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Jueves, 15 de Noviembre 2018
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Jalisco

Sin despegar, ley contra corrupción en obras públicas

Están pendientes dos puntos claves: los reglamentos estatal y municipales, así como las convocatorias para la designación de testigos sociales
 

El Informador

Avanza lenta la implementación de la nueva Ley de obra pública de Jalisco, que pretende erradicar la corrupción, tras escándalos como los protagonizados en 2016 en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, donde la entonces directora de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, María Luisa Martínez, fue acusada de pedir “moches” a constructores.

La reforma se aprobó desde noviembre pasado y entró en vigor el 30 de julio de este año, pero están pendientes dos puntos claves: los reglamentos estatal y municipales, así como las convocatorias para la designación de testigos sociales, nuevas figuras que vigilarán los procesos del Gobierno de Jalisco y de los 125 Ayuntamientos.

Aunque la legislación les concede prácticamente este año para realizar los ajustes y nombramientos, la entrega recepción de las administraciones afecta la implementación de la reforma. El Gobierno de Jalisco afirma que ya elabora el reglamento, pero no hay una fecha precisa para publicarlo. El mayor problema está en los Ayuntamientos, donde ni siquiera hay una fecha para elaborar y publicar sus reglamentaciones. Es más, Zapopan dice que la nueva ley no involucra los procesos municipales, sólo cuando hay recursos estatales.

Lento avance

La nueva Ley estatal de obra pública que pretende inhibir la corrupción en las adquisiciones o compras todavía no despega. A tres meses del fin de la administración estatal y un mes del cambio de Gobierno en los Ayuntamientos, todavía está pendiente la expedición de su reglamento y el nombramiento de los testigos sociales.

Esta reforma se aprobó desde noviembre pasado y entró en vigor el 30 de julio de este año. A diferencia de la legislación anterior, que sólo regulaba al Ejecutivo estatal y sus recursos, también aplicará para las obras que realicen los municipios con recursos propios. Sin embargo, el tema está congelado, por la falta de voluntad las administraciones salientes y el proceso de entrega recepción.

La nueva legislación contempla la creación de la figura de testigos sociales en todos los procesos de adjudicación de obra y que las empresas que estén en el padrón deberán tener una antigüedad mínima de tres años. Y se dará preferencia a constructoras locales, entre otros cambios.

De acuerdo con los artículos transitorios, el Ejecutivo estatal tiene 120 días, a partir de la entrada en vigor de la ley, para expedir las disposiciones reglamentarias correspondientes. Mientras que la Contraloría del Estado cuenta con 90 días para la integración y publicación del Registro Público de Testigos Sociales. Estos plazos se cumplen el 28 de noviembre y el 28 de octubre, respectivamente.

José Luis López, director de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, señala que trabajan a “marchas forzadas” para sacar adelante el reglamento en el plazo establecido, pero no hay fecha precisa y tienen encima el proceso de entrega recepción.

Sobre las modificaciones a los reglamentos municipales, esas ni siquiera tienen un plazo, las dejaron en el limbo y sólo se establece que mientras se homologan a la legislación, los municipios deben aplicar la nueva ley.

El director de Obra Pública de Zapopan, David Zamora, asegura que la ley sólo aplica a los recursos estatales, mientras que el abogado de Obras Públicas de Tlaquepaque, Eduardo Huerta Marcial, informa que ya trabajan en la creación de un reglamento.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tlajomulco, mediante una ficha informativa, remarca que se encuentran elaborando la Ley de Ingresos y las Tablas de Valores de 2019 en conjunto con el Gobierno electo, las cuales estarán listas a más tardar el 31 de este mes. Indicaron que, hasta que sean aprobadas, comenzarían a trabajar el nuevo reglamento.

En Guadalajara no hablarán del tema hasta analizarlo más. Y Tonalá no respondió a la solicitud de entrevista.

