Los tratados internacionales y la justicia local

Dentro del marco jurídico que nos rige a los mexicanos, recientemente se ha generado una expectativa social derivada de una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aclara la trascendencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y su aplicación en la administración local de justicia. Desde muchos años ha existido una serie de posiciones encontradas en relación a la jerarquía de leyes y la prioridad en la aplicación a la hora de resolver una controversia jurídica, el debate ha sido tomado por todos quienes tienen relación con la materia jurídica porque se ven inmersos en esa disyuntiva que finalmente ha dilucidado la Corte hace algunos días. Los tratados internacionales en una concepción muy básica son los acuerdos que celebra el Estado, en este caso el mexicano, mediante los cuales adquiere obligaciones y facultades en materias específicas que generalmente tienden a guardar el orden y el respeto entre las naciones cuando existe un conflicto para el cual existe regulación distinta en los países en pugna. El tema de los tratados a los que se refiere la resolución de la Corte es el de los derechos humanos, materia en la que también recientemente ha sido promovida una amplia reforma aplicada en los juicios de amparo, mediante la cual la violación de estos es ya motivo de procedencia. La trascendencia de la posición de la Corte, a decir de algunos ministros, es complementaria a estas reformas porque amplía al ámbito de los estados federados, de manera contundente, la obligación de tomar en cuenta primero los tratados internacionales antes que las leyes locales en el caso que éstas se contrapongan en un juicio relacionado con derechos humanos. Así las cosas, resultará urgente que la estructura judicial, de primera y segunda instancia de Jalisco, estudiemos detalladamente el contenido de los tratados internacionales firmados por México, tal como lo hacemos también con las leyes estatales. Es una tarea que requiere del esfuerzo y la voluntad de todos para insertarnos de manera ágil y oportuna a las disposiciones recién resueltas, para que el beneficio indudable de las reformas llegue a los jaliscienses eficientemente. Se trata sin duda de una resolución fundamental que plantea un cambio, necesario en el corto plazo, en la cultura jurídica nacional, encaminada al respeto pleno de los derechos humanos de quienes habitan y transitan por México. Con la aplicación de los tratados internacionales que han sido suscritos por nuestro país, todos los jueces estarán obligados en su caso, a fundar en ellos sus resoluciones y normar sus criterios. La medida favorece y privilegia el respeto de los derechos humanos, tema en que como nación habíamos quedado rezagados con relación a otros países, incluso latinoamericanos, quienes previamente adoptaron diversas medidas para preservar el respeto hacia los derechos humanos. Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es producto de una inercia internacional en cuanto al reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, se persigue un beneficio social acorde a los nuevos tiempos y las actuales necesidades y, sobre todo, se busca que los juzgadores no sean omisos en el tema, como anteriormente sucedía, en muchos casos. Ahora el tema es claro, velar por la protección y defensa de los derechos humanos, no será una opción, sino una obligación en beneficio de la sociedad que todos debemos acatar para fortalecer nuestro estado de derecho y estar en condiciones de impartir una justicia más humana y más digna.