Por Óscar Constantino Gutiérrez Las leyes existen para dos cosas: dar orden a la conducta y facilitar la vida en sociedad. Si no satisfacen esos dos objetivos, son reglas inútiles, incluso perjudiciales. El Congreso de Jalisco está por aprobar una nueva ley de transparencia, denominada “ley vitrina” por sus autores, que no cumple con esas finalidades. Don Efraín González Morfín solía decir que no hay disparate sin clientela; al parecer la “ley vitrina” tiene muchos clientes, hasta organismos de la sociedad civil y del sector privado que no suelen comer cuento. La pregunta es por qué grupos que suelen ser críticos y vigilantes de los intereses ciudadanos han aceptado una propuesta de ley que es virtualmente una copia de la muy cuestionada Ley de Información Pública, norma que desechó siete años de bases de datos, portales de transparencia, experiencia de solicitantes y capacitación de sujetos obligados (para no ser cumplida por 85% de las entidades de gobierno). La “ley vitrina” mantiene los cinco elementos más negativos de la todavía vigente Ley de Información Pública: 1) Un catálogo de información fundamental poco útil y complicado, que no transparenta la información más importante, que es la relativa al ejercicio cotidiano de las facultades del Gobierno; 2) Procedimientos administrativos (como el de acceso a información) burocráticos y poco claros; 3) El repertorio de facultades del Itei, que lo hacen una especie de fiscalía, juzgado y secretaría de hacienda (hasta auditorías puede realizar), de cuestionable pertinencia en un sistema constitucional de división de poderes; 4) La posibilidad de que el Tribunal de lo Administrativo revise las sanciones impuestas por el Itei, en violación del artículo 9 de la Constitución de Jalisco; y 5) Cinco normatividades distintas (todas obligatorias) para clasificar información como reservada o confidencial (ley, reglamento, lineamientos, criterios y acta), que dificultan que un ciudadano se defienda del ocultamiento de datos por parte del Gobierno. En suma, la “ley vitrina” es igual de inconveniente que la Ley de Información y ambas son inferiores a la Ley de Transparencia de 2005, que en su momento fue calificada como una de las 10 mejores del país. Sin embargo, la “ley vitrina” ofrece un consejo consultivo, con representantes empresariales, de universidades y de la sociedad civil, cuya facultad más importante es remitir al Congreso la lista de aspirantes que acrediten el examen para ocupar las vacantes de consejeros del Itei. Pareciera, desde el punto de vista pragmático, un buen intercambio: una mala ley, a cambio de adecentar el proceso de selección de consejeros. Pero el negocio es tan malo como el que pactaron Esaú y Jacob: se entrega la transparencia a cambio de un plato de lentejas. Porque no será hasta 2016 que pueda aplicarse esa facultad del Consejo Consultivo y Jalisco ya sufrió un incumplimiento legal de más de 80% de los sujetos obligados (precisamente por la mala regulación de la Ley de Información Pública, que copia su hija, la “ley vitrina”). A Jalisco le convendría liderar una iniciativa de zona común de transparencia (acceso a la información y trámites) para la región Centro Occidente de México. Mientras la Ley de Transparencia de 2005 era un buen instrumento para lograr esa normatividad uniforme (como una especie de ley tipo), la “ley vitrina” no es apta, porque su contenido es igual en 75% que el de la ineficiente e ineficaz Ley de Información. Al Congreso se le debería de pedir que no estorbara con leyes que no aportan orden y que complican la garantía y respeto de derechos humanos, como es el de acceso a la información. Y a los organismos de la sociedad civil y del sector privado, rogarles que le pongan un alto al Congreso, que pretende vender la transparencia por un plato de lentejas.