Las Villas Panamericanas nacieron y, seguramente, morirán entre escándalos. Desde terrenos millonarios comprados por el Ayuntamiento de Guadalajara en el Centro Histórico hasta recursos de pensiones e IPROVIPE canalizados de forma irregular, aparentes sobreprecios y opacidad en el Fideicomiso. Las Villas se han convertido en un monumento a la corrupción atrapado por fondos privados que han querido servirse con la cuchara grande, y gobiernos que no tienen ni idea de qué hacer con el mamotreto del Bajío en Zapopan.El lunes, a mediodía, la Fiscalía General del Estado aseguró el inmueble. La justificación: la investigación que se deriva de la averiguación previa 379/2015, que incluye los delitos de fraude, peculado y desviación de recursos. El primero incluye sobre todo a los particulares, a los inversionistas que participaron en la edificación de las Villas. Los otros dos delitos son achacables a los funcionarios públicos que permitieron y consintieron una presunta obra a sobreprecio. Las diligencias realizadas por la Fiscalía buscan probar dos de los delitos de la averiguación: peculado-enriquecimiento a costa del dinero público- y fraude.Detrás de la intervención de la Fiscalía hay dos debates. El primero, ¿es una operación del Gobierno del Estado para negociar en condiciones ventajosas la adquisición de los edificios o realmente existen pruebas para pensar que hay un daño material? Segundo, ¿qué tan lejos puede escalar la acción de la Fiscalía? ¿Se puede acreditar algo contra “peces gordos” del sexenio anterior o es sólo una intervención mediática que no derivará en la detención de nadie en concreto?Es sabido que el Gobierno del Estado negocia desde hace tiempo la adquisición del total de las Villas con los inversionistas, en particular con Francisco Cornejo. La diferencia entre lo que quiere el empresario y lo que ofrece el Gobierno del Estado es casi el doble: 250 millones de pesos contra 500. No es una brecha menor, que ha sido insalvable durante toda la administración del actual gobernador.Fuentes de la Fiscalía aseguran que todo la causa -379/2015- se podría desahogar en menos de un mes. Esto quiere decir que en este plazo sabremos si la justicia se está utilizando con objetivos gubernamentales o si realmente es posible comprobar el daño material, el peculado y el fraude. Hay que decirlo, que existieron irregularidades en la construcción de las Villas Panamericanas es una interpretación social muy extendida, pero en un estado de derecho no basta con la percepción, hay que probar.En el caso de los funcionarios públicos implicados, la Fiscalía tiene un reto que no es menor: probar que los funcionarios públicos que consintieron el pago de las Villas, en donde podrían estar involucrados funcionarios de primerísimo nivel de la administración anterior, lo hicieron a sabiendas de que el cobro representaba un fraude y una estafa al erario. Casos que hemos visto en el pasado como el de López Castro en el Poder Legislativo, con un delitosimilar a perseguir, quedaron archivados y sin responsables pagando. Aunque la cantidad nos lleva al ámbito de lo penal automáticamente.El Gobierno de Aristóteles Sandoval hizo campaña denunciando la corrupción del sexenio de Emilio González. Nos hablaron de los negocios por doquier: en las Villas, en el transporte público, en los Juegos Panamericanos, en la obra pública y en todo lo que usted guste agregar. Cuatro años y tres meses después, sobre la corrupción del sexenio anterior, no tenemos más que casos menores y responsables de medio pelo. Si la Fiscalía no construye un caso creíble, ha tenido dos años para hacerlo, todo terminará, de nuevo, en una cortina de humo que reforzará la idea de que o no tienen nada que puedan probar contra Emilio González o simplemente hubo un pacto transexenal. Lo veremos en los próximos 30 días.
