Los policías son los más omisos en la presentación de sus declaraciones patrimoniales. Durante el año pasado, de los siete mil 668 servidores públicos municipales que no entregaron la información sobre los bienes que poseen, mil 474 fueron elementos de seguridad pública.

Con el contexto de los desarmes de Policías Municipales por parte de la Fiscalía del Estado, las corporaciones metropolitanas concentran el mayor número de uniformados omisos: Zapopan, con 205 agentes; Tlaquepaque, 128; Tlajomulco, 106; Tonalá, 54, y Guadalajara, con 43. Sin embargo, no hay sanciones ejemplares para evitar esta opacidad.

Desde 2014, tras las reformas que se realizaron en materia de seguridad, los elementos están obligados a presentar su declaración patrimonial. Aunque en 2015 se consideró que por desconocimiento no entregarían la documentación (alrededor de cinco mil fueron omisos), los policías se mantienen como los más incumplidos.

La información se desprende de la lista de los omisos publicada por el Congreso del Estado, responsable de recibir las declaraciones de todos los funcionarios municipales y algunos organismos públicos.

Jorge Alberto Alatorre Flores, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco, comenta que, al tratarse de los responsables de brindar seguridad a los ciudadanos, es importante que presenten sus declaraciones para evitar sospechas de infiltraciones de la delincuencia organizada. Sin embargo, reconoce que los policías del interior del Estado tienen una educación deficiente, por ello deben ser capacitados, sobre todo ahora que los funcionarios de primer nivel deberán cumplir con la declaración 3de3 (patrimonial, fiscal y de intereses). “Debemos lograr la forma de que el llenado de estos formatos sea lo más sencillo posible, para contar con la mayor cantidad. Que aquellos que no sean llenados sean francamente por cosas que quieren ocultar y no por desidia, desconocimiento o falta de capacidad para llenarlos”.

Por su parte, el coordinador de Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, comenta que este incumplimiento puede tener dos lecturas. La primera: los problemas para llenar los formatos de la declaración, como sucede actualmente con el Nuevo Sistema de Justicia Penal. La segunda: el posible vínculo con los grupos delincuenciales. “El gobernador lo dijo hace menos de un mes, que tenemos policías infiltradas, así que seguramente habrá algunos elementos que no quieran hacer su declaración porque su patrimonio no es justificable”.

En lo que respecta a nivel estatal, la Contraloría reporta que durante 2016, mil 358 funcionarios fueron omisos. De éstos, 596 corresponden a elementos de la Fiscalía General.

Ocultan patrimonio y reprueban exámenes de control y confianza

De acuerdo con el último corte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los 12 mil 453 policías municipales que se sometieron a las pruebas de control y confianza en Jalisco, el 15 por ciento no aprobó; es decir, mil 938 no son aptos para su puesto. Un número similar son el total de omisos en la presentación de su declaración patrimonial. De acuerdo con la lista publicada por el Congreso del Estado en la que ya no aparece el puesto de policía sino de sujeto obligado, mil 474 elementos no declararon sus bienes.

Entre los que no presentaron su declaración se encuentran Pedro Guzmán Martín del Campo, quien a finales de 2014 fue nombrado comisario de Zapopan, luego de que su antecesor renunciara por no aprobar los exámenes de control y confianza (en el caso de Guzmán ya terminó su gestión en la pasada administración). El otro mando incumplido es Rafael Sánchez Araiza, actual titular de la corporación de Villa Purificación.

Jorge Alberto Alatorre Flores, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado, comenta que todos los servidores públicos deben presentar su declaración y más si se trata de los elementos policiales. “Son personas que debemos estar ciertos de que no exista sospecha de infiltración por parte del crimen organizado. Por eso es importante que la presenten”.

Entre los exámenes que contempla la evaluación de los elementos, está el socioeconómico para comprobar que los ingresos de éstos correspondan al sueldo que reciben como policías y no a actos de corrupción, por recibir dinero de los grupos delincuenciales.

El coordinador del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides, coincide en la importancia de que cumplan esta obligación, sobre todo tras los señalamientos que realizó el gobernador Aristóteles Sandoval al anunciar el desarme de la Policía de Tlaquepaque, la cual se presumía estaría infiltrada.

Luego que el pasado 11 de marzo la Fiscalía, la Policía Federal y el Ejército se hicieran cargo del patrullaje de este municipio, los 863 elementos municipales fueron sometidos a las pruebas de control y confianza: 125 no aprobaron. De estos últimos se informó que sólo 66 no tendrían derecho a ser revaluados, por lo tanto quedarían fuera de la corporación.

