¿Cumplir o salida fácil?

La inseguridad rebasa todo límite. El Estado perdió el control, pero precisamente por eso es que no se puede avalar la pena de muerte. No es asunto de tibiezas. Es que queda claro que el trabajo desde el Estado no ha sido cubierto; queda claro que el trabajo en el aparato judicial tiene desde filtraciones, hasta corrupción pasando por la continua simulación. Entonces, la pena de muerte resulta la salida fácil para una tarea, de los distintos órdenes y niveles de Gobierno, que no ha sido hecha: el cumplimiento de la responsabilidad que la Constitución le obliga al Estado.

Es por ello que la declaración hecha por Cuauhtémoc Cárdenas, con el no definitivo a la pena de muerte, resulta además de clara, de una enorme importancia en la reflexión que la situación actual merece para ofrecer a la población la seguridad que requiere, sin salidas que distorsionen los objetivos y sí que ofrezcan un clima de seguridad, donde la población puede contar con los mínimos de garantía que su Estado le debe proporcionar y que no le ha dado.

Porque si bien una adecuada legislación contribuye a lograr mejores niveles de seguridad, esta labor no es suficiente cuando se realiza de manera aislada. Es necesario que el sistema judicial haga su tarea, acción hoy ausente a pesar de la legislación existente, a pesar de las declaraciones de autoridades. Sin un sistema judicial eficiente, el trabajo de dar seguridad a la población no podrá ser llevado a cabo. En cambio, es indispensable la evaluación y la aplicación de las medidas correctivas al aparato judicial y a las policías.

Y no hace falta buscar mucho para saber por dónde empezar, Felipe Calderón reconoció que alrededor de la mitad de los policías son corruptos. Entonces, la tarea de verdaderamente limpiar los cuerpos policíacos, es una prioridad a realizar en todos los niveles, antes de pretender cargar sobre la legislación el peso de una pena que, aun “bien” aplicada, resulta simplista para la magnitud del problema que se enfrenta.

Porque esa ruta es la de los absolutistas, quizá para ocultar lo que Cárdenas señaló tan claramente: “El crecimiento y el desbordamiento de la delincuencia (…) guardan una relación directa con la bajísima calidad de la justicia, la creciente desigualdad social, la pérdida y escasez de empleos, el estancamiento económico, la baja calidad de la educación, la falta de acceso a la atención de la salud y a la seguridad social, acentuados en más de un cuarto de siglo de régimen entreguista, elitista y neoliberal”.

El trabajo que el Estado debe hacer para frenar la delincuencia, para combatir al crimen organizado, resulta complejo, pero debe empezarse por asumir la responsabilidad y sanear al aparato judicial, sanear a las policías, hacer que en las cárceles los castigos sean tales y no la réplica de una sociedad corrupta.

Y unido a lo anterior, una tarea que debe acompañar lo señalado, es el cambio en las condiciones de la población: trabajo, educación, salud, cohesión social y equidad como las premisas insustituibles en esta labor del combate a la delincuencia.

LOURDES BUENO / Investigadora de la UdeG.
Correo electrónico: lourdesbueno03@yahoo.com.mx