Economía
La austeridad es leve en el sector público
El Programa Nacional de Reducción del Gasto Público resulta poco significativo para las aspiraciones de optimización de los recursos
CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) calificó como “poco significativo” al Programa Nacional de Reducción de Gasto Público dado a conocer por el Ejecutivo en días pasados, que busca ahorrar 40 mil 100 millones de pesos en el periodo 2010-2012.
Para el organismo, dependiente del Consejo Coordinador Empresarial, la relevancia del programa se reduce aún más cuando se supone que en los últimos cinco años se han tenido ahorros por 145 mil millones de pesos, pero ello no se refleja en una reasignación eficiente hacia medidas que contribuyan a mejorar la situación del país.
Una reforma integral de las finanzas públicas es la solución que requiere el país porque, cuestiona, para qué entonces se quieren mayores recursos si se siguen dilapidando en cuestiones que sólo tienen efectos temporales, mientras que la economía sigue perdiendo terreno a nivel mundial.
El CEESP refiere que, según las autoridades, el monto de ahorros que plantea lograr el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, anunciado la semana pasada representa un “esfuerzo gigantesco”. Esta opinión, señala, responde a la forma en que se intenta dimensionar el esfuerzo, pues se señala que este ahorro equivale a más de cuatro veces el presupuesto del Poder Legislativo y supera el del Poder Judicial, entre otros ejemplos.
Sin embargo, esta comparación sobreestima el esfuerzo, ya que se hace entre una cifra acumulada para tres años contra la de un solo ejercicio fiscal, precisa el órgano de investigación. Es decir, explica, si la suma de los ahorros abarca el periodo 2010-2012, se infiere que la cifra anual sería de 13 mil 367 millones de pesos, lo que propicia que las equivalencias mencionadas se reduzcan de manera significativa.
Por ejemplo, este monto sólo representa casi la tercera parte del gasto del Poder Judicial. Además, si esta cifra se compara con el gasto total del sector público, sólo representa 0.4 por ciento.
El Programa también señala que esto garantiza la continuidad del esfuerzo para contener el gasto gubernamental, ya que entre 2006 y 2010 se redujo en 72 mil 600 millones de pesos (a precios de 2010) en servicios personales y el gasto de operación y administrativo de las dependencias y entidades.
No obstante, esta comparación también parece no ser la más idónea, debido a que se hace respecto de lo aprobado en cada presupuesto anual, cuando los montos ejercidos siempre han sido mayores a eso. Sólo en el periodo 2006-2009 el rubro de servicios personales acumuló un incremento real de 9.0 por ciento.
“El hecho es que el programa es poco significativo, y su relevancia se reduce aún más cuando en un entorno en el que se supone se han tenido ahorros por cerca de 145 mil millones de pesos en los últimos cinco años, esto no se refleja en una reasignación eficiente hacia programas que contribuyan a mejorar la situación del país”, añade.
Austeridad, reflejo de los límites
Análisis de la noticia
José Luis de la Cruz Gallegos, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del ITESM
El programa de austeridad de 40 mil millones de pesos presentado por el Gobierno para lo que resta del sexenio proporciona indicios claros de la limitante que hay para redefinir sus funciones y gastos, sin alterar los compromisos políticos y financieros.
Se tiene que la cifra representa apenas 1.7% del gasto programable que se ejercerá en 2010. Dado que los 40 mil millones son para tres años, en realidad el esfuerzo oficial es de únicamente 0.55% anual, una proporción que en poco corresponde con la austeridad que la crisis y el alza de impuestos le ha cargado a la sociedad.
En segundo lugar, la cifra es claramente inferior a los 79.5 mil millones de pesos que en 2009 se presupuestaron para rubros como estímulos, bonos de productividad, antigüedad, puntualidad, asesorías, contrataciones a terceros, sobresueldos y una serie de compensaciones adicionales a las que deberían existir en el sector público.
De igual forma reflejan que se requiere una creciente participación de asesores, consultores y contratistas para las funciones que de inicio deberían estar adscritas a funcionarios contratados para dichos trabajos.
La revisión de un gasto corriente de 1.8 billones de pesos debió abrir la posibilidad a la aplicación de un programa de ajuste más trascendente. La limitante que tiene el Gobierno es que para ello debe redefinir su funcionamiento y orientación.