Éstos elementos se suman a los mil 752 policías de todas las corporaciones de Jalisco (estatales y municipales) que se consideran que ya no deben ser evaluados otra vez. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al último día de febrero, en el Estado se encuentran en proceso de certificación 22 mil 053 elementos, de los cuales tres mil 072 reprobaron (de éstos, sólo mil 938 tendrán oportunidad de someterse nuevamente a las pruebas).

Sin embargo, las autoridades no especifican cuáles son las pruebas que no aprobaron, pues esto podría obedecer a varios factores, como cuestiones de enfermedad o estrés. A pesar de que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza es el responsable de entregar la información a las autoridades y recomendar la salida de los no aptos, no se encarga de depurar a las corporaciones, decisión que queda en manos de los municipios y el Ejecutivo estatal, quienes los pueden mantener en las filas policiales.

 Fuente: SNSP. Corte al 28 de febrero de 2018.

• De acuerdo con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales dados a conocer este año, de los más de 12 mil policías municipales que se tenían en Jalisco durante 2016, el 57 por ciento contaba con sueldos que no rebasaban los 10 mil pesos; incluso, el 8 por ciento de ese total tenía salarios menores a los cinco mil pesos.
• Según el Inegi, el 36 por ciento de los policías tenía sueldos de entre 10 mil y 20 mil pesos, entre los que se encontraban los elementos de la Policía de Zapopan, en donde el sueldo promedio es de 17 mil pesos.
• A pesar de que las autoridades de los municipios metropolitanos, en conjunto con el Gobierno estatal, anunciaron homologar los sueldos, sólo Guadalajara estará en condiciones de cumplir con la homologación salarial junto con Zapopan, pues hay corporaciones en donde el sueldo no alcanza los cinco mil pesos mensuales. La mayoría no tiene presupuesto para mejorar los salarios.
• De los más de 12 mil policías, nueve mil estaban obligados a recibir cursos en el Instituto de Formación y Profesionalización. De éstos, sólo cuatro mil 810 fueron capacitados para el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Pocas sanciones

De los mil 358 funcionarios públicos estatales que incumplieron en 2016 con presentar su declaración patrimonial, 596 corresponden a trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE); es decir, representan un 43 por ciento del total de omisos.

A pesar de esto, la Contraloría del Estado reporta que durante el año pasado y el actual no se han aplicado sanciones por este tipo de faltas, que serían las anualidades en las que se podría iniciar algún proceso  en contra de los incumplidos con ese ejercicio.

Sin embargo, la dependencia reporta que durante 2016 se “sancionaron” a cinco elementos de la Fiscalía, de un total de seis de toda la estructura estatal a los que se les inició procedimiento. A los cinco se les realizaron amonestaciones por escrito.

La Contraloría reportó que de 2012 a 2017 se sancionaron a 692 funcionarios.

De acuerdo con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), en ese periodo se cobraron 77 créditos fiscales. En total pagaron 131 mil 295 pesos por incumplir con declarar sus bienes.

Urge que el INAI libere el formato para el 3de3 

A pesar de que el formato único para la presentación de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses debió ser enviado a los Estados a principios de año, para que todos los servidores públicos de primer nivel cumplan con esta obligación, el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI) aún no los libera.

Jorge Alatorre, presidente del Comité de Participación Social del SAE destaca que urge se envíen estos formatos para evitar más retrasos en el cumplimiento de esta obligación contemplada en las reformas del Sistema Anticorrupción. “Ya quisiéramos contar con el formato nacional para iniciar la capacitación y revisión. No hay mucha celeridad por parte del INAI”.

Aclara que los comités estatales sí han tenido comunicación para recordarle al organismo nacional la importancia de liberar el documento, pero reconoce que no tienen autoridad sobre el INAI. “No es una cuestión donde estemos subordinados, ni ellos de nosotros, pero es responsabilidad nacional, el INAI es una de las instituciones que ha demorado indebidamente… no me explico”.

Recuerda que el organismo lleva un mes y medio con el análisis de los formatos, “sigue tardándose por cuestión de protección de datos personales”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Necesario, monitorear avances

Augusto Chacón Benavides (coordinador de Jalisco Cómo Vamos).

Todo el Sistema Anticorrupción del Estado deberá vigilar el cumplimiento de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses por parte de los servidores públicos, subraya el coordinador del observatorio ciudadano.

“Sin duda (el 3de3) está pensado para inhibir los actos de corrupción, que no deberían estar únicamente apoyados en las leyes y el Sistema Anticorrupción, sino también el Sistema de Administración Tributaria tendría que informar respecto al incremento injustificado de patrimonio, pero ya sabemos que el SAT actúa para ciertos rumbos bien y para otros de manera interesada”.

Considera que para ser más efectivos en el monitoreo de esta obligación, los ciudadanos deben ejercer una presión intensa a quienes incumplen, “debemos de cuidar que estas declaraciones se vuelvan parte fundamental del trabajo de cualquiera y que no sean una carga, que no lo perciban como una imposición, sino como parte del trabajo”.

