Hoy hace siete años la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 1/2009 dirigida al Gobierno del Estado, a la Comisión Estatal del Agua, al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado y a los gobiernos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Tototlán, Atotonilco el Alto y Arandas.En total se emitieron 172 recomendaciones, pero lo más relevante es que se dio la razón a los pobladores que desde décadas atrás denunciaron que la contaminación del río Santiago enferma y mata a las personas, especialmente de las poblaciones de Juanacatlán y El Salto. La macro recomendación 1/2009 recogió la historia ya contada de cómo un río que era fuente de vida y medio de subsistencias para cientos de miles de personas se convirtió en origen de enfermedades, dramas y muerte.Si bien las autoridades de Salud de Jalisco y de la Federación se han negado a reconocer que hay una relación causal directa entre la contaminación del río y el aumento de enfermedades y muertes, la macro recomendación mostró claramente dicha relación a partir de las copias certificadas de las actas de defunción de las oficinas del registro civil de El Salto y Juanacatlán entre los años 1978 y 2008. En dichas actas se revela que las defunciones por cáncer aumentaron 179 por ciento, 317 por ciento por insuficiencia renal, 700 por ciento las muertes por diabetes y 1,100 por ciento las defunciones por infarto al miocardio.A pesar de las evidencias mostradas, la realidad es que a siete años de esta macro recomendación, los gobiernos implicados han hecho poco o nada para remediar la fuente de esta terrible devastación ambiental.El anterior gobierno estatal, encabezado por el panista Emilio González Márquez, intentó lavarse las manos diciendo que la fuente de la contaminación del río se resolvería, en buena medida, con la puesta en operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Ahogado. Y si bien es cierto que las aguas residuales (y desechos fecales) de los tapatíos arrojados al río Santiago son fuente de contaminación, lo que no dijo y mintió de manera deliberada el ex gobernador, es que la planta de El Ahogado no está diseñada para tratar las aguas contaminadas con metales pesados y hay más de mil metales pesados que envenenan al río. Las cosas no han mejorado con el actual Gobierno. Para empezar, se han ignorado una de las recomendaciones más importes que consiste en la inspección permanente de las empresas que vierten contaminantes al río y su clausura en caso de infligir las normas ambientales. El Gobierno estatal tiene apenas cuatro inspectores para vigilar descargas de cientos de industrias. En realidad ha renunciado a inspeccionar, y esto se debe a que se ha impuesto como política del Estado mexicano cuidar la inversión privada antes que la salud de los pobladores, o dicho de otra forma, dar prioridad al capital, antes que a la vida. Por eso, la macro recomendación de hace siete años no ha servido de nada para los pobladores que se siguen envenenando y muriendo por causas que podrían ser evitadas.
