Mucho antes de que el nombre del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se volviera un referente nacional de la muerte, en el PRD ya sabían que su correligionario estaba acusado de amenazas y asesinato.Repetir que Abarca fue acusado del homicidio del activista Arturo Hernández Cardona 15 meses antes de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa es una obligación moral, pero no sirve de nada. Como no sirvieron las denuncias de entonces, realizadas al interior del Partido de la Revolución Democrática y, ni más ni menos, ante los titulares de la PGR y la SEGOB.Nada se hizo en contra de Abarca antes de septiembre de 2014 y el resto es historia.Y una vez ocurrida la noche de Iguala, ya se sabe, Abarca se dio a la fuga en medio de balbuceantes explicaciones de los perredistas sobre cómo fue que nunca atendieron las denuncias, públicas y privadas, sobre ese perredista. El mea culpa del PRD incluyó propósitos de enmienda, de que nunca más se les colaría un Abarca, de que tendrían cuidado en la selección de candidatos, de que aprenderían de la terrible lección.Cómo explicar entonces que hoy, 30 meses después de las primeras acusaciones contra Abarca, la opinión pública se viene a enterar que el alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, estuvo preso por haber sido detenido in fraganti por tráfico de personas, y que visita en un penal a una persona sentenciada por secuestro. Esto no es un déjà vu. Esto es una tragedia. Es además la confirmación de la impunidad en todas sus acepciones. No aprendemos y no hay consecuencia si no aprendemos. Ni jurídicas, ni políticas, ni sociales. Nuestra clase política no entiende ni siquiera cuando sus desatinos van más allá del desfalco: no corrigen ni cuando sus limitaciones cuestan vidas.Porque a tres semanas del asesinato de la alcaldesa de Temixco Gisela Mota, sus propios compañeros de partido han desplazado el tema, gravísimo, del crimen en contra de la perredista a un segundo plano. No pudieron evitar hacer leña del árbol caído.Hoy nadie se acuerda de la alcaldesa asesinada, todo se reduce a una lucha caníbal entre perredistas de Morelos. Por el puesto dejado vacante en Temixco y, con el pretexto del mando único en Morelos, por acumular más poder. O mejor dicho, sobre la tumba de Gisela Mota se ha desatado una batalla por los huesos futuros, es decir, por hipotéticos cargos y/o candidaturas en siguientes procesos electorales.Triste espectáculo. Los perredistas se acusan mutuamente de querer lucrar con la muerte de su compañera. Unos a favor de imponer el mando único, otros a favor de impedir eso al gobernador… perredista.La alarma que sonó tras el homicidio de una prometedora joven ha sido sofocada por la grilla. Hoy el PRD no está ocupado de la justicia, lo que quieren diversos militantes de ese partido es aprovechar la rentabilidad del asesinato político que marcó el inicio del 2016.De ahí que no sorprenda el desplante del alcalde de Tlaquiltenango: abierta la crisis por la muerte de Gisela Mota, demanda el amparo de la Corte sin rubor alguno por sus propios antecedentes ante la justicia y sus nexos con una secuestradora sentenciada.El PRD no aprendió nada de Abarca en Iguala. ¿Cuántos candidatos perredistas con antecedentes problemáticos habremos de descubrir una vez que la sangre haya llegado al río?
