Con vocación para destruir

Arcediano La llamada “más grande obra pública” del gobernador Francisco Javier Ramírez Acuña, publicitada desde el primer día de su mandato, 2001-2007, conocida como Presa de Arcediano, no sólo nunca se construyó luego de invertir más de 700 millones de pesos en su preparación, sino que “se llevó entre las patas” al Puente de Arcediano, primero en su tipo en el país y uno de los iconos más representativos del patrimonio cultural del Occidente de México. El proyecto estaba fundado, en el discurso oficial, sobre la necesidad de proveer de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), mientras el discurso real daba muestras de estrategias financieras con base en inmobiliarias residenciales. Otro caso del sexenio menos sonado en las cuentas bancarias, pero igualmente devastador para el patrimonio cultual fue el estilo estulticio de la secretaria de Cultura, Sofía González Luna, al remodelar el Teatro Degollado sin más guía que la de su gusto y moral personales, por lo que cambió las butacas “por otras más bonitas” y puso puertas a los baños con mingitorios “para evitar la tentación de los mirones”. Extremo del estilo personal de remodelar es el “chabacano” cambio de pintura que costó la vida de un trabajador en la máxima altura del arco central del teatro. Mezcala Algo se tenía que hacer para celebrar el Bicentenario de la Independencia y nada mejor que intervenir la Isla de Mezcala, en Poncitlán, que junto con el Puente de Calderón (en Zapotlanejo) aparecía en los intereses del gobernador Emilio González Márquez, preocupado por hacer presente una vocación de gobierno incrustada en el biografismo sacerdotal, y Mezcala se pintaba de la mano del padre Marcos Castellanos. El plan venía desde la autoridad antecesora y vio actos concretos a partir de 2007, donde desde un inicio, ante las previsibles condiciones protectoras de patrimonio por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la consigna oficial fue “más vale pedir perdón que permiso”. Los arqueólogos, contratados por la Secretaría de Cultura, reportaban informes a esta dependencia omitiendo a la delegación del INAH que, si bien se enteró del proceso, nunca fue considerada en la toma de decisiones. Desde la demolición de la estructura que formaba parte de la defensa del fuerte, hasta el enjarre y reconstrucción de elementos significativos quedó registrado, fuera de la anuencia de los especialistas. El INAH Jalisco en su momento informó a México que “se están tomando decisiones al margen de las condiciones técnicas e históricas”; a lo que INAH México guardó silencio cómplice o por inoperancia. El destrozo lo conocemos todos, vergonzoso y doloroso para todos, principalmente para los habitantes de la isla. Wirikuta La ambición de funcionarios corruptos e irresponsables es la causa de que se encuentren a punto de la destrucción las zonas sagradas de la cultura wixárika. Pese a la existencia del Pacto de Hauxa Manaka’a, firmado por el presidente Felipe Calderón el 28 de abril de 2008, y por los gobernadores de Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí que se comprometieron a preservar los lugares sagrados y el desarrollo de esta cultura natural de México y asentada en parte de Jalisco. Esta misma zona a la que hoy, los firmantes, permiten la invasión de empresas transnacionales que enclavan ahí su maquinaria con la finalidad de explotar el oro y la plata. La destrucción que hizo Alfonso Petersen en el corazón de Guadalajara es un acto de corrupción que merece ser tratado aparte. Y en el que se guardan esperanzas de una sedienta justicia ciudadana.