Casus belli
Como se dijo en este espacio, la crisis de Iguala venía en dos fases: antes de saber del destino de los 43 normalistas desaparecidos, y después. También que la segunda sería la más violenta y compleja. Por desgracia, ante la muy plausible y verosímil versión de la PGR de su asesinato a sangre fría y posterior calcinación, ya nos encontramos en ella.
Robos, incendios y destrucción de propiedades públicas y privadas, agresiones físicas a terceros y reporteros, interrupciones arbitrarias a la circulación en calles y carreteras, ataques virulentos y secuestros de las policías, etcétera, hoy son cosa de todos los días. Y aun cuando se les pretenda minimizar a estas acciones con eufemismos, —ellos no secuestran personas, las retienen; no atacan, se defienden; no roban, expropian; ni destruyen, sino que remodelan inmuebles y automóviles— se trata de evidentes delitos y demás infracciones.
¿Pero qué no siempre han actuado así los grupos radicales (asociados a las guerrillas y en algunos casos a la delincuencia organizada) que se oponen con fiereza a la reforma educativa? Su actuar no es nuevo, basta con recordar que los mismos normalistas de Ayotzinapa prendieron fuego a una gasolinera en Chilpancingo, donde falleciera su operario Gonzalo Miguel Rivas Cámara, muerte hasta la fecha impune. La diferencia está en que ahora poseen una “casus belli”, es decir, un hecho que es usado para justificar una guerra. Y ese hecho es la tragedia que tiene al Gobierno federal contra las cuerdas dejando que todo pase.
Se trata de usar como pretexto la desgracia. De otra manera no se explica la acusación de que los hechos representan “un crimen de Estado” deliberado cuyo siniestro organizador y total responsable resulta ser el Presidente, cuando en todo caso se trata de la ausencia de gobierno en sus tres niveles y errores de reacción, durante la verificación de la matanza y su manejo político posterior y actual. Y es esa acusación que exige la salida del Presidente, la que no está permitiendo apuntar hacia el esclarecimiento por ejemplo de la efectiva responsabilidad de su gabinete en cuanto a la falta de predicibilidad vía inteligencia y de inacción del Ejército y la Policía Federal durante los actos criminales.
¿Hacia dónde van las protestas? La mayoría: aquellos cuya justificada indignación los motivan legítimamente a salir a protestar y lo hacen de manera pacífica. Y aquellos que bajo el manto protector de la “casus belli” pretenden echar para atrás la reforma educativa y de paso si se puede derrocar al gobierno, necesariamente apelando a la violencia, para colocar uno “revolucionario”. Y si el gobierno, afectado además recientemente en su principal liderazgo por la revelación de la adquisición de la llamada “Casa Blanca” por la primera dama (adquisición que entre más se explica más levanta sospechas), sigue sin tratar este asunto como lo que es, una sublevación y no aclara de inmediato de manera fehaciente la regularidad en la compra de dicho inmueble, seguirá contra las cuerdas con el riesgo consiguiente de ser noqueado.