Dos problemas graves se distinguen de los muchos que tenemos que superar a la brevedad como Estado si es que aspiramos a colocarnos en el grupo de los llamados de primer mundo, son la pobreza y la educación. Del primero, la pobreza, hemos recibido desagradables noticias en los informes que en fechas recientes se dieron a conocer respecto de la incorporación, sin freno, de un número cada vez mayor de mexicanos a los diferentes grados de pobreza reconocidos mundialmente. Del segundo, la educación, las noticias no son mejores, especialmente cuando las diferentes mediciones nos dejan muy mal colocados en comparación con otros países de la región americana incluso de los que se consideran con menor potencialidad que el nuestro. Con justificada razón, entonces, la agenda legislativa y del ejecutivo federal tuvieron a estos dos temas como prioritarios al arrancar el año desembocando en senda reforma constitucional en el caso de la educación, que ahora tiene su segunda prueba con las manifestaciones magisteriales que aspiran a participar en las modificaciones de las leyes secundarias, tratando de conservar algo de su acostumbrada influencia en la materia. El combate a la pobreza ha tomado también un impulso diferente, con una estrategia esperanzadora llamada “Cruzada contra el hambre” de la que se esperan resultados positivos que al menos detengan el acelerado deterioro en la calidad de vida de la gran mayoría de los mexicanos. Dentro de ese panorama, la entrega de útiles escolares a estudiantes de escuelas oficiales de preescolar, primaria y secundaria, se convirtió en una idea que si bien no es novedosa en su concepción, si lo es en cuanto a su cobertura, dinámica y financiamiento, lo que ha generado un aplaudido descanso y respiro de sus beneficiarios. Contrario al vaticinio de los adversarios políticos al gobierno estatal, la entrega y aceptación del programa social fue exitoso, productivo y reconocido por propios y extraños, más allá de si los recursos ahorrados al eliminar una serie de ominosas prestaciones a funcionarios de alto nivel, fueron suficientes o no para pagar el fuerte monto que representó la adquisición de los paquetes escolares. Extrañamente se pudo observar que la coordinación entre las secretarías estatales encargadas del programa y los gobiernos municipales, permitió en algunos casos que los estudiantes recibieran incluso el uniforme y algunos otros enceres también necesarios para el correcto aprovechamiento del ciclo escolar. Si bien no es a través del paternalismo como se dará solución a los pesados lastres de la educación y la pobreza, sin duda, este programa estatal y la acertada coordinación con otros niveles de gobierno, representan una muy buena idea que ayuda a paliar al menos un gasto que resulta tan indispensable como productivo para todos los jaliscienses.