Economía
Recurriría Venezuela a Oferta Pública de Adquisición para Cemex
El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez ordenó la nacionalización de la cementera Cemex Venezuela, con capital mexicano
CARACAS.- El gobierno venezolano de
Hugo Chávez tiene la opción de culminar la nacionalización de
Cemex Venezuela por medio de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), afirmó el asesor financiero Ignacio de León.
En entrevista con Notimex, De León señaló que la OPA, como en el caso de las nacionalizaciones de la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV) y de Electricidad de Caracas (EDC) el año pasado, sería el mecanismo idóneo para que el gobierno adquiera Cemex.
El Estado venezolano garantizó en su momento que, al igual que al adquirir CANTV y EDC, buscará que los procesos de nacionalización de las cementeras sean transparentes y apegados a la legalidad, protegiendo los intereses de la nación y de los pequeños accionistas.
El analista minimizó los posibles efectos negativos que tendría en el proceso de negociación entre el gobierno y la cementera de capital mexicano un procedimiento administrativo abierto en contra de la firma, por la venta de algunos de sus activos.
Aunque dijo desconocer los términos del procedimiento, que lleva a cabo la Comisión Nacional de Valores (CNV), De León consideró la factibilidad de que se resuelva con 'una acción administrativa contra la empresa y probablemente una multa'.
En su página web, la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) indicó que recibió un comunicado de la CNV para informarle que abrió dicho procedimiento contra la filial venezolana de la tercera mayor cementera mundial.
El procedimiento se debe a un 'presunto incumplimiento de los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales, relativos a las normas de transparencia', en relación a la venta de activos de sus subsidiarias en el exterior por 215 millones de dólares.
El asesor financiero Orlando Alvarez, por su parte, desestimó que el gobierno venezolano pretenda utilizar el recurso de declarar a Cemex 'de utilidad pública' y confiscarla sin indemnización alguna.
Ambos economistas destacaron que el Estado cuenta con suficiente flujo de caja para adquirir Cemex Venezuela, así como a la francesa Lafarge y la suiza Holcim, que hasta abril dominaban 93 por ciento del mercado local de cemento.
Alvarez, vicepresidente de la consultora financiera y legal Acosta, Alvarez y Asociados, destacó que el gobierno buscará reducir al máximo el precio de compra, pero evitando dar al mundo y sobre todo a Estados Unidos un mensaje de conflictividad.
Desde abril pasado, una comisión gubernamental negocia la adquisición de las cementeras, a las que el presidente venezolano Hugo Chávez ofreció adquirir al menos 60 por ciento de su capital accionario.
El Tribunal Supremo de Justicia declaró constitucional un decreto ley que establece la creación de una comisión técnica con representantes del Estado y de las empresas afectadas para acordar un precio justo por al menos el 60 por ciento de acciones.
La producción de cemento en Venezuela se ubicó en 2007 en 10.2 millones de toneladas métricas, de las que Cemex aportó 50 por ciento, poco más de 20 por ciento de Holcim y Lafarge, y el resto a pequeñas empresas nacionales.
De esa producción, la mayor parte se vende en el mercado venezolano y el resto se exporta principalmente a Centroamérica y Estados Unidos.
De León calculó que el gobierno venezolano tendría que pagar entre 900 y mil 100 millones de dólares a Cemex por las tres plantas que posee en el quinto país productor mundial de petróleo, en las que laboran unas tres mil personas.
En el proceso de nacionalización de empresas destacan las acciones ejercidas en el sector petrolero, que han implicado el incremento de la participación de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en las diferentes áreas de la actividad económica del país.
Por la empresa telefónica, el gobierno pagó mil 300 millones de dólares, mientras que por la empresa de electricidad canceló 740 millones de dólares.
En entrevista con Notimex, De León señaló que la OPA, como en el caso de las nacionalizaciones de la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV) y de Electricidad de Caracas (EDC) el año pasado, sería el mecanismo idóneo para que el gobierno adquiera Cemex.
El Estado venezolano garantizó en su momento que, al igual que al adquirir CANTV y EDC, buscará que los procesos de nacionalización de las cementeras sean transparentes y apegados a la legalidad, protegiendo los intereses de la nación y de los pequeños accionistas.
El analista minimizó los posibles efectos negativos que tendría en el proceso de negociación entre el gobierno y la cementera de capital mexicano un procedimiento administrativo abierto en contra de la firma, por la venta de algunos de sus activos.
Aunque dijo desconocer los términos del procedimiento, que lleva a cabo la Comisión Nacional de Valores (CNV), De León consideró la factibilidad de que se resuelva con 'una acción administrativa contra la empresa y probablemente una multa'.
En su página web, la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) indicó que recibió un comunicado de la CNV para informarle que abrió dicho procedimiento contra la filial venezolana de la tercera mayor cementera mundial.
El procedimiento se debe a un 'presunto incumplimiento de los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales, relativos a las normas de transparencia', en relación a la venta de activos de sus subsidiarias en el exterior por 215 millones de dólares.
El asesor financiero Orlando Alvarez, por su parte, desestimó que el gobierno venezolano pretenda utilizar el recurso de declarar a Cemex 'de utilidad pública' y confiscarla sin indemnización alguna.
Ambos economistas destacaron que el Estado cuenta con suficiente flujo de caja para adquirir Cemex Venezuela, así como a la francesa Lafarge y la suiza Holcim, que hasta abril dominaban 93 por ciento del mercado local de cemento.
Alvarez, vicepresidente de la consultora financiera y legal Acosta, Alvarez y Asociados, destacó que el gobierno buscará reducir al máximo el precio de compra, pero evitando dar al mundo y sobre todo a Estados Unidos un mensaje de conflictividad.
Desde abril pasado, una comisión gubernamental negocia la adquisición de las cementeras, a las que el presidente venezolano Hugo Chávez ofreció adquirir al menos 60 por ciento de su capital accionario.
El Tribunal Supremo de Justicia declaró constitucional un decreto ley que establece la creación de una comisión técnica con representantes del Estado y de las empresas afectadas para acordar un precio justo por al menos el 60 por ciento de acciones.
La producción de cemento en Venezuela se ubicó en 2007 en 10.2 millones de toneladas métricas, de las que Cemex aportó 50 por ciento, poco más de 20 por ciento de Holcim y Lafarge, y el resto a pequeñas empresas nacionales.
De esa producción, la mayor parte se vende en el mercado venezolano y el resto se exporta principalmente a Centroamérica y Estados Unidos.
De León calculó que el gobierno venezolano tendría que pagar entre 900 y mil 100 millones de dólares a Cemex por las tres plantas que posee en el quinto país productor mundial de petróleo, en las que laboran unas tres mil personas.
En el proceso de nacionalización de empresas destacan las acciones ejercidas en el sector petrolero, que han implicado el incremento de la participación de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en las diferentes áreas de la actividad económica del país.
Por la empresa telefónica, el gobierno pagó mil 300 millones de dólares, mientras que por la empresa de electricidad canceló 740 millones de dólares.