Tras una serie de entrevistas y encuentros con los actores que integran el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Jalisco, el Observatorio Ciudadano Anticorrupción concluyó en su primer informe que existen situaciones que “están impidiendo que el sistema empiece a funcionar”.Uno de los principales obstáculos es que el presupuesto de 40 millones de pesos para la operación del sistema, asignado este año por el Congreso, no se ha liberado, por lo que Cecilia Díaz Romo, representante del observatorio, advirtió que “la fortaleza del sistema se puede ver seriamente comprometida si el monto es insuficiente o no se ejerce. Queremos pensar que es sólo por cuestiones burocráticas y no por una intención directa de entorpecer su adecuado funcionamiento. No ha fluido (el recurso) y varias personas llevan más de cuatro meses sin recibir un salario por su trabajo”.Subrayó que la Secretaría Ejecutiva del SEA no cuenta con sede propia y se encuentra trabajando en una oficina de la Contraloría del Estado, situación que también enfrenta la Fiscalía Anticorrupción.El fiscal Gerardo de la Cruz confirmó los resultados del informe: “En este momento no se tienen los recursos suficientes para contar con expertos que pertenezcan directamente a la Fiscalía Anticorrupción”. Del presupuesto, admitió que no se ha determinado la bolsa para cada instancia, “se están estableciendo las reglas de operación… ya estamos interviniendo”.Por su parte, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa es otra de las instancias con un espacio físico limitado e inoperante, carece de personal e insumos. Otro problema son los tres amparos interpuestos por quienes aspiraban al puesto de magistrados. Y aún está pendiente el nombramiento de la tercera magistratura del Tribunal.A la lista se suma la falta de reformas de leyes y reglamentos que le den mayor eficiencia al trabajo realizado, como la iniciativa a la Ley Orgánica de la Fiscalía General para nombrar a un nuevo fiscal autónomo y las reformas para la coordinación de la Contraloría con los órganos internos de control.En los próximos días, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Jalisco recibirá entre 700 y mil denuncias y carpetas de investigación de presuntos delitos de corrupción, las cuales han sido presentadas desde el 1 de noviembre a la fecha en la oficialía de partes de la Fiscalía Central del Estado.“La ley establece en los transitorios que nos deben entregar todas las carpetas de investigación que se iniciaron a partir del 1 de noviembre. Hay muchas denuncias y carpetas que están siendo atendidas en un área diferente de la Fiscalía General, pero me las van a entregar”, señala el fiscal Gerardo de la Cruz Tovar.Sobre las denuncias más importantes, destaca que las investigaciones están en marcha, como el expediente por las anomalías en la Secretaría de Salud o los contratos signados por el Fideicomiso de Ciudad Creativa Digital.“No por querernos precipitar y lograr un campanazo o golpe de autoridad, vamos a judicializar algo que no esté bien soportado. La idea es llevar las cosas al juzgado cuando consideremos que vamos a tener éxito en ese proceso”.La denuncia presentada por las anomalías en el sector salud, explica, es una de las más complejas por la cantidad de supuestos que se consignan. Aunque las investigaciones avanzan, está pendiente recibir información de la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior para seguir su curso.En el primer informe sobre la instalación y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el Observatorio Ciudadano encabezado por Cecilia Díaz Romo detectó que la Fiscalía no cuenta con personal ni con las instalaciones adecuadas para realizar su trabajo.Al respecto, De la Cruz coincide en que las seis plazas y los 20 millones de pesos que se le asignaron en el presupuesto no cubren sus requerimientos básicos, por lo que presentó una propuesta de estructura orgánica que contempla 15 nuevos perfiles, en la primera etapa. En la propuesta del organigrama se incluyen dos agencias del Ministerio Público para la investigación y persecución de los delitos, un área administrativa y otra de vinculación institucional.