Gerardo Octavio Solís Gómez fue ratificado por el pleno del Congreso de Jalisco para encabezar la Fiscalía General a partir del primer minuto de mañana. El nombramiento se avaló con 32 votos a favor y seis en contra (de los diputados de Morena).Mientras estudios y expertos cuestionan el rezago en el Ministerio Público en Jalisco, Solís Gómez afirmó que impulsará una depuración para recuperar la eficiencia en todas las áreas de procuración de justicia. Argumentó que no será una “limpia” de personal sino una evaluación. Y durante su primer año se deberá concretar la depuración. El ex procurador reiteró que el saneamiento de la dependencia es clave para consolidar la autonomía. “Más que una ‘limpia’, quien no dé resultados se va a tener que retirar. El personal que haya trabajado duro, que tenga buenas cifras, que tenga en lo general un buen rendimiento probado y que se pueda demostrar, no tiene nada de qué preocuparse. El que no dio resultados, pues con permiso, son otros tiempos y la ciudadanía demanda”.Añadió que el rediseño de áreas iniciará en enero. Y se dijo abierto a establecer mesas de diálogo con el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción para impulsar los puntos de la plataforma Fiscalía Que Sirva Jalisco. Apoyó la integración de una contraloría ciudadana, aunque reconoció que, al no estar considerada en la Ley Orgánica de la Fiscalía, no sería vinculante.Luego de rendir protesta, acentuó que aún no presenta las pruebas de confianza federales, pues está a la espera que le dé fecha el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la República. Previo a la votación de la ratificación de Solís Gómez, el Legislativo dio cuenta de un oficio del Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza, que notificó los resultados del proceso de su evaluación aprobatoria.Bajo el modelo que sostuvo durante casi seis años, en los que concentró la seguridad pública y la procuración de justicia, la Fiscalía General del Estado (FGE) se mantuvo con malos resultados, al registrar indicadores bajos tanto en su estructura como en su operación.Por ejemplo, de acuerdo con los resultados del Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2018, la dependencia de Jalisco, en comparación con las del resto del país, se ubica en el último lugar de efectividad en la investigación de delitos en ambos sistemas: el tradicional y acusatorio, con apenas un 4.5 por ciento. En la probabilidad de esclarecimiento de éstos se localiza en los últimos tres lugares, con apenas 0.37 por ciento.Según el estudio de la organización Impunidad Cero, en la medida en que se mejore la efectividad de las investigaciones, crecerá la motivación por denunciar. Por ello, las políticas de investigación criminal y persecución del delito deben ir encaminadas a lograrlo.Otro de los indicadores en los que la Entidad se ubica en los últimos lugares es en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, con apenas una efectividad de 40.6 por ciento. Aunque este indicador es fundamental en la eficacia de la persecución penal se ubica en el lugar 27 a nivel nacional.Guillermo Zepeda Lecuona, autor del estudio e investigador del Colegio de Jalisco, destaca que la investigación es la razón de ser del Ministerio Público, pero de cada 20 carpetas de investigación que se realizan sólo una se resuelve. Y de cada nueve personas que las Policías municipales ponen a disposición del Ministerio Público solamente una llega ante el juez.Para el académico, las fallas obedecen a una mezcla de incompetencia y mala capacitación, así como de corrupción.De acuerdo con los resultados del Índice, de manera general, Jalisco subió seis posiciones en el último año al ubicarse en el lugar 19, ya que mejoró en algunos indicadores como es el presupuestal. Sin embargo, su avance obedece a que “otros Estados empeoraron más que Jalisco”.Los diputados locales también avalaron la nueva estructura del Gobierno del Estado que comenzará a operar a partir del jueves. Con ese visto bueno se da sustento jurídico a cuatro coordinaciones generales y a las nuevas secretarías. Además, siete Organismos Públicos Descentralizados desaparecieron. Para lograr que Jalisco mejore en procuración de justicia al implementar buenas prácticas, se requiere, primero, “limpiar” la casa y combatir la corrupción, destaca el investigador Guillermo Zepeda Lecuona.Para lograrlo es necesario hacer una depuración del personal que conforman las corporaciones de seguridad, aislar las áreas de contacto con la ciudadanía, que son donde mayor revictimización y donde mayor actos de corrupción se presentan.Además, es necesario que se den respuestas adecuadas a las víctimas en áreas tan sensibles como la de desaparecidos y, sobre todo, que sean efectivas.“Es cambiar el modelo de gestión para que sea transparente. No es un misterio: cuando hay una facultad discrecional que no se supervisa, siempre va a derivar hacia un acto de corrupción. (Se requiere) transparentar, supervisar los procedimientos, segmentarlos para que no haya una colusión de autoridades y cambiar el modelo de gestión”.Insiste en que se requiere adoptar las buenas prácticas para fortalecer la justicia alternativa, migrar de un sistema epistolar, a través de oficios de investigación, a una unidad de investigación donde los peritos y policías investigadores trabajen en equipo.