al poder, quedará en el izquierdo el resquicio necesario para colarse; a prometer cosas imposibles para ganar votos y echarle la culpa a las externalidades por no cumplirlas; a considerar el período de una administración o una legislatura no una oportunidad de crecimiento y cambio para fortalecer a la sociedad, sino el tiempo estrictamente necesario para llegar a la siguiente elección, con la mayor ventaja posible para garantizar el triunfo. Y en este acostumbrarse, los más vivos hallaron la oportunidad de hacer negocio, de lucrar. ¿Cómo no? Sólo el Instituto Federal Electoral (IFE) pide más de 10 mil 600 millones de pesos para el año 2012, año de elecciones. Esa cantidad de dinero va a algún lado. En Jalisco pasa lo mismo. Sin discusión, sin consulta, el gobernador Emilio González Márquez autorizó un incremento de 123 millones de pesos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para comprar 10 mil 400 urnas electrónicas. Hay una licitación en juego y si hay un comprador, habrá un vendedor. Habrá negocio. Se trata de otra vuelta a lo mismo: más dinero público para elecciones, porque las urnas, afirman en el IEPC, garantizarán una elección democrática y apegada a la ley en Jalisco. Nomás por no dejar: ¿Es necesario ahora comprar urnas electrónicas? ¿Si o no, y por qué?