Partidos ricos, pobres pobres

Retomo otro ángulo del tema que abordó en su columna Jorge O. Navarro el martes pasado, sobre lo carísima que es nuestra democracia. Esta afirmación la sustentó en datos oficiales: del año 2000 a 2011, el financiamiento público total que recibieron los partidos políticos en México fue de 36 mil 063 millones de pesos. Cifra que, comparo, equivale a seis veces el presupuesto que ejerció en 2010 un municipio como Guadalajara. Da otras cifras: 117 mil 464 millones de pesos se gastaron, a partir del año 2000 y hasta la fecha, en el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la poco eficiente Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales. Agrego otras cifras: el IFE recién solicitó a la Cámara de Diputados (o sea, lo que los partidos políticos ahí representados se aprobarán a sí mismos) que dentro del Paquete Económico para el año próximo destine y apruebe 15 mil 992 millones de pesos. Los casi 16 mil millones servirán para las elecciones federales y 15 locales. Ese monto sería para la operación del IFE, el costo de los comicios y cinco mil millones de prerrogativas a los partidos. Mientras los partidos reciben millonarios recursos, otro enorme sector de la población sobrevive de migajas: entre 2008 y 2010 la población en pobreza de México pasó de 44.5% a 46.2%, lo que representa un incremento de 48.8 a 52.0 millones de personas. Partidos ricos, población pobre. El dato es oficial. Lo reveló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. Nuestra democracia, restringida básicamente a lo electoral, no ha sido un factor que incida en el abatimiento de la pobreza. Dicho de otra manera: acudir a votar a las urnas cada tres años no ha repercutido en que disminuya la marginación social. Sí ha servido la democracia circunscrita a tachar boletas electorales para, entre otros indicadores, fortalecer a los partidos y sus grupos internos, otorgarles más poder, más recursos, más canonjías, más burocracia. Los ciudadanos apartidistas padecemos una partidocracia. Suele destacarse que el millonario gasto en partidos es una inversión que garantiza estabilidad política y social. Sin embargo, tal estabilidad es falsa, endeble, encubridora, incompleta, cuando abunda la miseria. La democracia no es tal si no existe justicia social. Para los partidos hay prerrogativas seguras, millonarios recursos seguros, dinero a raudales de nuestros impuestos. Para los marginados de siempre, sólo incertidumbre, en ocasiones caridad, a veces apoyos oficiales enteleridos y, diario, la cruda realidad de hundirse más en la pobreza.