En primera instancia, es prioritario que tenga claro que el tamaño del sector público ya no es sustentable con los ingresos fiscales y petroleros que actualmente percibe, un hecho que debió ser asumido por el programa de austeridad.
El aumento de impuestos y de los precios de combustibles ha tratado de paliar esta situación, pero solamente lo hace a costa de la población y no de una corresponsabilidad oficial para limitar realmente sus gastos.
De la eficiencia se puede decir poco. No hay un programa de evaluación de las políticas públicas que pueda reflejarse en resultados palpables, como lo serían el crecimiento económico, la competitividad, la generación de empleo permanente bien remunerado o la reducción de la pobreza.
El problema de fondo es que el margen de negociación política es prácticamente nulo: el Gobierno difícilmente puede enfrentar las fricciones que implica el hecho de plantear una reducción sustancial del tamaño de sus secretarías y de los poderes fácticos que se han procreado en las mismas.
Igualmente, es evidente que para evitar el pago de sobresueldos y la contratación de asesorías es prioritario que todos los funcionarios públicos desempeñen los cargos para los que fueron empleados, en donde las actividades ajenas deben ser realizadas sin cargo al erario, tanto en costos como en tiempos. Esta propuesta también implica un intensa negociación y fricción, por lo que no se dará en el presente sexenio: los tiempos políticos se han adelantando y conjugado con un entorno de inestabilidad económica, social y de seguridad que al no atenderse de manera oportuna abrió demasiados frentes a la gestión de la actual administración, por lo que seguramente no se desea enfrentar un compromiso adicional, aunque el mismo sea prioritario para el país.
En este sentido, cambios como los de una ley que limite las prestaciones que reciben los funcionarios públicos y que las haga comparables a las que reciben los trabajadores en el sector privado (los que con sus impuestos pagan dichas prestaciones públicas) muy probablemente deberán esperar a que surjan nuevos liderazgos que puedan realizar las modificaciones al modelo económico y social que priva en el país.
No obstante, ello no debe limitar el análisis de la situación de México, porque las propuestas de los cambios que realmente incidirán en su progreso emanarán de la sociedad y no de un círculo de poder que ha contraído demasiados compromisos.
Para el organismo, dependiente del Consejo Coordinador Empresarial, la relevancia del programa se reduce aún más cuando se supone que en los últimos cinco años se han tenido ahorros por 145 mil millones de pesos, pero ello no se refleja en una reasignación eficiente hacia medidas que contribuyan a mejorar la situación del país.
Una reforma integral de las finanzas públicas es la solución que requiere el país porque, cuestiona, para qué entonces se quieren mayores recursos si se siguen dilapidando en cuestiones que sólo tienen efectos temporales, mientras que la economía sigue perdiendo terreno a nivel mundial.
El CEESP refiere que, según las autoridades, el monto de ahorros que plantea lograr el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, anunciado la semana pasada representa un “esfuerzo gigantesco”. Esta opinión, señala, responde a la forma en que se intenta dimensionar el esfuerzo, pues se señala que este ahorro equivale a más de cuatro veces el presupuesto del Poder Legislativo y supera el del Poder Judicial, entre otros ejemplos.
Sin embargo, esta comparación sobreestima el esfuerzo, ya que se hace entre una cifra acumulada para tres años contra la de un solo ejercicio fiscal, precisa el órgano de investigación. Es decir, explica, si la suma de los ahorros abarca el periodo 2010-2012, se infiere que la cifra anual sería de 13 mil 367 millones de pesos, lo que propicia que las equivalencias mencionadas se reduzcan de manera significativa.
Por ejemplo, este monto sólo representa casi la tercera parte del gasto del Poder Judicial. Además, si esta cifra se compara con el gasto total del sector público, sólo representa 0.4 por ciento.
El Programa también señala que esto garantiza la continuidad del esfuerzo para contener el gasto gubernamental, ya que entre 2006 y 2010 se redujo en 72 mil 600 millones de pesos (a precios de 2010) en servicios personales y el gasto de operación y administrativo de las dependencias y entidades.
