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Martes, 12 de Diciembre 2017

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Un GIEI cuestionado y un candidato independiente

Como desde Colombia y Guatemala se ha puesto en entredicho la labor en esos países de Ángel Buitrago y Claudia Paz y Paz, las dos ex fiscales y actuales integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar en la investigación de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en Iguala, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, ahora resulta que los abogados y representantes de los familiares quieren que a ese grupo se le extienda su encomienda, por supuesto a costo del Estado mexicano, y que, además, el propio Estado salga en defensa de las acusaciones que en sus países de origen se hacen contra esas dos integrantes del GIEI.

Las dos cosas parecen desproporcionadas. El GIEI no ha mostrado hasta ahora resultados. Sus dos grandes contribuciones han sido negar que las víctimas hayan sido incineradas en el basurero de Cocula, como lo afirmó el padre Alejandro Solalinde y después lo confirmó la investigación de la PGR y meses después asegurar, para reafirmar esa posición, que contaban con fotos satelitales que demostraban que esa noche no hubo ningún incendio en Cocula. El único problema es que ese peritaje se contradice rotundamente con los que realizaron más de cien peritos con los que trabajó la PGR y con el testimonio de los asesinos materiales, ya detenidos, que aseguran que asesinaron e incineraron a los jóvenes en Cocula. El otro inconveniente de la versión del GIEI es que esa noche estaba nublado y por ende sería imposible, en una foto satelital, en esas condiciones, observar lo que sucedía en tierra.

Pero en el tema del trabajo de Buitrago y Paz, en sus respectivos países, nada tiene que opinar el gobierno mexicano, comenzando por el hecho de que no fueron ni propuestas ni designadas por el Gobierno federal sino por el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, con quien comparten agenda e inquietudes. Son ellas las que tienen que defenderse de esos cuestionamientos que en el caso de la señora Buitrago son particularmente duros.

El Procurador General de Colombia, Alejandro Ordoñez Maldonado, consideró histórica la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de ese país al absolver al coronel retirado Alfonso Plazas Vega de las acusaciones de haber desaparecido a integrantes del M19 que, en un acuerdo con Pablo Escobar, atacaron el palacio de Justicia en Bogotá, lo incendiaron y mataron a varios magistrados, en noviembre de 1985.

La Suprema Corte sostuvo que no existían pruebas que demostraran la responsabilidad del coronel Plazas en las desapariciones, ni en acciones cometidas bajo su mando, ni tampoco por omisión. Para la Procuraduría, dice el comunicado de esa instancia, “siempre estuvo demostrado que el coronel no ordenó tales desapariciones y que por tanto no podía condenársele”. ¿Entonces por qué ese coronel estuvo años preso hasta lograr una tardía absolución? Porque se le inventaron delitos, testimonios y testigos en su contra. Y la responsable fue la señora Buitrago, entonces fiscal delegada del caso en Colombia.

El coronel fue sentenciado por el testimonio de Edgar Villamizar Espinel, que aseguró ser testigo de la detención y desaparición de los integrantes del M19, pero resulta que esa persona nunca rindió testimonio: fue “suplantado” en el proceso. En otras palabras, la fiscalía llevó a otra persona para que testificara en su nombre.

En su declaración, la verdadera, este hombre aclaró que no había hecho una declaración anterior, que ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos porque esos días simplemente estaba en funciones en otras áreas militares, esencialmente burocráticas, que nunca estuvo en el cuartel donde se dijo que fue testigo de los hechos, nunca estuvo bajo el mando del coronel Plaza y que nunca siquiera lo conoció.

Ante ello, la Suprema Corte concluyó que la acusación era una suma de falsedades. Tanto que la procuraduría de Colombia ya solicitó que la investigada sea ahora la fiscal delegada Ángela Buitrago por la suplantación del testigo Villamizar Espinel. La Corte desestimó también el pedido de la fiscal para que fuera juzgado por esos supuestos crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional el entonces presidente Belisario Betancourt, y la exigencia de que las fuerzas armadas ofrecieran una disculpa pública por los hechos cometidos.

No sé si la señora Buitrago es o no responsable de suplantar testigos y generar acusaciones falsas que llevaron a un hombre inocente durante años a la cárcel, como dice el procurador colombiano. Pero es obvio que tiene una agenda política, como la tiene quien la designó, Emilio Álvarez Icaza, quien acaba de renunciar a la CIDH porque buscará ser candidato presidencial independiente, en México, en el 2018.

Otro tema: el periódico El Noroeste dice que un servidor estuvo en el cumpleaños de Malova en Cosalá. Pues un servidor ni fue ni estuvo invitado a esa celebración.

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