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Sábado, 19 de Enero 2019

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Responsabilidad y memoria

Por: Celso Rodríguez González

Según el último informe de Transparencia Internacional, la organización más reconocida en el mundo en cuanto cifras de corrupción, nuestro país ocupa el  lugar 98 de 178, continuando así  el incremento en la percepción negativa que no se detiene desde hace algunos años, lo que de no actuar pronto, puede provocar un conflicto social muy grave. Para nadie es un secreto que México arrastra generacionalmente una tendencia por los actos de corrupción, se estima que los desvíos por esta causa superan los 80 mil millones de dólares anualmente, es decir, el flujo de dinero por simples “mordidas” o grandes sobornos, sobrepasa 10% de nuestro Producto Interno Bruto (PIB). Las causas de la corrupción aquí, tienen que ver como ya se dijo con aspectos culturales, sin dejar de lado la aún excesiva burocracia, la falta de claridad y transparencia de la administración pública, la ambición por el poder, la impunidad  y el desinterés de la ciudadanía por participar en la revisión de los actos de Gobierno, provocado por la propia corrupción e impunidad que muchos siguen alentando. Esta conducta anómala, generalmente es asociada con autoridades públicas y algunos malos empresarios que manipulan el ejercicio del gasto público en beneficio de funcionarios y particulares, y se perciben como acciones lejanas a nuestras conductas cotidianas. Sin embargo las cifras de medición tienen que ver también con actos fraudulentos entre particulares que son mayoritarios en cantidad. Hace algunos años era frecuente escuchar mensajes publicitarios mencionando en un buen ánimo propositivo “la solución somos todos”, pero bastaron las primeras ediciones para que el imaginario colectivo de inmediato modificara la frase para señalar “la corrupción somos todos” y es que efectivamente los analistas señalan que ninguno de nosotros estamos exentos de caer, propiciar o presenciar un acto de corrupción. La falta de honestidad en política, es a juicio de observadores internacionales, una de las clasificaciones de la corrupción que son detonantes de otras conductas. Desde siempre el apetito desmedido de poder ha propiciado irremediablemente la violación de las normas para obtener una posición, un resultado o la omisión de éste, en beneficio personal de un político, grupo o partido. La utilización del voto ciudadano para acceder a un puesto o el ascenso a un cargo de representación sin tener el perfil o la capacidad para desempeñarlo, van acostumbrando poco a poco a que la población asuma como normal el engaño y pierda la confianza en los métodos democráticos de elección propiciando apatía y desencanto, no obstante que el costo para “blindar” el sistema político democrático, nos coloca como uno de los  países que más invierte en la organización de sus comicios. También somos la nación en la que es factible que una elección de un gobernante de una Entidad federativa sea más costosa que la elección del presidente de varias naciones sobre todo latinoamericanas. La corrupción y la impunidad, a juzgar por diversos estudios realizados para el Banco Mundial, son factores que marcan considerablemente el índice de confiabilidad de un país para la inversión productiva extranjera, nadie invierte en industrias que generan empleos permanentes en naciones donde se puede corromper constantemente la aplicación de la ley. Es México un país de leyes, se ha considerado de vanguardia a nivel mundial en cuanto a la amplitud y calidad de su normatividad; el problema se dice, es la falta de aplicación de dichas leyes. Entre más complicado y burocrático se vuelve un trámite o juicio, más oportunidad se abre para los actos de corrupción, que dicho sea de paso, son completados por “particulares” muchas veces sólo para evitar la tardanza. El acto de corrupción viola la ley, afecta  la confianza en las instituciones, lesiona la economía y propicia la descomposición social. En este proceso todos somos  parte y por lo tanto también responsables. Desde luego que podemos erradicarla, pero resulta necesaria una actitud individual consciente y decidida, acciones coordinadas y la participación activa en la revisión de las acciones de Gobierno. Comencemos por exigir que se aclaren los escándalos locales, que se explique con claridad y denuncien los excesos de facultades en que han incurrido muchos malos servidores públicos, quienes esgrimiendo argucias legales y excediendo sus atribuciones comenten actos que persiguen asegurar su injerencia en diversas instituciones y mantener feudos de poder a su servicio y conveniencia, para que en el futuro sigan manipulando redes de complicidades y tráfico de influencias para beneficiarse en lo particular o disponerlas al servicio de grupos o intereses políticos, partidistas o electorales. Exijamos claridad y transparencia en todas y cada una de las dependencias públicas y particulares que manejen o sean destinatarios de los recursos del erario, que se nos diga por qué no se gasta el dinero en obras prioritarias para la comunidad y sí en simulaciones y obras fantasmas, que expliquen sus procesos de licitación, de contratos y garantías para el cumplimiento en tiempo y valor de las obras públicas. Tengamos memoria política y emitamos cuando sea el tiempo, nuestro voto a favor de aquellos que tengan un programa de Gobierno realizable, lógico y planeado, pero que tengan en sus filas a perfiles políticos que cumplan con sus ofertas y promesas, especialmente las de beneficio social. Votemos por aquellos que presenten una planilla de candidatos en la que ni uno solo tenga señalamientos de abuso de poder o corrupción y estemos atentos desde ahora, al desempeño y carrera política de los aspirantes a cualquier puesto de elección popular. Si queremos llegar a la meta comencemos por hacer camino.

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