“Con el tamaño de las denuncias que se han presentado está claro que necesitas una estructura bastante más amplia, pero a futuro tendremos que contar con otras áreas”.Acentúa que, desde el viernes pasado, los funcionarios de la Fiscalía recibieron el primer pago por el trabajo que desempeñan desde hace dos meses.También se presentó el proyecto de reglamento interno para la Fiscalía Anticorrupción, que será el marco regulatorio de su funcionamiento, aunque su aprobación está sujeta a la autorización de la propuesta de estructura orgánica.Sobre la que será la sede se analizaron cuatro alternativas en las inmediaciones del Parque Metropolitano, Américas, Servidor Público y Tránsito, y están a la espera de que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) les autorice uno de estos espacios.Por su parte, gracias a que ya está conformado el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el manejo presupuestal que se hará de los 40 millones asignados para su operación poco a poco toma forma. Jorge Alatorre, presidente del Comité de Participación Social del SEA, explica que esa era una necesidad vital para conformar el Plan Operativo Anual (POA), que determine a través de qué partidas se ejercerán los fondos. Hacerlo de otra forma, subraya, sería un contrasentido del Sistema.“Quedó con una bolsa de 40 millones sin que esté debidamente subdividida y no se puede usar así, porque si lo usas estás violando las leyes de Presupuesto y Gasto Gubernamental. Gracias a que tenemos la Secretaría Ejecutiva y que trabaja con el Ejecutivo (de Jalisco), se están preparando los POAs y las partidas para que esto pueda ejercerse”.Algunos de los pendientes del sistemaHace falta un gran pacto contra la impunidad, así como se ha intentado hacer contra la corrupción, pues es necesario sentar las bases de una nueva forma de administración pública. Y de poco sirven las auditorías si no hay una Fiscalía General autónoma, aseguró el periodista Diego Petersen Farah, durante el foro sobre corrupción en el seminario “¿Y ahora qué? México ante el 2018”, organizado por la revista Nexos y la Universidad de Guadalajara (UdeG). Fue una coincidencia entre expertos.En el foro participaron el escritor Héctor Aguilar Camín, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojórquez, y la analista María Amparo Casar, de Mexicanos contra la Corrupción.Aguilar Camín señaló que el libro que lleva el mismo nombre del seminario, nació de la preocupación de establecer un rumbo deseable hacia dónde se debe mover el país.Este libro contiene 99 propuestas en textos escritos por una treintena de personajes notables, quienes dan opciones de cambios en instituciones y trámites que pueden mejorar la vida del país. “Este libro demuestra que ahora hay muchísimo qué hacer, hay una enorme cantidad de opciones de cambios institucionales, de mejorías de la vida púbica, y en cada ámbito es posible identificar acciones pertinentes, que son alcanzables, que son complejas, que no son soluciones milagrosas que resuelven las cosas de un día para otro, pero que sí es un horizonte de soluciones que pueden mejorar profundamente la vida de México”.En su intervención, Bojórquez remarcó que la corrupción es sistémica y tiene tres tipos importantes: el administrativo, con actos donde están sobre la mesa millones de pesos; los de gran escala, que tienen grandes repercusiones, y los del financiamiento de la política por parte de los inversionistas.El analista indicó que deben incluirse al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y al tema electoral en el tratamiento contra la corrupción.Por su parte, Casar resaltó que la transparencia no es el único mecanismo para controlar la corrupción, pues estas variables no están directamente relacionadas. Apuntó que uno de los problemas más graves es que, si bien se denuncian los actos de corrupción, no hay sanciones.Sobre la Fiscalía General autónoma en Jalisco, Salvador Caro, coordinador de la bancada del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso, respondió en otro evento que sigue en “análisis”. “Estamos trabajado el tema. Ya les planteé que es un asunto sumamente complejo porque no tiene que ver (sólo) con una Fiscalía autónoma, sino con una Fiscalía autónoma, el Instituto Penitenciario, la Agencia de Investigación, el nuevo planteamiento del Instituto de Ciencias Forenses, la nueva Secretaría de Seguridad…”. Por lo tanto, no hay fecha para su aprobación.El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus similares estatales siguen sufriendo de resistencias de parte de actores políticos e instituciones.El esquema ha generado incomodidad, por lo que, más que rezago en la actuación del sistema, hay un tema de resistencia, asegura el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojórquez, durante el foro de corrupción del seminario ¿Y ahora qué? México ante el 2018.