“Deberían adoptar el análisis de información de las denuncias a través de la tramitación masiva de causas o de la unidad de investigación por imputados desconocidos que operan en Nuevo León. El gobernador electo (Enrique Alfaro) ha señalado que podría adoptar las buenas prácticas y quintuplicar en un año la efectividad de la procuraduría de Jalisco en la resolución de la investigación”.Comenta que, por ello, es necesario que en Jalisco se cuente con una Fiscalía General independiente, para que precisamente el fiscal tenga un perfil técnico, que no le deba su cargo a un grupo político y pueda trabajar sin influencia externa de algún otro Poder o entidad.Además, se deberá garantizar la autonomía interna para lograr la independencia de los agentes del Ministerio Público. Para eso deben trabajar en el servicio civil de carrera y en un sistema de incentivos, “que los agentes tengan estabilidad laboral, que no estén a merced de sus superiores, que de pronto un superior le pide que concluya la investigación en un sentido o en otro, que no dependa de ello su trabajo”.Acentúa injusto que haya nombramientos trimestrales de agentes de los Ministerios Públicos, pues les resta autonomía hacia el interior de la independencia.Rubén Ortega Montes subraya que es necesario que en Jalisco se garantice la autonomía del fiscal general, para que no tenga que responder a intereses de partido.A pesar de que al ex fiscal, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, contaba con una trayectoria policial y se le creó prácticamente una súper secretaría a medida, desde un principio, recuerda, los académicos señalaron que no daría resultados.En lugar de que la Fiscalía estuviera apegada a los protocolos de derechos humanos y el Nuevo Sistema de Justicia Penal se basaba en un modelo policial con la creación de la Fuerza Única de Jalisco.A la mitad de la administración, Nájera dejó de la Fiscalía. El académico recuerda que el modelo de operación cambió, pero no precisamente para bien, con la llegada de Eduardo Almaguer Ramírez, quien desde un principio se dedicó a construir su candidatura a la alcaldía de Guadalajara, “ni siquiera logró convencer al electorado”. Con los números y resultados tan “pobres” que están dejando, dice, es necesario que en Jalisco exista una Fiscalía autónoma. Espera que, a nivel nacional, Andrés Manuel López Obrador escuche a los organismos no gubernamentales y académicos para también darle independencia a la Fiscalía General de la República.Subraya que se debería crear un modelo como el de Colombia, donde los fiscales no pueden participar en ningún partido ni votar ni ser votados, pues son suspendidos sus derechos políticos: “Responden a la nación”.Aunque a nivel nacional el promedio de agentes del Ministerio Público pasó de 7.6 por cada 100 mil habitantes durante 2015 a 8.4 en 2016, Jalisco fue el único Estado que no presentó una variación al mantenerse con 4.5.El experto Guillermo Zepeda Lecuona reconoce que el Estado se encuentra a media tabla y es una de las Entidades que menos policías investigadores tiene.De acuerdo con la evaluación, en Jalisco se tienen 12.7 policías ministeriales por cada 100 mil habitantes, muy por debajo, por ejemplo, de la Ciudad de México, que cuenta con 34.2; Chihuahua, con 33.6, o Baja California, donde se tienen 33.4.“Son pocos los recursos dedicados a la investigación, que por eso se reflejan tan claramente en que sea el último lugar en investigaciones en el país. De cada 20 investigaciones solamente se resuelve una; es decir, tiene 5.4% de efectividad en la conclusión de investigaciones”.Destaca que este porcentaje de efectividad es por todas las vías, tanto las que se mandan a justicia alternativa, las que se llevan ante el juez, las que se sobreseen, en las que se declara un no ejercicio de la acción penal o en las que se aplica el criterio de oportunidad.Si bien Jalisco aumentó su presupuesto per cápita para la procuración de justicia penal, actualmente destina sólo 238 pesos, ubicándose en el lugar 21 a nivel nacional, por debajo de los más de 600 pesos que destinan la Ciudad de México y Nuevo León.“Como es de esperarse, los Estados que dedican pocos recursos humanos y financieros a la procuración de justicia imponen altas cargas de trabajo a sus Ministerios Públicos”, se destaca en el Índice.En éste se reporta que la carga de trabajo promedio por un agente de Ministerio Público estatal es de 172.2 carpetas de investigación, pero en Jalisco es de 298.9. Es de los Estados con mayor carga, sólo por debajo de Sonora, México, Puebla, Nuevo León y Baja California.Uno de los indicadores de operación en los que Jalisco mejoró, es en el de tiempo de espera de los denunciantes. El promedio nacional es de 134 minutos, mientras que en la Entidad es de 118.Otro rubro en el que Jalisco presenta un mejor desempeño es en el porcentaje de personas mayores de 18 años que respondieron que confían mucho en el Ministerio Público, con un 14%, cuando la media nacional es de 10 por ciento.El pleno del Congreso de Jalisco aprobó una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que concreta el “desmantelamiento” de la “súper” Fiscalía que operó en la administración del gobernador Aristóteles Sandoval: así se separa el área de procuración de justicia del mando de la Policía