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Domingo, 17 de Noviembre 2019
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ENTRE VERAS Y BROMAS

Por: EL INFORMADOR

— Marchas

Ya no somos Rancho Grande. Ya somos metrópoli. ¡Ya tenemos marchas...!
—II—
El detonante de algunas de las manifestaciones que se sucedieron ayer en Guadalajara, en horarios para todos los gustos, fue, de origen, el mismo que dio pie a “La madre de todas las marchas” en el Distrito Federal (la que duró, literalmente, “desde que Dios amaneció hasta que Dios anocheció”): el afán de demostrar el poder de convocatoria de gremios que se sienten agredidos por lo que despectivamente llaman “los poderes fácticos”.

Las marchas del Distrito Federal, a las que se sumaron asociaciones afines al Sindicato Mexicano de Electricistas, en protesta (de los trabajadores directamente afectados: no de los usuarios del servicio público que prestaban) por el decreto que desaparece a la compañía de Luz y Fuerza del Centro, desquiciaron a la capital del país durante varias horas y afectaron indirectamente a millones de capitalinos.

En Guadalajara, a mucha menor escala, por razones muy diferentes, también hubo grupos que decidieron ejercer, a su manera, las garantías consagradas en el Artículo 9o. de la Constitución: “el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente —según San Lucas...— con cualquier objeto lícito”, y la de que “no podrá ser disuelta una asamblea o reunión —y las marchas son eso: reuniones— que tenga por objeto hacer una petición, o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desea”.
—III—
Basta escuchar las consignas que entonan los participantes en las marchas; basta poner atención a los contenidos de los discursos que se pronuncian en el momento culminante de las manifestaciones; basta leer las leyendas contenidas en las pancartas que suelen llevar los ciudadanos que participan en ellas, para comprobar que las injurias y las amenazas contra la autoridad son parte consustancial de estos actos. Si se entrevista a los manifestantes —y no se diga a sus líderes—, se hará explícito lo que ya era obvio: que los abigarrados contingentes que participan en las marchas tratan deliberadamente de ser expresiones —visuales y auditivas— de fuerza, y que el propósito de la reunión va mucho más allá de una simple protesta a partir de la cual se busca el diálogo civilizado y la solución negociada del conflicto en turno.

Por otra parte, aun en la hipótesis de que sean verídicas las cifras de participantes en las marchas que aseveran los organizadores, es más que evidente que los grupos de manifestantes son absolutamente minoritarios, con respecto a los ciudadanos que se ven perjudicados por “el legítimo derecho a manifestarse” de los primeros.

Si las mayorías también tienen voz, pueden escucharse sus argumentos capitales: son miles los que se plantan frente a la autoridad, en ejercicio de su “legítimo derecho a manifestarse”... pero siempre son muchos más —millones, incluso— quienes se ven impedidos, a consecuencia directa de lo mismo, de ejercer un derecho tan legítimo y tan constitucional como el de manifestarse: el de transitar libremente.
—IV—
El principal perjudicado por las marchas —sofisticadas expresiones de violencia— no es el Gobierno (los gobernantes, en estos casos, aplican la comodina táctica del avestruz de los cuentos: esconden la cabeza en el suelo): es el pueblo.

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