El saldo de 2010 en la UdeG

El año 2010 pasa por sus últimos días y aún en la evocación de los Santos Inocentes, por encima de bromas y chanzas, ocupa un lugar, por su propio peso, el examen de lo que ocurrió con la Universidad de Guadalajara.

Del conflicto entre el Gobierno del Estado y la Universidad, que terminó con una intempestiva firma y entrega de cheque por parte del gobernador Emilio González al rector Marco Antonio Cortés, todavía quedan muchas incógnitas.

Cualquier lectura que se haga del enfrentamiento político, aún la que peque del mayor optimismo, debe reconocer la pobreza de los frutos de un choque tan enconado y largo. De entrada, el rector universitario, en representación de la Universidad, no puede borrar —y menos mal que no lo intenta— una certeza tan grande como la Catedral, de que Raúl Padilla López es el auténtico líder cupular de la institución y con quien, obligadamente, Emilio González debió negociar siempre, incluso la vergonzante noche del 28 de septiembre cuando ebrio, acudió a su casa a buscar una solución que no llegó sino hasta el 22 de diciembre.

Y después está el hecho, tan contradictorio como los que marcaron cada jornada, cada protesta universitaria, de que se haya aceptado una reducción de 701 a 420 millones de pesos en la demanda de recursos, incluida la condición de que el Gobierno jalisciense entregará 79 millones de pesos, de los 210 que le tocan, a través del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE). La dirigencia universitaria vociferó cada vez que tuvo oportunidad, que no admitiría un solo peso que viniera por esa vía.

De manera natural, cuando una o más partes persisten en una disputa y constatan que la única salida pasa por un acuerdo, deben consentir en una cesión; resulta imposible pactar cuando se mantienen idénticas demandas a menos que la contraparte las acepte, pero se está entonces ante un vencedor y un vencido.

Aparentemente no es el caso, y eso comprueba que los reclamos tan largamente sostenidos carecieron de un auténtico respaldo de la comunidad universitaria, pues cuando convino a la cúpula se signaron pactos que jamás se reivindicaron en las marchas y manifestaciones.

Las cifras son elocuentes: son 52 millones de pesos para el presupuesto irreductible, 79 millones en infraestructura por la vía de CAPECE y 79 millones más para equipamiento. Total: 210 millones, que se suman a una cifra igual que aportará el Gobierno federal.

Y estas cantidades revelan que no se ha resuelto el permanente faltante de recursos en la institución educativa
Así las cosas, una de dos: o mienten los dirigentes universitarios (los de facto y los formales) o efectivamente, como afirmaron los funcionarios estatales, a la Universidad no le faltaba dinero. O sea que volvimos al principio.