Economía
Capitán Astiz puede quedar libre pero bajo proceso de genocidio en Argentina
Astiz, está señalado como responsable de la detención ilegal de las religiosas francesas Leónie Duquet y Alice Domon
BUENOS AIRES, ARGENTINA. - La Justicia argentina ordenó liberar al ex marino de guerra Alfredo Astiz, alias ''Ángel rubio de la muerte'', entre otros oficiales acusados de crímenes de lesa humanidad en la dictadura (1976-1983), medida que fue considerada "una vergüenza" por la presidenta Cristina Kirchner.
El dictamen de un tribunal de Casación (alzada) se basa en que se excedió el plazo de dos años de detención sin sentencia firme, dijo una fuente judicial. Pero aún puede ser cancelado por una apelación fiscal o demorado por la necesidad de fijar cauciones que impidan eventuales fugas de los procesados, agregó.
"Esta medida avergüenza a la Argentina y a la humanidad. Es una perversidad del sistema, porque debería ser juzgado", dijo la presidenta en un acto en el Museo de la Memoria donde funcionó un centro de exterminio de prisioneros políticos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
El ex capitán Astiz y los otros oficiales deberán comparecer en juicio oral por el secuestro y desaparición de dos monjas francesas y decenas de disidentes políticos, entre ellos líderes de Madres de Plaza de Mayo.
La ESMA fue uno de los mayores centros clandestinos de tortura y exterminio de unos 5.000 prisioneros políticos del último régimen dictatorial, de los cuales sólo un centenar sobrevivió, y donde tenía su base de operaciones Astiz, entre otros miembros de escuadrones de la muerte.
"No creo violar las leyes al decir que espero que el propio sistema judicial lo repare (la orden de liberar) por el honor y la dignidad de todos los argentinos", dijo Kirchner.
El dictamen se conoció horas antes del acto en la ESMA donde la presidenta entregó premios de reconocimiento a la labor humanitaria del escritor e historiador Osvaldo Bayer y a Sara Rus, sobreviviente del campo de concentración nazi de Auschwitz y madre de un desaparecido.
El beneficio judicial alcanzó también a otro acusado de genocidio, Jorge ''El Tigre'' Acosta, uno de los más temibles carceleros, torturadores y jefe de escuadrones de la muerte, según los sobrevivientes.
"La libertad de los detenidos está por verse. Porque faltan los trámites de caución del juez de primera instancia. Y puede haber apelación", dijo el abogado de la querella Eduardo Barcesat a la televisión.
"Repudiamos esta decisión (judicial). Estamos hablando de hechos ocurridos hace más de 30 años y no tienen sentencia firme", dijo Graciela Rosenblum, familiar de víctimas y una de las querellantes en la causa.
Los marinos no recuperarán la libertad en forma inmediata, debido a que el juez Sergio Torres, que lleva la llamada Causa ESMA, debe fijarles caución juratoria para prevenir una eventual fuga.
Astiz, de 56 años, está señalado como responsable de la detención ilegal de las religiosas francesas Leónie Duquet y Alice Domon en diciembre de 1977.
Los restos de Duquet fueron sepultados en una ceremonia de homenaje en 2005, tras ser descubiertos en un cementerio público, donde habían sido inhumados clandestinamente tras aparecer su cadáver en la costa atlántica.
La Justicia determinó que Duquet fue arrojada viva al mar en uno de los llamados ''vuelos de la muerte'' de la dictadura, pero Domon sigue desaparecida.
La acusación contra Astiz y los oficiales de la marina también incluye el caso de secuestro y desaparición de ocho dirigentes humanitarios, incluyendo a Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo.
Astiz fue condenado en ausencia a prisión perpetua por la justicia de Francia en 1990 por el caso de las monjas, y por un tribunal de Roma en 2007 a raíz de la desaparición de ciudadanos italianos.
Otro caso que aún no pudo resolverse fue el del secuestro y desaparición de la adolescente sueca Dagmar Hagelin, a quien Astiz capturó al frente de uno de los llamados ''grupos de tareas''.
Unas 30 mil personas desaparecieron durante la dictadura argentina, según organismos humanitarios.
El dictamen de un tribunal de Casación (alzada) se basa en que se excedió el plazo de dos años de detención sin sentencia firme, dijo una fuente judicial. Pero aún puede ser cancelado por una apelación fiscal o demorado por la necesidad de fijar cauciones que impidan eventuales fugas de los procesados, agregó.
"Esta medida avergüenza a la Argentina y a la humanidad. Es una perversidad del sistema, porque debería ser juzgado", dijo la presidenta en un acto en el Museo de la Memoria donde funcionó un centro de exterminio de prisioneros políticos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
El ex capitán Astiz y los otros oficiales deberán comparecer en juicio oral por el secuestro y desaparición de dos monjas francesas y decenas de disidentes políticos, entre ellos líderes de Madres de Plaza de Mayo.
La ESMA fue uno de los mayores centros clandestinos de tortura y exterminio de unos 5.000 prisioneros políticos del último régimen dictatorial, de los cuales sólo un centenar sobrevivió, y donde tenía su base de operaciones Astiz, entre otros miembros de escuadrones de la muerte.
"No creo violar las leyes al decir que espero que el propio sistema judicial lo repare (la orden de liberar) por el honor y la dignidad de todos los argentinos", dijo Kirchner.
El dictamen se conoció horas antes del acto en la ESMA donde la presidenta entregó premios de reconocimiento a la labor humanitaria del escritor e historiador Osvaldo Bayer y a Sara Rus, sobreviviente del campo de concentración nazi de Auschwitz y madre de un desaparecido.
El beneficio judicial alcanzó también a otro acusado de genocidio, Jorge ''El Tigre'' Acosta, uno de los más temibles carceleros, torturadores y jefe de escuadrones de la muerte, según los sobrevivientes.
"La libertad de los detenidos está por verse. Porque faltan los trámites de caución del juez de primera instancia. Y puede haber apelación", dijo el abogado de la querella Eduardo Barcesat a la televisión.
"Repudiamos esta decisión (judicial). Estamos hablando de hechos ocurridos hace más de 30 años y no tienen sentencia firme", dijo Graciela Rosenblum, familiar de víctimas y una de las querellantes en la causa.
Los marinos no recuperarán la libertad en forma inmediata, debido a que el juez Sergio Torres, que lleva la llamada Causa ESMA, debe fijarles caución juratoria para prevenir una eventual fuga.
Astiz, de 56 años, está señalado como responsable de la detención ilegal de las religiosas francesas Leónie Duquet y Alice Domon en diciembre de 1977.
Los restos de Duquet fueron sepultados en una ceremonia de homenaje en 2005, tras ser descubiertos en un cementerio público, donde habían sido inhumados clandestinamente tras aparecer su cadáver en la costa atlántica.
La Justicia determinó que Duquet fue arrojada viva al mar en uno de los llamados ''vuelos de la muerte'' de la dictadura, pero Domon sigue desaparecida.
La acusación contra Astiz y los oficiales de la marina también incluye el caso de secuestro y desaparición de ocho dirigentes humanitarios, incluyendo a Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo.
Astiz fue condenado en ausencia a prisión perpetua por la justicia de Francia en 1990 por el caso de las monjas, y por un tribunal de Roma en 2007 a raíz de la desaparición de ciudadanos italianos.
Otro caso que aún no pudo resolverse fue el del secuestro y desaparición de la adolescente sueca Dagmar Hagelin, a quien Astiz capturó al frente de uno de los llamados ''grupos de tareas''.
Unas 30 mil personas desaparecieron durante la dictadura argentina, según organismos humanitarios.