La nueva Ley de obra pública de Jalisco surgió tras los escándalos de "moches" solicitados por la entonces directora de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, María Luisa Martínez. EL INFORMADOR/Archivo

Es para recursos estatales: Zapopan

El titular de la Dirección de Obra Públicas de Zapopan, David Zamora, asegura que la nueva ley sólo aplica para los procesos que se realicen con recursos estatales y no para los trabajos hechos con recursos propios.

“La ley a la que nos estamos refiriendo es estrictamente para los recursos estatales. En el caso de Zapopan este año hay apenas 56.4 millones de recursos del Estado y municipal son dos mil millones de pesos. El que me tenga que apegar a esa normatividad es un porcentaje mínimo de lo que hay de dinero estatal. Por eso no le veo inconveniente”.

Al respecto de la nueva figura de testigos sociales, explica que ya existe algo similar como observadores en los procesos de contratación desde hace años en los reglamentos municipales. “De hecho, hay un grupo dentro de la Contraloría Ciudadana llamado Consejo Ciudadano de Control. Ellos no forman parte del CAOP (Comité de Adjudicaciones de Obra Pública), pero pueden venir como observadores y le rinden cuentas a la Contraloría”.

Explica que la transparencia en todos los procesos es clave para combatir y prevenir la corrupción. Por eso las propuestas de los concursos y licitaciones no las abren los funcionarios públicos, sino los miembros de la CAOP, que son regidores, miembros de la CMIC, del Colegio de Ingenieros Civiles y del Colegio de Arquitectos. “En esa mesa colegiada se ven las ofertas, se analizan y se les entrega la información para que ellos elijan quién realiza la obra”.

Frenados, nombramientos para los testigos sociales

Héctor Antuna Sánchez, director del Área de Apoyo Institucional en el Combate a la Corrupción de la Contraloría del Estado, enfatiza que el reglamento de la nueva Ley de obra pública debe quedar listo antes de las convocatorias para los testigos sociales.

Si bien el plazo para contar con estos actores es de 90 días y el del ordenamiento es de 120, explica que la idea es acelerar los procesos para tener la norma antes de los testigos.

El reglamento es el que nos dará las bases para emitir nuestra convocatoria y tener nuestro padrón. Entonces a efecto de que cuadren bien y estén armonizados los tiempos, necesitamos un reglamento antes de poder tener un padrón, pues el reglamento será el que nos va a regular el manejo del padrón de testigos sociales de obra pública”.

Comenta que ya están listas las bases de la convocatoria para este padrón, así como la estrategia y la metodología para realizar el registro. Algunos de los requisitos para interesados son licenciatura como escolaridad mínima y experiencia en contrataciones de obra pública.

La Ley de obra pública crea la figura de los testigos sociales en los Gobiernos estatal y municipales, además para sus organismos. Vigilarán los procesos de adjudicación. EL INFORMADOR/Archivo

Sin cambios en las normas municipales

Los Ayuntamientos de Jalisco no tienen urgencia de modificar sus reglamentos para ajustarse a la nueva Ley de Obra Pública. El decreto publicado en el Periódico Oficial no establece plazo alguno para reformar sus normas.

Si bien los artículos transitorios del documento publicado el 30 de enero establecen con claridad cuándo entró en vigor la ley, el periodo para expedir su reglamento, para crear el registro de testigos sociales y para modificar la Ley de Ingresos del Estado, no especifica un tiempo para que los Ayuntamientos hagan lo propio. 

Se revisaron los Reglamentos de Obras Públicas de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y Tonalá, pero a seis meses de la publicación de la nueva ley, ninguno ha sido modificado.

Sin embargo, esto no significa que los municipios no estén obligados a cumplir con la ley, pues deben aplicar la nueva legislación mientras expiden sus propios reglamentos.

Alberto Velasco, diputado del Partido Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, explica que se tomó la decisión de no establecer un plazo específico para que los municipios ajusten sus normas porque se trata de modificaciones muy sencillas.

“La ley está muy clara. Finalmente, los municipios tienen condiciones normales y creo que el tiempo necesario para hacer los ajustes a cada uno de los ordenamientos en lo particular, no creo que sea muy difícil. Normalmente se les pone un tiempo cuando hay que hacer una modificación exhaustiva, pero como la ley es clara y sencilla, no implica que se les dé tanto tiempo”.