“Más que rezago hay resistencia, cuando tú tienes a las instituciones del Estado tratando de frenar que se pueda armar el Sistema Anticorrupción, debilitando el trabajo del Comité de Participación Ciudadana, no es un tema que no estén cumpliendo las etapas procesales, es claramente una resistencia”.En cuanto al Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, menciona que lleva cierta delantera respecto a otros Estados, pues ya se dieron los nombramientos de quienes lo integrarán. Sin embargo, como sucede en todo el país, todavía falta que dé resultados. “La maravilla del sistema es que sólo tiene dos velocidades: lo instalas y ves resultados. Y si no los ves, el problema no es el sistema”.El indicador más claro de si está funcionando, remarca, es si ya se desmantelaron redes de corrupción. No se trata de volúmenes o grandes estadísticas, sino de resultados contundentes después de mecanismos como una detección en auditorías o una revelación periodística, añade.LA VOZ DEL EXPERTOJesús Ibarra Cárdenas (investigador del ITESO)Si hay un problema con la asignación de únicamente 17 millones de pesos para la operación de la Fiscalía Anticorrupción, es lo poco que podrá hacerse para invertir en la contratación de una unidad de inteligencia, que ayude a evitar que esas prácticas sigan registrándose en Jalisco.En la opinión del experto, “es difícil” que ese presupuesto esté al alcance de las necesidades del sistema, pues la Unidad de Investigación contra la Corrupción, que operaría de forma similar a la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, está muy por encima de los fondos que se autorizaron.“Para que esa Unidad funcione como en otros países, necesita dotarse de tecnología para el seguimiento de recursos financieros, de especialistas, analistas, contadores, ingenieros financieros, especialistas en sistemas.... es todo un equipo de investigación que no tiene; ahí es donde el presupuesto está pegando”. Agrega que la Fiscalía tampoco arranca con un equipo suficiente de agentes del Ministerio Público para los litigios.Por otra parte, lamenta que la transición a un modelo digital de administración pública (como el de los bancos y su rastreo de transacciones en tiempo real) sea otro pendiente en Jalisco.El nombramiento de un fiscal general autónomo “es un gran pendiente”.Cuatro de cada 10 empleados del Poder Judicial en el Estado “están corrompidos”. Es una de las conclusiones del Consejo de Abogados de Jalisco, que aprovechará el reciente nombramiento de Gerardo de la Cruz como fiscal anticorrupción para firmar un acuerdo que permita denunciar a los miembros de ese gremio, y en lo inmediato, las “constantes” irregularidades que ocurren en Ciudad Judicial.José Luis Tello Ramírez, secretario coordinador del Consejo de Colegios de Abogados, sostiene que es necesario rescatar a los buenos elementos y evitar que la justicia “se siga vendiendo al mejor postor”.Afirma que hay 20 denuncias presentadas ante la Fiscalía del Estado por prácticas que van desde abuso de autoridad, simulación de actos jurídicos, demora en los acuerdos, datos falsos en la expedición de títulos de profesionistas y la dilatación de hasta un año en las sentencias.Ayer, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Consejo de Colegios de Abogados firmarían el convenio para denunciar a los malos servidores públicos del Poder Judicial. El titular de esa Fiscalía dijo que el “acuerdo de voluntades” implica también fomentar la cultura de la no corrupción entre los abogados, por lo que éstos, a la par de denunciar, asumirán sus funciones dentro de un marco ético.El acuerdo no será firmado hasta en tanto la Fiscalía Anticorrupción dé su visto bueno al acuerdo. Su titular, Gerardo de la Cruz, responde que no será la única instancia a la que se acerquen.Sigue: #DebateInformador¿En cuál dependencia pública percibe más corrupción?Participa en Twitter en el debate del día @informador