estatal.La iniciativa de ley presentada por diputados de Movimiento Ciudadano fue modificada previo a su votación para, entre otras cosas, desistirse de la intención de crear siete fiscalías especiales. Se optó por incluirlas en 11 direcciones generales. En ese nivel se ubicó el área de delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas. El Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción (CPS) recomendó no crear más Fiscalías especiales.Se descarta crear una Fiscalía especial para atender los casos de tortura y se da esta facultad a la Fiscalía de Derechos Humanos. La Fiscalía Central desaparece y se convierte en la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal. También se suprime la Fiscalía Especial para Adolescentes.Permanecen en la estructura la Fiscalía especial en Personas Desaparecidas y la Regional.El presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, Enrique Velázquez, sostuvo que la mayoría de las observaciones hechas por el CPS fueron atendidas. Destacó el caso de la autonomía a los agentes del MP.“La mayoría de los puntos que el Comité solicitó fue atendida. Sí consideramos que el Ministerio Público tenga independencia de investigación. El fiscal debe ser administrativo, el Ministerio Público debe ser operativo”. Subrayó que en la reforma amplían facultades a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para facilitar que solicite a las autoridades fiscales y administrativas la información que requiera para sus investigaciones, que pueda requerir a particulares información necesaria para sus pesquisas, ordenar el aseguramiento de bienes o promover actos de extinción de dominio.Se mantiene la autonomía técnica y administrativa, aunque presupuestalmente seguirá ligada a la Fiscalía General.Por su parte, el coordinador de la bancada de MC, Salvador Caro, argumentó que la autonomía al área de procuración de justicia no se puede aprobar a nivel estatal mientras no se concreten las reformas federales. Bruno Blancas Mercado, de la fracción de Morena, sostuvo que dieron su voto de confianza a la reorganización, a la espera de que se cumpla la promesa de que en máximo dos años se concretará la autonomía de la Fiscalía. Actualmente, en Jalisco sólo 2.6% de los asuntos que ingresan a la Fiscalía se resuelve a través de la justicia alternativa, por ello se requiere que se apueste por este modelo, destaca Zepeda Lecuona.Por ejemplo, Guanajuato tiene una cantidad similar de carga de trabajo a la de Jalisco, pero ellos resuelven 20% por esta vía. Otros Estados como Coahuila, Chihuahua y Nuevo León resuelven 15% a través de estos medios alternos.El experto considera que Jalisco tiene un gran potencial para mejorar en esta materia. Sobre todo que se adopten modelos de gestión más adecuados y modernos para dejar de investigar a través de oficios.Señala que, a través de éstos, se pide que se hagan diligencias e investigaciones, “y la respuesta les llega meses después. Muchas veces en el sentido negativo, de que no se pudo realizar, de que nadie conoce a esa persona”.Esto, mientras en otros Estados ya funcionan unidades de investigación con herramientas tecnológicas que permiten dar una respuesta rápida, adecuada y efectiva a los denunciantes, “y esclareciendo como en el caso de Guanajuato, el 50% de los asuntos”.Recuerda que en la Entidad ya se ha mostrado disposición por conocer cómo se encuentra Jalisco en los indicadores. Sin embargo, muchas de las buenas prácticas no se han podido implementar por falta de presupuesto.“Se han hecho esfuerzos. Soy optimista en el sentido de que me ha tocado documentar las buenas prácticas en otros Estados y éstas, además de dar buenos resultados, son más baratas que lo que tenemos. No hay nada más caro que lo que tenemos”.Enfatiza que la gente no confía en el sistema actual, en el que sólo se reportan alrededor de 9% de los delitos y sólo se inicia investigación en el 6% de éstos, “con eso alcanza para colapsar el sistema de justicia, porque por más dinero que le inyectemos a un sistema casi del siglo XIX, pues no va a ser suficiente”.Como ejemplo, cita los casos que se resuelven por justicia alternativa en Coahuila y en Baja California, en donde 90% de los involucrados da cumplimiento a los acuerdos reparatorios. En éstos, cada caso atendido por esta vía cuesta mil 566 pesos. En Jalisco, una carpeta de investigación, en promedio, cuesta 12 mil pesos.“No tiene punto de comparación, las buenas prácticas hacen un mejor uso de los recursos, modelos de gestión que permiten a un facilitador atender cuatro audiencias al día y, además, con buenos estándares, que hacen que siete de cada 10 personas que son invitadas a una audiencia de mediación sí acudan”.En Jalisco, de cada 10 asuntos sólo cuatro acuden a su audiencia; es decir, hay 60% de cancelación de audiencias porque no se hace una adecuada invitación a los justiciables. Insiste en que obedece a una mezcla de incompetencia y corrupción, porque hay muchos casos de accidentes de tránsito que llegan a juicio, cuando el MP los pudo canalizar a justicia alternativa. “Hay un sistema que aplica en siete Estados, como San Luis Potosí, Coahuila y Sonora, que se llama el sistema de tuberías, que es una persona externa, capacitada y con competencias para clasificar bien los delitos, en cuanto llegan a la barandilla”.
