De los pendientes que deja la LVI Legislatura del Senado de la República está uno que a pesar de su relevancia pasó desapercibido, se trata de la regulación en las prácticas de cobranza que realizan despachos a través de actos intimidatorios. En octubre del año pasado las fracciones del PRI, Verde Ecologista y PRD presentaron en la Cámara Alta una iniciativa conjunta para sancionar a los bancos o empresas que incurran en estos hechos a través de la facultad que se le otorgaría a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para aplicar sanciones que iban desde los 200 a tres mil días de salario mínimo. Así como se presentó, se olvidó. La realidad es que a la fecha sigue el problema de una inadecuada cobranza y los usuarios padecen el vacío legal que genera esta situación. Es claro: si se debe hay que pagar, pero ¿qué sucede cuando por causas ajenas un tarjetahabiente de cualquier banco o un cliente de alguna tienda departamental tiene un saldo pendiente? Inicia la cacería de deudores y de las víctimas —tanto de los que deben como de los que cobran— y le explico por qué. La cuenta del deudor se traslada al despacho encargado de cobrar a quienes —ante el limbo en las leyes— emprenden acciones intimidatorias que van desde las continuas llamadas con grabaciones a cualquier hora del día, pasando por las amenazas, hasta la falsificación de cartas de embargo. La historia inicia con el acoso en plazas, tiendas, aeropuertos, por parte de agentes desesperados en endilgar a como dé lugar un crédito, entre más solicitudes tengan será mejor su sueldo, de ahí que facilitan el proceso al grado de que cuando se piden las referencias, éstas no son investigadas. ¿Qué sucede entonces? Cuando el moroso no paga los misiles de cobranza se dirigen a las referencias que registran aun cuando éstas —insisto— sean inventadas o ficticias. Un caso llegó al correo de este espacio en donde una señora de 75 años es la víctima de un deudor que no conoce y de un despacho de cobranza que la acosa día y noche para que pague lo que “alguien más” debe. Ni la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ni la Condusef pueden hacer algo, más que recibir las quejas y apegarse al código de ética existente (firmado entre ambas dependencias e instituciones financieras) en el que no se pueden recibir llamadas telefónicas antes de las seis de la mañana ni después de las 11 de la noche, luego tener que esperar 20 días para conciliar entre las partes involucradas y quizás, se pueda hacer algo para frenar los cobros agresivos, siempre y cuando se compruebe con documentos oficiales que no son, los que dicen que son. Transcurre el tiempo, las leyes en pausa y los despachos siguen disfrutando el margen de acción que tienen apegados a cualquier elemento, como la tecnología, para cumplir su objetivo: compra de bases de datos por internet y de software automatizados para realizar llamadas que adquieren con sólo pagar 50 dólares. La siguiente semana continuaré con el tema.
