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Lunes, 14 de Octubre 2019
Ideas |

Torturados sin torturadores

Por: El Informador

Por: Ernesto López Portillo (Director del Insyde)

En México podemos identificar a víctimas de tortura pero no a quienes torturan. Se cuentan por miles las quejas por tortura ante los organismos públicos de derechos humanos; llegan denuncias por ese delito ante el ministerio público y, sin embargo, al menos en la jurisdicción federal, apenas suman 11 sentencias entre 1999 y 2014. Por absurdo que parezca, estamos ante crímenes sin criminales.

En el derecho internacional de los derechos humanos la tortura es calificada como delito de lesa humanidad. Por definición, el perpetrador es un representante de la autoridad o alguien que actúa con la aquiescencia de aquél. Este fenómeno desnuda con especial gravedad la distancia entre normas y prácticas reconocida en el Programa Nacional de Derechos Humanos del Presidente Enrique Peña. México tiene la plataforma legal para castigar la tortura, no así voluntad ni competencias profesionales para sancionar responsables. Insyde puso en marcha hace dos años una campaña nacional contra la tortura policial y éste es el hallazgo más importante de todos. Las entrevistas con operadores institucionales y sociedad civil en 12 entidades federativas no dejan lugar a duda: la tortura persiste y el castigo no llega.

Las estrategias convencionales de defensa y promoción de los derechos humanos se enfocan en lograr el acceso a la justicia caso por caso, priorizando los que, por su especial gravedad, por su condición ejemplar o por su reiteración, pueden ser calificados como paradigmáticos. Innovadores enfoques recogen además la información sobre los hechos de violación a los derechos humanos documentados en los sistemas no jurisdiccionales y jurisdiccionales, y la agregan en plataformas que permiten identificar los patrones de comportamiento y las causas estructurales que hacen posible la repetición de los abusos. Desde este supuesto, la campaña nacional se coloca no ante el plano de los casos, sino ante una dimensión de segundo piso que se propone interpretar y transformar el ambiente institucional que hospeda los casos sumados, es decir, la repetición de la tortura.

Este abordaje de segundo piso hace una lectura sistémica de los incentivos que, por un lado, llevan a un representante de la autoridad a incurrir en el delito de tortura y, por el otro, hacen casi imposible que el hecho tenga consecuencias penales. La ambición de la campaña comienza por identificar y evidenciar la práctica de la tortura, no sólo como una conducta desviada sino, más allá, como un producto institucional que le sirve a alguien para algo en condiciones determinadas y bajo el cobijo de la impunidad. Desde tal aproximación, hemos entendido que las instituciones policiales y de procuración de justicia alojan operadores y tramos de responsabilidad que crean espacios de permisividad para ese delito. Sucede en especial, tal cual lo anotó Juan Méndez, relator especial de la ONU, en el contexto de la persecución de los llamados delitos de alto impacto. Desde luego no hay registro oficial alguno que documente los espacios permitidos para la tortura; no sólo eso, casi siempre estamos ante la negación oficial. “Aquí no hay tortura”, es la frase recurrente escuchada por los investigadores y docentes representantes de la campaña. Tal es el discurso oficial; en cambio, la narrativa no oficial de los operadores institucionales es la que deja ver la mecánica de la tortura. Así las cosas, la correcta comprensión de la tortura identifica los vasos comunicantes entre las desviaciones personales y los ambientes institucionales. Y para enfrentarla desde tal presupuesto, hemos dado a conocer sendas herramientas que proponen la mejora de las competencias precisamente institucionales pero también sociales para prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura (ver www.sintortura.mx).
 

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