Hace algunos años entrevisté al padre Alejandro Solalinde y se me quedó grabada una frase: todos somos secuestrables.Ante las terribles historias sobre las matanzas de centroamericanos y mexicanos a su paso por el “sueño Americano”, se refería a los grupos delincuenciales que secuestraban a migrantes desde Chiapas hasta Tamaulipas, y que por 500 pesos amenazaban telefónicamente a las familias de éstos para que les depositaran dinero a cambio de sus vidas. Algunas pagaban. Muchos eran ejecutados, como en San Fernando.Voy al punto. En la pasada elección de 2015 surgió una iniciativa llamada #3de3. Consistía en que los candidatos presentaran sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, con la intención de saber quiénes eran, cuánto tenían y con quién se habían involucrado.Aquí en Jalisco, Alfonso Petersen, Ricardo Villanueva y Enrique Alfaro, por ejemplo, se subieron a la plataforma y presentaron públicamente las tres herramientas con rumbo a la alcaldía de Guadalajara. Sin embargo, en Jalisco, apenas una quincena de candidatos, de los más de 11 mil para las diputaciones locales, presidencias municipales o regidurías en todo el Estado, publicaron esas declaraciones.Recuerdo cómo Guillermo Martínez Mora, aspirante a la alcaldía de Zapopan, contestó de la forma más astuta para evadir su patrimonio. Fue líder de la Coparmex y luego se empoderó de cargos importantes en los gobiernos de Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez. Mi intención era saber cuánto tenía antes de pasar a la función pública y cuánto era su patrimonio 15 años después. No cedió.Encontré como respuesta un temor de Martínez Mora ante la delincuencia para decir su fortuna ganada como empresario y político. Se entiende. Pero si todos somos secuestrables, como diría Solalinde, por qué se resistió si tranquilamente puede acceder a la protección de escoltas pagados por el Estado o los municipios.Actualizo. Hoy se revive una iniciativa a nivel nacional para que todos los servidores públicos publiquen su #3de3. Es un hecho que se aprobará en los congresos federales y estatales, pero insisto en un punto: lo importante no es saber cuánto tienen sino con cuánto se van al término de sus responsabilidades constitucionales o administrativas.Independientemente de los engaños o simulaciones de políticos en sus declaraciones, sí es un avance. Sin embargo, para conocer más a los servidores públicos hace falta otra herramienta: que también se exijan las pruebas de control de confianza y la publicación de los resultados.Si al fiscal Eduardo Almaguer sus enemigos políticos lo exhibieron de que tiene poca tolerancia a la frustración, cuando transparentaron su resultado del examen de control de confianza ilegalmente, vale la pena precisar que en el Congreso deberían legislar para que sean públicos los exámenes médicos, poligráficos y socioeconómicos de los servidores públicos con altas responsabilidades.Así el electorado podría entender, antes de votar, a políticos como Enrique Alfaro, que revientan o toman decisiones equivocadas cuando las cosas no son como ellos quieren.Por eso son urgentes el #3de3 y las pruebas de control de confianza. La población merece saber el nivel y la capacidad de sus gobernantes, cuánto tienen, cómo lo consiguieron y sus condiciones mentales y físicas para gobernar.
