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Domingo, 20 de Enero 2019

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Reforma electoral a prueba

Por: Celso Rodríguez González

El recién integrado Órgano Electoral en el Estado, dio el banderazo de inicio del proceso electoral local que encuentra su punto de definición el 07 de junio de 2015, fecha en que se habrán de renovar el Congreso del Estado, así como los 125 titulares de las presidencias municipales jaliscienses.

Será la primera ocasión en que quienes integran el órgano colegiado asuman la responsabilidad de organizar una elección en Jalisco, que además coincidirá con el proceso federal intermedio en el que se elegirá en votación directa a 300 de los integrantes de la Cámara de Diputados federal, para la siguiente legislatura.

Las condiciones en que asume su función el órgano electoral, no son distintas a las que se dan en otras entidades del país, encontrándose con la obligación de atender el inicio y desarrollo del proceso mientras termina de integrarse en forma definitiva dados los recursos jurídicos interpuestos por quienes participaron en la convocatoria y estiman violentados sus derechos.

Aún es factible entonces que quienes ahora están inmersos en esa delicada actividad deban dejar sus cargos ante el reconocimiento judicial de irregularidades en el proceso de selección llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral que, dicho sea de paso, también estrenó esa facultad producto de la controvertida reforma electoral.

Todavía se lamentan algunos de la que se considera una intromisión de la Federación en los estados al asumir la designación de los consejeros del órgano electoral local con el argumento principal de evitar la manipulación de su nombramiento por las fuerzas políticas estatales, lo que evidentemente está lejos de ser una realidad a la luz de los antecedentes de los actuales integrantes en el órgano jalisciense.

Ni duda cabe que los órganos responsables de la organización de los procesos electorales deben ser integrados por especialistas en la materia y con capacidad para estar en ellos, lo que no impide que naturalmente tengan una vinculación, simpatía, antecedente partidista o relación con poderosos líderes de opinión, eso desde luego, cuando son honestos y responsables, no les resta calidad moral para ocupar el cargo.

La inconformidad de la reforma en sus términos es porque el órgano nacional se atribuye esa facultad de designación sin que pueda tener el mismo conocimiento del contexto y relaciones de los aspirantes como lo tendrían los funcionarios locales que los designaban y que aún con sus limitaciones encontraban los puntos de equilibrio que los hacían funcionales y confiables.

Otro aspecto controvertido es que el financiamiento de los órganos locales seguirá a cargo de los gobiernos de los estados, en lo que no participa la Federación, dejando la impresión que no se tiene la confianza en las entidades para la organización de sus propios procesos y requieren que se les designe por el Instituto Nacional pero sí los considera capaces para dejarles la carga de su presupuesto, en una forma de centralismo que desde siempre Jalisco ha repudiado.

Sin duda el proceso electoral de 2015 será una dura prueba que ubicará en sus dimensiones a la reforma electoral.
 

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