Jueves, 23 de Enero 2020
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Tendencias y desafíos

Por: EL INFORMADOR


En 2009 la economía decrecerá en mayor medida que lo que sufrió en 1995, con las consecuencias sociales evidentes al reducirse la capacidad de compra y por tanto el tamaño de nuestro mercado interno. Esto nos coloca ante el reto de convertir el problema en oportunidad para realizar cambios estructurales en la economía y el Estado de derecho.

En la economía, el camino es la vinculación al cambio global en curso y el fortalecimiento ineludible de las finanzas públicas. El sistema financiero e industrial del mundo está en una transformación estructural que producirá nuevos procesos, productos y servicios. Los bancos globales serán una realidad no sólo en capital, sino en procedimientos y prácticas, mientras que la calificación de valores tendrá nuevos parámetros. Tendremos en los próximos años en el mundo industrializado, nuevos sistemas y productos financieros, una nueva industria energética y de movilidad y una permanente acción a favor de conservación del ambiente y la sustentabilidad económica.

Ante este hecho ineludible, las empresas mexicanas tienen la enorme oportunidad de incorporarse a esta transformación, si logran establecer las conexiones, acuerdos de trabajo compartido y asociaciones con las organizaciones internacionales que se encaminan al liderazgo en estos campos.

En la política los cambios están relacionados con el principal problema estructural de México: la falta de respeto a la ley, que se manifiesta en corrupción, impunidad y por ende en una ineficiencia grave del sector público, que perjudica la operación del sector privado. La democracia secuestrada por los partidos políticos, que se conducen por grupos que poco tienen que ver con el interés de las comunidades, en los que la corrupción es endémica, se enfrenta al reto de abrir la participación a ciudadanos independientes y reducir el enorme costo de los procesos electorales.

La oportunidad que tenemos en 2010 es grande para dar el paso de una vez por todas: el gran pacto nacional para poner a la ley por encima de la política, como es el mandato constitucional. Hacer negociable la aplicación de la ley es el mayor cáncer social que nos ha penetrado desde hace ya muchos años. La simulación se ha adueñado de muchos procesos públicos y privados; y pero aún, ha penetrado en nuestra forma de vida y en la educación de nuestros pequeños.

Ante eso, una crisis económica y una agitación política y social como la que vivimos se convierte en la oportunidad de realmente avanzar. Para eso se requiere que la agenda de temas a debatir en los próximos meses se centre en propuestas concretas de fomento económico, reforma fiscal, impulso energético, y sobre todo un acuerdo nacional para hacer respetar la ley a cualquier precio. El sector privado debe trabajar en esta dirección para contribuir en la transformación de México, su compromiso con la libre empresa lo convierte en motor de verdadero cambio. Sin embrago estos propósitos se han visto opacados por pequeños temas que generan pequeñas respuestas, y muchas veces la búsqueda de pequeños beneficios, que impiden ver y luchar por el país y la sociedad.

LUIS SALOMÓN / Doctor en Derecho.
Correo electrónico: lsalomon@iberlinks.com.mx

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