José Luis López, director de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), quien elabora el reglamento estatal, reconoce que no hay un plazo para que los municipios ajusten sus normas, aunque aseguró que se “puede entender” que también deberá ser en el plazo de 120 días que tiene el Ejecutivo estatal para expedir la disposición reglamentaria.

Constructores elaboran reglamento para la nueva Ley de obra pública

Al señalar que ya se cumplen casi tres décadas desde la aprobación del último reglamento, la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC) en Jalisco ya trabaja en la creación de una nueva norma para complementar la nueva Ley de Obra Pública. Así lo señala su presidente, Luis Rafael Méndez Jaled, quien precisa que restan muchas cosas por hacer para que la nueva legislación funcione en su totalidad.

“Ya desde hace algún tiempo hemos trabajado una propuesta de reglamento. Nosotros, bajo la Ley de Cámaras, somos un órgano de consulta y bajo esa responsabilidad hemos estado trabajando este reglamento para ponerlo a disposición del Gobierno del Estado, inclusive lo estamos trabajando en equipo. Viene a dar los cómos, no sólo los qué. Nos ayudará mucho porque el último reglamento que se tuvo es de 1990; es decir, que la última ley antes de esta, de 2004, ni siquiera tenía reglamento”.

Destaca la importancia de la reforma porque transparenta los ejercicios de contratación de obra pública entre todos los actores. Resalta especialmente la creación de un banco de proyectos que tiene como principal objetivo aplicar una estrategia de preinversión. “También se realiza la licitación pública en dos etapas: una binaria y en una etapa de tasación aritmética, que son procedimientos que de alguna manera logran el máximo de equilibrios y de justicia en estas asignaciones. Inhibir o impedir que se califique con criterios personales abona de manera especial a una mejor distribución de la obra pública”.

Otros temas que sobresalen es que ya se debe acreditar la capacidad técnica, la experiencia y la especialidad de todas las empresas con una tarjeta electrónica en un padrón único de contratistas, porque simplifica los procedimientos al tener desde un principio precalificada la capacidad de los constructores.

La adjudicación directa se otorgará de manera aleatoria con procesos de insaculación. Esto ayuda mucho. Y la figura del testigo social reforzará la fiscalización para garantizar todo”.

Acentúa que la nueva ley permite también a los constructores tener un papel más importante en los procesos de contratación de obra pública. “Definitivamente, es buscar la mejor distribución de la asignación de obras con el principal objetivo de promover la participación de las micro y pequeñas empresas, así como el fortalecimiento y el crecimiento de las medianas y de las grandes. Es muy importante estar como observadores vigilando que existan estos equilibrios”.

Si bien la expedición del reglamento, la modificación de la normatividad municipal y el nombramiento de los testigos sociales se empataron con los cambios de administración, se dijo confiado en que se pueda concretar la aplicación de la nueva ley este año. “Tengo una expectativa muy positiva de que así debe  suceder. Nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados”.

La CMIC elabora un reglamento para ponerlo a disposición del Gobierno del Estado, en él desarrollan mecanismos para que las licitacions públicas sean más equilibradas y justas. NOTIMEX/Archivo

TELÓN DE FONDO

Constructores denuncian “moches” en la SIOP

En agosto de 2016, representantes de la iniciativa privada denunciaron la exigencia de “moches” a constructores en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) de hasta el 10% del valor total de la obra para otorgarles contratos.

Varios empresarios señalaron a la entonces directora de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, María Luisa Martínez Almaraz, de pedir el “diezmo” y de sólo atender a empresas que conocía, que le recomendaban o con las que ya tenía tratos.

El caso derivó en el despido de la funcionaria y coincidió con la salida posterior del titular de la SIOP, Roberto Dávalos. Sin embargo, se dio carpetazo a las denuncias por “moches” en febrero de 2017 al señalar que la investigación le correspondía a la Contraloría del Estado.

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¿La última reforma en el Congreso erradicará los famosos “moches” en materia de obra pública en Jalisco?

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