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Miércoles, 16 de Enero 2019

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Poderes enfrentados

Por: Raymundo Riva Palacio

Poderes enfrentados

Poderes enfrentados

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza, ha aguantado todas las críticas públicas que el Presidente Felipe Calderón ha hecho al Poder Judicial por su papel en el transcurso de la guerra contra las drogas. Miedo y corrupción son una constante en los casos relacionados con la delincuencia organizada. También lo son negligencia y venganzas contra el Ejecutivo por sus reclamos. Silva Meza no ha respondido porque no quiere provocar un enfrentamiento abierto entre los dos poderes. Pero el problema no se resuelve y la justicia se deteriora. El Poder Judicial está cobrando facturas al Ejecutivo. Más de 50 órdenes de aprehensión contra presuntos criminales vinculados a los cárteles de las drogas, están retenidas por jueces. Hay 14 casos sin solución sobre competencia de jueces. La lucha institucional contra el crimen organizado está fracturada y no hay un frente homogéneo del Estado Mexicano, con lo cual una victoria, como la ha venido ofreciendo en el largo plazo el Presidente, será imposible. La dinámica de la confrontación afecta directamente la aplicación de la ley, deja en la incertidumbre la responsabilidad o culpabilidad de presuntos delincuentes, o la impresión de impunidad. Un caso es el de Gregorio Sánchez, ex candidato al Gobierno de Quintana Roo apodado “Greg”, detenido por delitos relacionados con la delincuencia organizada, a quien un juez federal le otorgó la libertad en julio para ser detenido inmediatamente por la PGR por presunto “lavado” de dinero. El juez dijo que la PGR no había aportado evidencia para mantenerlo en la cárcel. Sin embargo, el año pasado otro juez aceptó las pruebas que presentó la PGR y obsequió la orden de aprehensión. ¿Por qué un juez, con las mismas pruebas, ordenó su arresto, y otro juez, con la misma documentación determinó su libertad? Para que la PGR pudiera presentar una nueva orden de aprehensión contra “Greg”, en prevención que el juez de Chihuahua lo liberara, presentó nueva evidencia sobre “lavado” de dinero ante una jueza en Nayarit. Una funcionaria de la PGR viajó a Nayarit con 17 kilos de evidencia en papel, pero la jueza se declaró incompetente y la envió a Cancún. En esa ciudad el juez también se declaró incompetente sobre el caso. Ninguno de los dos jueces quiso aceptarle nada, después de ocho viajes que realizó la funcionaria entre los dos estados con sus 40 tomos de expediente. La PGR logró una orden de arresto domiciliario para mantener a “Greg” bajo vigilancia policial en su casa, con un brazalete electrónico, mientras un tribunal unitario resuelve el conflicto de competencias. No se ha alcanzado una solución porque el Poder Judicial se fue de vacaciones. El pantano jurídico en el que se encuentra este caso ilustra los problemas que se viven con el sistema de justicia mexicano. ¿Por qué fallaron antagónicamente dos jueces sobre “Greg”? ¿Cuál es la verdadera responsabilidad jurídica del acusado por la PGR? ¿Cuáles son las motivaciones reales de los jueces para tener, sobre los mismos parámetros legales, dos fallos contradictorios? ¿Hay acaso factores subjetivos –como pudieran ser el temor- que afectan las decisiones? ¿Hay errores en la integración de expedientes? En cualquier caso, el conflicto entre poderes sólo contribuye a una mayor opacidad. La liberación de Jorge Hank Rohn es otro ejemplo de lo que está sucediendo entre los poderes. Una jueza en Tijuana aceptó las evidencias de la PGR para arrestarlo, con base en posesión ilegal de armas. La detención motivó una intensa presión pública y política, y la jueza habló telefónicamente con su mentor Silva Meza. Días después, la jueza desconoció las pruebas que había aceptado de la PGR, y dio un giro de 180 grados a su fallo, lo cual es insólito. En el fallo de liberación, la jueza omitió, de manera también inexplicable, toda referencia al delito por el que se le detuvo, y fincó su decisión en cuestiones de procedimiento durante el arresto. El Consejo de la Judicatura difundió inmediatamente un comunicado de prensa en su página de internet donde emitió una opinión favorable sobre el fallo, lo que causó extrañeza en medios legales porque ese órgano nunca emite puntos de vista. A las pocas horas el Consejo, cuya opinión también soslayó el tema del delito, eliminó ese comunicado de su página oficial, sin explicar por qué lo hicieron y por qué recularon. El presidente del Consejo es, como en la Suprema Corte, Silva Meza. ¿Está jugando a la política la Suprema Corte? ¿Está el Poder Judicial politizando sus acciones? Ministros y magistrados rechazan las imputaciones, pero continúan dándose casos controvertidos. Hace poco más de una semana un juez otorgó un amparo a Sandra Ávila, llamada “La Reina del Pacífico”, contra la Secretaría de Relaciones Exteriores que frenó su extradición a Estados Unidos. La notificación a ella debió haber tenido copia para la cancillería y la PGR, que sin embargo se enteraron del fallo judicial por los periódicos. Aún con la sorpresa por la selectividad irregular del Poder Judicial, el Gobierno se enteró también por la prensa que, además, el juez la absolvió a ella y a su ex pareja, Juan Diego Espinosa, “El Tigre”, quien fue por más de una década el enlace del cártel del Valle del Norte en Colombia con las organizaciones mexicanas, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita porque, argumentó, la PGR no pudo demostrar sus acusaciones. Ávila enfrenta todavía una acusación por “lavado” de dinero, que es uno de los delitos más difíciles de probar. La creciente frecuencia con la que el Poder Judicial está fallando en contra de la PGR, ha motivado las críticas del Presidente Calderón, quien ha llegado a denunciar corrupción de jueces. Algunos de ellos, defendidos en un principio por el Poder Judicial, ya se encuentran presos por corrupción. Otros han experimentado enriquecimientos inexplicables tras fallos a favor de presuntos criminales vinculados al narco. La lucha entre poderes no sólo ha lastimado al sistema de justicia en lo general, sino, se puede alegar, mermado la credibilidad de instituciones, lastimado a inocentes y protegido a culpables. Esta lucha es tan absurda como el mensaje enviado por algunos jueces a las autoridades: a más críticas, menos casos les vamos a dar. La ley no puede estar a contentillo de algunos o de los poderes. Pero tampoco lo que está sucediendo en el sistema de justicia mexicano se limita a venganzas y negligencias. El miedo y la corrupción no pasa por ese rasero. Si lo primero requiere de un entendimiento entre poderes, lo segundo pasa por una reforma, urgente, al sistema judicial.

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