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Nada que celebrar el 18 de marzo

Por Jesús Zambrano Grijalva (Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados)

La expropiación petrolera fue un hecho heroico y nacionalista de nuestra industria petrolera, mediante el decreto anunciado el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. El 7 de junio de ese año, se crea Petróleos Mexicanos (Pemex), que sería la única empresa encargada de realizar todos los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo en el país. Y esa decisión fue la base del desarrollo del país durante siete décadas.

Sin embargo, la reforma energética de 2013 y 2014 marcó un destino radicalmente diferente para Pemex; su objetivo no era fortalecerla, sino debilitarla. Tampoco convertirla en Empresa Productiva del Estado, porque ni es empresa, ni es productiva por el sometimiento hacendario, y ni es de Estado, porque éste abandonó garantizar la seguridad energética nacional a través de su empresa petrolera.

Los bajos precios internacionales del petróleo han impactado negativamente los ingresos de las finanzas públicas y puesto en una encrucijada la reforma energética que tanto publicitó el Gobierno federal, cuya “solución” ante este contexto adverso ha sido sacrificar a Pemex al reducir su presupuesto para cuadrar las finanzas públicas de corto plazo y achicarla para permitir la entrada de empresas extranjeras.

La estrategia fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de recortar presupuestalmente a Pemex, tranquiliza en el corto plazo a la industria energética nacional e internacional. Pero el balance general y los resultados, son aterradores; Pemex está quebrada.

De 2013 a 2015, Pemex pagó por impuestos y derechos a la SHCP poco más de 2.5 billones de pesos. Tuvo utilidades negativas de menos 1.1 billones de pesos; tan sólo en 2015, una utilidad negativa de 521 mil millones de pesos, magnitud nunca antes vista en la historia de nuestra empresa petrolera. En promedio, de cada 10 pesos que gana Pemex, Hacienda le quita vía impuestos esos 10 pesos, más 4 adicionales (una carga fiscal sobre utilidades de ¡140%!).

Los números rojos en Pemex se deben a su régimen fiscal, que confisca y expropia sus ganancias y no le permite su reinversión; se encuentra en un colapso financiero sin precedente. Todo para cuadrar las finanzas públicas ante la falta de una reforma hacendaria integral que el Gobierno federal se niega a diseñar y a poner sobre la mesa de discusión del Congreso.

Los últimos anuncios de la SHCP envían el mensaje de que alrededor de la industria petrolera seguirá habiendo negocio y que todos los activos y fierros que deje Pemex por “falta de liquidez” serán traspasados a la iniciativa privada.

Ajustar el cinturón presupuestal a Pemex tiene el propósito de achicarla, reducir el gasto público para contraer la demanda nacional y trancar la economía, con el agravante de arriesgar la seguridad energética. El Gobierno federal administra la crisis de las finanzas públicas, de Pemex y de la seguridad energética, para heredar todo al próximo gobierno en 2018.

El régimen fiscal de Pemex, su situación financiera y la baja en la producción de petróleo lo sabía Hacienda mucho antes de la caída estrepitosa de los precios del petróleo. Esta Secretaría forma parte del Consejo de Administración de nuestra petrolera, antes y después de la reforma energética. El Consejo y Hacienda —que realmente manda en el máximo órgano de decisión— son corresponsables del colapso fiscal, financiero y operativo de Pemex, que no puede ni debe quebrar.

El Estado mexicano no debe abandonar a la empresa más importante y emblemática del país. Hacienda ya no debe hacer política fiscal con encuadres de política energética. Se tiene que apuntalar a Pemex y modificar la fallida reforma energética. Pero sobre todo, comenzar a discutir y a diseñar una reforma de la reforma en los ámbitos energético y hacendario.

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