Por ello, resalta que todos aquellos que quieran trabajar en el servicio público deben estar conscientes de que están obligados transparentar su patrimonio y los intereses que tienen alrededor.  Para lograr que este proceso de vigilancia funcione, añade, se debe solicitar a los órganos de transparencia que den cuenta de quiénes presentaron o no sus declaraciones, y que el Sistema le dé seguimiento, especialmente en aquellas áreas en las que se maneja presupuesto para la asignación de contratos y compras importantes, “porque no solamente es para buscar corruptos, sino para inhibir actos de corrupción”.

Subraya que la ley hace posible que se revise no sólo aquello que está a nombre del funcionario o de su gente cercana, “inclusive, el uso consuetudinario de un bien aunque no esté a su nombre se considera su patrimonio”.

Opina que la ley es severa en ese sentido, pues ya no es tan fácil ocultar los bienes. “No pueden decir: ‘Es que el automóvil de lujo que traigo me lo prestó un vecino’. Si lo usa constantemente, para efectos de la ley se considera de su propiedad, de su patrimonio”. Por ello es importante el monitoreo del comportamiento de las instituciones y sus servidores públicos.

Regidores y alcaldes, entre los más opacos

Después de los policías municipales, los regidores son los servidores públicos más omisos en presentar sus declaraciones patrimoniales ante el Congreso de Jalisco. Durante el año pasado, un total de mil 433 no presentaron su declaración de bienes. De éstos, 55 pertenecen a los Ayuntamientos metropolitanos.

Además, 66 alcaldes tampoco cumplieron con esta obligación. De éstos, sólo dos pertenecen al Área Metropolitana de Guadalajara: Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos.

A los presidentes municipales se suman 64 síndicos, de los cuales, uno pertenece al Ayuntamiento de Tonalá. Así como 38 secretarios generales.

Este grupo de incumplidos son seguidos por los jefes de área, oficinas y departamentos municipales con un total de mil 226, de los cuales, 444 pertenecen al municipio de Zapopan, 126 a Tlaquepaque, 56 Tlajomulco, 51 Tonalá y 45 de Guadalajara.

Aunque los candidatos a munícipes y regidores deben presentar copia certificada de su declaración patrimonial a la hora de realizar sus registros, muchos dejan de hacerlo una vez que ocupan el cargo, al no actualizar la información de sus bienes.

Para el presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, los regidores tienen menos excusas que los policías para no cumplir con esta obligación, “por supuesto que son representantes públicos, debería existir una sanción suficientemente fuerte como para evitar que continúen sus deberes políticos en tanto no sean solventados estos requisitos”.

Apunta que dentro de las reformas de la Ley electoral se deberían establecer requisitos para obligarlos a que todos los integrantes de las planillas entreguen los documentos con los sellos de recibido de todas sus declaraciones, “no nada más con los documentos que ellos acreditan”.

Por su parte, el coordinador del Observatorio Jalisco Cómo Vamos remarca que se requiere vigilar más a los regidores, “están un tanto en el limbo. No los atendemos, pensamos que el Gobierno municipal se resuelve con lo que el alcalde dice, hace o deja de hacer”.

Agrega que éstos deben ser más transparentes, “sabemos que no pocos regidores y regidoras se dedican a cabildear asuntos para personas o para colonias; entonces, nunca han sido completamente transparentes. Les cargamos la mano a los alcaldes y, muy poco, digamos, a lo que sucede con el aparato de gobierno entero que es el Ayuntamiento con todo y sus regidores”.

Hay fallas en la nueva legislación

Aunque el Ejecutivo estatal sí ha sancionado a funcionarios incumplidos, la mayoría de los municipios metropolitanos que acumulan dos mil 696 servidores públicos de los siete mil 668 omisos, no se aplicaron sanciones, inclusive algunos responden que no tienen facultades.

El único Ayuntamiento en sancionar a los incumplidos es el de Tlajomulco de Zúñiga. Las autoridades municipales respondieron vía transparencia que en 2014 se instauraron procedimientos a 50 servidores públicos: tres apercibimientos, tres suspensiones por tres días, cinco amonestaciones, una destitución y en 38 de los casos se concluyó de manera anticipada porque atendieron la falta. No reporta en el resto de los años.

Por su parte, los Ayuntamientos de Guadalajara y Tlaquepaque informaron que no se han aplicado sanciones a funcionarios por este motivo. El municipio de Tonalá no respondió e intentó que el Legislativo atendiera la solicitud de transparencia, a pesar de que éste último le respondió que la obligación era del municipio.

