La vía constitucional trazada para acceder en México al poder político mediante las elecciones sigue en crisis. Y no digo está en crisis; acoto que continúa en crisis. Hace aguas por aquí y por allá. Sostén legal del sistema político, que le permite renovar de manera pacífica los cargos públicos cada trienio y garantizar la estabilidad política, social y económica, los comicios enfrentan numerosos vicios y problemas que obligan a desconfiar de los resultados, parcial o totalmente. La credibilidad de quienes se alzan o aseguran que se alzaron con el triunfo es puesta en duda, sobre todo en las elecciones presidenciales. Las dudas merman cualquier legitimidad. Los procesos electorales en nuestro país viven bajo permanente sospecha. Los mismos partidos se han encargado de crear leyes para violarlas, de legislar de tal manera que hallen huecos para no cumplir lo que aprobaron, de establecer articulados que permitan la opacidad e interpretación de los códigos electorales, de conducirse bajo la lógica perversa de llegar al poder a como dé lugar con un barniz de legalidad que encubra los intereses de los grupos que actúan dentro y fuera de las instituciones políticas. En 2006 ocurrió una crisis político electoral y, ahora, de nueva cuenta la nación se encuentra en un atolladero político que trasciende lo jurídico. Su no resolución agrava la crisis. Durante las recientes precampañas, las campañas, el día de los comicios y luego de darse a conocer los resultados, en esas cuatro fases los partidos recurrieron en mayor o menor medida a una serie de simulaciones, engaños, burdas maniobras, atropellos a la voluntad de sus propios militantes, burlas a sus propios estatutos y a la legalidad. En sí, perpetraron acciones en contra de la democracia. Podríamos repasar cómo ocurrió el proceso electoral para encontrar hechos graves, entre ellos: imposición de numerosos candidatos por las cúpulas partidistas, clientelismo ruin a cambio de prebendas de todo tipo, financiamientos oscuros en numerosas campañas sin fiscalización alguna, recursos que rebasaron de manera ingente los topes establecidos y fueron cubiertos con complicadas operaciones financieras, acuerdos políticos con las principales televisoras a cambio de proteger mutuamente sus intereses, organismos electorales integrados con la lógica de cuotas partidistas, persecución de las organizaciones sociales y políticas críticas del régimen, etcétera. Basta con informarnos sobre lo que está saliendo a la luz pública en el Instituto Federal Electoral y en los tribunales electorales para alarmarnos. El sistema político mexicano continúa en crisis. Otra reforma electoral no sería suficiente. ¿Nos habremos dado cuenta de que urge una profunda transformación que abarque no únicamente lo jurídico? Es necesaria, ahora sí, en serio, una reforma política a fondo. Por lo menos.