No obstante, esta comparación también parece no ser la más idónea, debido a que se hace respecto de lo aprobado en cada presupuesto anual, cuando los montos ejercidos siempre han sido mayores a eso. Sólo en el periodo 2006-2009 el rubro de servicios personales acumuló un incremento real de 9.0 por ciento.
“El hecho es que el programa es poco significativo, y su relevancia se reduce aún más cuando en un entorno en el que se supone se han tenido ahorros por cerca de 145 mil millones de pesos en los últimos cinco años, esto no se refleja en una reasignación eficiente hacia programas que contribuyan a mejorar la situación del país”, añade.
Austeridad, reflejo de los límites
Análisis de la noticia
José Luis de la Cruz Gallegos, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del ITESM
El programa de austeridad de 40 mil millones de pesos presentado por el Gobierno para lo que resta del sexenio proporciona indicios claros de la limitante que hay para redefinir sus funciones y gastos, sin alterar los compromisos políticos y financieros.
Se tiene que la cifra representa apenas 1.7% del gasto programable que se ejercerá en 2010. Dado que los 40 mil millones son para tres años, en realidad el esfuerzo oficial es de únicamente 0.55% anual, una proporción que en poco corresponde con la austeridad que la crisis y el alza de impuestos le ha cargado a la sociedad.
En segundo lugar, la cifra es claramente inferior a los 79.5 mil millones de pesos que en 2009 se presupuestaron para rubros como estímulos, bonos de productividad, antigüedad, puntualidad, asesorías, contrataciones a terceros, sobresueldos y una serie de compensaciones adicionales a las que deberían existir en el sector público.
De igual forma reflejan que se requiere una creciente participación de asesores, consultores y contratistas para las funciones que de inicio deberían estar adscritas a funcionarios contratados para dichos trabajos.
La revisión de un gasto corriente de 1.8 billones de pesos debió abrir la posibilidad a la aplicación de un programa de ajuste más trascendente. La limitante que tiene el Gobierno es que para ello debe redefinir su funcionamiento y orientación.
En primera instancia, es prioritario que tenga claro que el tamaño del sector público ya no es sustentable con los ingresos fiscales y petroleros que actualmente percibe, un hecho que debió ser asumido por el programa de austeridad.
El aumento de impuestos y de los precios de combustibles ha tratado de paliar esta situación, pero solamente lo hace a costa de la población y no de una corresponsabilidad oficial para limitar realmente sus gastos.
De la eficiencia se puede decir poco. No hay un programa de evaluación de las políticas públicas que pueda reflejarse en resultados palpables, como lo serían el crecimiento económico, la competitividad, la generación de empleo permanente bien remunerado o la reducción de la pobreza.
El problema de fondo es que el margen de negociación política es prácticamente nulo: el Gobierno difícilmente puede enfrentar las fricciones que implica el hecho de plantear una reducción sustancial del tamaño de sus secretarías y de los poderes fácticos que se han procreado en las mismas.
Igualmente, es evidente que para evitar el pago de sobresueldos y la contratación de asesorías es prioritario que todos los funcionarios públicos desempeñen los cargos para los que fueron empleados, en donde las actividades ajenas deben ser realizadas sin cargo al erario, tanto en costos como en tiempos. Esta propuesta también implica un intensa negociación y fricción, por lo que no se dará en el presente sexenio: los tiempos políticos se han adelantando y conjugado con un entorno de inestabilidad económica, social y de seguridad que al no atenderse de manera oportuna abrió demasiados frentes a la gestión de la actual administración, por lo que seguramente no se desea enfrentar un compromiso adicional, aunque el mismo sea prioritario para el país.
En este sentido, cambios como los de una ley que limite las prestaciones que reciben los funcionarios públicos y que las haga comparables a las que reciben los trabajadores en el sector privado (los que con sus impuestos pagan dichas prestaciones públicas) muy probablemente deberán esperar a que surjan nuevos liderazgos que puedan realizar las modificaciones al modelo económico y social que priva en el país.
No obstante, ello no debe limitar el análisis de la situación de México, porque las propuestas de los cambios que realmente incidirán en su progreso emanarán de la sociedad y no de un círculo de poder que ha contraído demasiados compromisos.