Zapopan contestó que el procedimiento para aplicar sanciones por no cumplir con las declaraciones es obligación del Congreso, pues es quien remite el listado de omisos a la Contraloría Municipal para que comparezcan ante el Legislativo para dar cumplimiento a esta obligación o demostrar que lo hicieron en tiempo y forma.

El municipio añadió que en caso de existir información sobre multas a funcionarios municipales, también sería competencia del Congreso o, en su caso, de la Sepaf, “por lo tanto dicha información no es competencia (del municipio)”.

Por su parte, el Congreso respondió que se encuentra imposibilitado de forma legal para sancionar con multa a los servidores públicos que han sido omisos, “en razón de que no se ha aprobado el tabulador que vendrá a regular el cobro de la referida sanción, y toda vez que la multa se encuentra fijada en la actualidad en salarios mínimos (y tras las reformas), quedó expresamente prohibida la utilización del salario mínimo como índice de unidad”.

• Previo al nombramiento de quienes pretendan ingresar al servicio público, se deberá consultar el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional, para verificar si existen inhabilitaciones.
• Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
• Plazos para presentar las declaraciones: La declaración de modificación patrimonial se debe presentar durante el mes de mayo de cada año. También deberá actualizarse en cualquier momento, cuando el servidor público considere que se puede presentar un posible conflicto de interés.
• Si no se cumple dentro de los plazos sin causa justificada, se iniciará la investigación por presunta responsabilidad y se pedirá al servidor público dar cumplimiento.

LA VOZ DEL EXPERTO

Urge capacitación 

Jorge Alberto Alatorre Flores (presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción).

El coordinador del Sistema Anticorrupción destaca que es necesario capacitar a todos los servidores públicos de primer nivel y a los policías sobre el llenado de las declaraciones patrimoniales, sobre todo ahora que también deberán presentar la fiscal y de intereses.

El objetivo, dice, es que las llenen de acuerdo con el plazo establecido y de manera de correcta. Considera que este proceso de aprendizaje podría tomar por lo menos un año para que se vuelva una costumbre y una adecuada implementación.

Recuerda que los funcionarios de primer nivel ya tienen muchos años acostumbrados a llenar sus declaraciones patrimoniales, “todos los que hemos sido funcionarios públicos de nivel directivo la hemos llenado año con año, pero ahora que se va a incluir también lo que es declaración de conflictos de intereses, es importante que haya la suficiente capacitación para que no existan errores de buena fe u omisiones de mala”.

Subraya que los beneficios de contar con este tipo de información, no sólo obedecen a mejorar en materia de transparencia, sino que se contará con sistemas de evolución patrimonial para verificar los datos.

Sin embargo, recuerda que la corrupción es un fenómeno adaptativo, “podemos contar con un mecanismo de evolución patrimonial y de reporte de todo esto, pero funcionarios corruptos estarán buscando las maneras de evadirlo a través de prestanombres”.

Por ello se requiere de una mayor coordinación entre instituciones con Hacienda, para que los entornos de los funcionarios sean dentro del marco de la ley para que este sistema de monitoreo de evolución patrimonial.

Reconoce que, a pesar de haber sanciones a la reputación, como es la publicación de los omisos, éstas deben escalarse y ser equitativas. “En primer lugar, mejorar el sistema para que las personas menos capacitadas lo hagan y, en segundo lugar, hacer un sistema de sanciones lo suficientemente eficaz que impidan que sean omisos”.

Agrega que estas sanciones tendrían que vincularse con algunas otras leyes que incluso puedan evitar que se les paguen sus honorarios en tanto no cumplan con la entrega de la información.

TELÓN DE FONDO

Van 14 Policías desarmadas

De 2014 a la fecha, el Gobierno del Estado ha desarmado a 14 Policías municipales por presumir posibles vínculos con la delincuencia, por haber participado en desapariciones forzadas, homicidios o portar armas y granadas no registradas, entre otros motivos. La última fue la del municipio de Tlaquepaque.

Las primeras corporaciones desarmadas fueron las de Cocula y Casimiro Castillo (en diciembre de 2014). Se presumía que estaban coludidas con el crimen organizado. Las dos Policías tenían 71 elementos.

Las siguientes corporaciones en las que la Fuerza Única Región tomó el control de las Policías fueron las de Unión de Tula y Villa Purificación. Se hicieron los mismos señalamientos que en las dos primeras.  Entre ambas se tenían 30 elementos. A éstas se sumaron las de Pihuamo y Jilotlán de los Dolores. En enero del año pasado fue desarmada la Policía de Teocaltiche debido a que algunos elementos portaban armamento distinto al asignado. Durante el año pasado también se intervinieron las de Ocotlán, Bolaños y, a principios de este año, la de Tecalitlán, luego de la presunta desaparición forzada de tres italianos, en la que habrían participado agentes municipales. 

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