Economía
La ONU cuestiona las medidas de austeridad en España
Para el organismo, las medidas son desproporcionadas pues perjudican el disfrute de sus derechos por las personas y los grupos desfavorecidos y marginados
GINEBRA, SUIZA (21/MAY/2012).- El Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que vigila el cumplimiento del pacto internacional en la materia, cuestionó por desproporcionadas las medidas adoptadas por el gobierno de España para enfrentar la crisis, en una resolución publicada este lunes en Ginebra.
Las medidas perjudican "de forma desproporcionada el disfrute de sus derechos por las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, especialmente los pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y los jóvenes desempleados, las personas mayores, los gitanos, los migrantes, y los solicitantes de asilo", enumera la resolución.
La ONU le pide en consecuencia a España "garantizar que todas las medidas de austeridad adoptadas identifiquen el contenido mínimo esencial de todos los derechos del Pacto, y tomar todas las medidas apropiadas para proteger este contenido esencial en cualquier circunstancia, especialmente para las personas y los grupos desfavorecidos y marginados", precisa la resolución.
El dictamen añade que observa "un disfrute dispar de estos derechos en las 17 comunidades autónomas", solicitando a España velar porque tales disparidades "en términos de inversión social y de los diferentes recortes realizados en los servicios públicos de bienestar social, no resulte en un disfrute inequitativo o discriminatorio de los derechos económicos, sociales y culturales".
Constituido por 18 expertos independientes de diferentes nacionalidades, este Comité se mostró "preocupado, particularmente en el contexto de la crisis económica y financiera, por el continuo incremento de las tasas de desempleo y del desempleo de larga duración que afectan negativamente a un porcentaje elevado de la población del Estado".
Para enfrentar la coyuntura, la ONU exhorta a España a "que refuerce sus programas y adopte estrategias con miras a reducir las tasa de desempleo y cumplir progresivamente con el pleno disfrute del derecho al trabajo", y que las medidas de austeridad "sean en todos los casos temporales, proporcionales y no perjudiciales para los derechos económicos, sociales y culturales".
A la ONU le preocupa que en España "el 21,8% de la población vive aún por debajo del umbral de pobreza", que "el Salario Minimo Interprofesional (SMI) haya sido congelado desde el año 2011 a un valor que no permite un nivel de vida digno", y que la crisis económica y financiera haya puesto en peligro "la protección y promoción de la capacidad creativa e investigativa del Estado".
La ONU también expresó si inquietud de que "los niveles de pensión sean, en muchos casos, inferiores al nivel de subsistencia mínimo, poniendo a sus beneficiarios en riesgo de pobreza".
Ademas preocupa en la ONU "la situación" de quienes "se encuentran abrumados por los costes de la vivienda tras haber accedido a hipotecas de larga duración", ante lo cual propone "impulsar una reforma legislativa que faculte la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria, de modo que esta opción no dependa únicamente de la discrecionalidad" de los bancos.
La ONU constata que en España ocurren "desalojos forzosos sin las debidas garantías legales, sin que las personas afectadas sean consultadas previamente, y sin que se les ofrezca una alternativa de alojamiento o compensación".
La ONU aguarda que España adopte "una definición oficial de 'persona sin hogar', como base para para la recolección de datos desagregados sobre el número de personas sin vivienda, para poder evaluar la evolución del fenómeno y adoptar medidas".
La ONU concluye "que la educación ha sido uno de los sectores más afectados por los recortes en el presupuesto asignado tanto por el Estado central como por comunidades autónomas", y que el incremento de las tasas universitarias ponen en riesgo "el acceso de las personas y grupos desfavorecidos y marginados a la educación universitaria".
Las medidas perjudican "de forma desproporcionada el disfrute de sus derechos por las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, especialmente los pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y los jóvenes desempleados, las personas mayores, los gitanos, los migrantes, y los solicitantes de asilo", enumera la resolución.
La ONU le pide en consecuencia a España "garantizar que todas las medidas de austeridad adoptadas identifiquen el contenido mínimo esencial de todos los derechos del Pacto, y tomar todas las medidas apropiadas para proteger este contenido esencial en cualquier circunstancia, especialmente para las personas y los grupos desfavorecidos y marginados", precisa la resolución.
El dictamen añade que observa "un disfrute dispar de estos derechos en las 17 comunidades autónomas", solicitando a España velar porque tales disparidades "en términos de inversión social y de los diferentes recortes realizados en los servicios públicos de bienestar social, no resulte en un disfrute inequitativo o discriminatorio de los derechos económicos, sociales y culturales".
Constituido por 18 expertos independientes de diferentes nacionalidades, este Comité se mostró "preocupado, particularmente en el contexto de la crisis económica y financiera, por el continuo incremento de las tasas de desempleo y del desempleo de larga duración que afectan negativamente a un porcentaje elevado de la población del Estado".
Para enfrentar la coyuntura, la ONU exhorta a España a "que refuerce sus programas y adopte estrategias con miras a reducir las tasa de desempleo y cumplir progresivamente con el pleno disfrute del derecho al trabajo", y que las medidas de austeridad "sean en todos los casos temporales, proporcionales y no perjudiciales para los derechos económicos, sociales y culturales".
A la ONU le preocupa que en España "el 21,8% de la población vive aún por debajo del umbral de pobreza", que "el Salario Minimo Interprofesional (SMI) haya sido congelado desde el año 2011 a un valor que no permite un nivel de vida digno", y que la crisis económica y financiera haya puesto en peligro "la protección y promoción de la capacidad creativa e investigativa del Estado".
La ONU también expresó si inquietud de que "los niveles de pensión sean, en muchos casos, inferiores al nivel de subsistencia mínimo, poniendo a sus beneficiarios en riesgo de pobreza".
Ademas preocupa en la ONU "la situación" de quienes "se encuentran abrumados por los costes de la vivienda tras haber accedido a hipotecas de larga duración", ante lo cual propone "impulsar una reforma legislativa que faculte la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria, de modo que esta opción no dependa únicamente de la discrecionalidad" de los bancos.
La ONU constata que en España ocurren "desalojos forzosos sin las debidas garantías legales, sin que las personas afectadas sean consultadas previamente, y sin que se les ofrezca una alternativa de alojamiento o compensación".
La ONU aguarda que España adopte "una definición oficial de 'persona sin hogar', como base para para la recolección de datos desagregados sobre el número de personas sin vivienda, para poder evaluar la evolución del fenómeno y adoptar medidas".
La ONU concluye "que la educación ha sido uno de los sectores más afectados por los recortes en el presupuesto asignado tanto por el Estado central como por comunidades autónomas", y que el incremento de las tasas universitarias ponen en riesgo "el acceso de las personas y grupos desfavorecidos y marginados a la educación universitaria".