Por Ana María SalazarA la luz del escándalo por las filtraciones de Edward Snowden sobre la capacidad de espionaje de Estados Unidos en el mundo, incluyendo México, debería también de abrir, de nuevo, el debate de la capacidad de “espiar” del Gobierno mexicano. Cuando Enrique Peña Nieto era candidato, cuestionó la estrategia del entonces presidente Felipe Calderón. Críticos de esta estrategia de confrontación o de “alborotar el avispero” afirmaban que el único resultado fue incrementar en una forma dramática la violencia en contra la población y citan los 60 mil muertos en el sexenio pasado como evidencia de una estrategia fallida. Probablemente, la propuesta de cambio de estrategia más importante que propuso en ese momento el candidato Peña Nieto, y de hecho la preocupación que está reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), era la necesidad de usar más la inteligencia para enfrentar las organizaciones violentas. De hecho, el entonces líder de la bancada priista en el Senado, y hoy líder de la bancada de diputados, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que la guerra contra el crimen organizado es la correcta, pero “hace falta hacer un alto en el camino para llevar a cabo una estrategia de mayor inteligencia, no de combate fuerza contra fuerza o de capacidad de fuego.” En el caso de México, este debate no debe enfocarse sólo alrededor de las debilidades y necesidades del CISEN; debe ser un debate sistémico, en el que se incluya el papel que juegan y las capacidades de inteligencia de la Policía Federal, la PGR, la Sedena y la Semar, para poder tener una solución integral. Este debate también requiere que se tenga absoluta claridad acerca de cuáles son las funciones de los organismos de inteligencia para establecer claros límites y responsabilidades, especialmente para determinar cuáles son sus prioridades. Y sobre todo, asegurar que estas corporaciones tengan los recursos mínimos para cumplir con los objetivos que se les asignan. Hace un año, en julio 2012, El Universal publicó un reportaje donde se informó que la Sedena había comprado un equipo de espionaje e inteligencia por cinco mil millones de pesos. Entre las capacidades que proporcionan estos aparatos incluye la intervención de celulares, extracción de casi toda la información que contiene un móvil como contactos, correos, mensajes, además de convertir cualquier celular en un aparato de espionaje activando el micrófono. Ante esta información, surgieron comentarios y expresiones de preocupación cuestionando la necesidad de que Sedena tenga este tipo de aparatos y si se justifica el costo. Algunos analistas tildaron de inconstitucional que las Fuerzas Armadas hagan estas funciones de inteligencia. Si es inconstitucional que las Fuerzas Armadas de este país ejerzan tareas de inteligencia y espionaje, entonces simple y llanamente habría que desmantelar al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea y mandar a todos los soldados, pilotos y marinos a su casa. De hecho, en el mismo Plan Nacional de Desarrollo hay un cuestionamiento si los parámetros jurídicos permiten que estos ejerzan las funciones de combate al crimen organizado. El debate no debe de girar alrededor de si se puede espiar o no en México y fuera de su territorio, sino debería de debatirse qué espían, qué información obtienen y con qué objetivo. Además debería replantearse si los parámetros jurídicos sobre las funciones de inteligencia en México permiten enfrentar las amenazas para México. Sobre todo hay que plantear la realidad que se vive en el país, si hay claridad sobre quién ejerce qué funciones y sobre todo, si existen los pesos y contrapesos para asegurar que los aparatos de inteligencia no abusen de sus facultades, como lo que estaría sucediendo en EU.