Emprender la prohibición de un acto -más si lo prefieren los jóvenes- es una manera segura de expandirlo. Los diputados han aprobado penalizar con siete años de cárcel a todo aquel que se atreva a practicar el graffiti. La iniciativa es de un diputado tricolor.El graffiti ha sido y es una expresión de rebeldía social por parte de grupos inconformes con el sistema de gobierno, quienes usan principalmente los muros, sin importar si son públicos o privados, para comunicar sus demandas y afrentas en grafías cifradas, sólo reconocidas y leídas por los suyos.De ahí que el graffiti tenga un origen clandestino, con una alta connotación política y social, identificado como una expresión subversiva, a la cual se le ha querido aniquilar con mecanismos represores que solo alientan su buen estado de salud y creciente bonanza.Los diputados optan por una iniciativa lejana a la solución que buscan, porque no han querido leer con sensibilidad el problema que presumen atender. Continuar con la política donde se criminaliza a los jóvenes y todavía más grave coartar con el peso del Estado la libertad de expresión, es un modelo inigualable de legislación retrógrada que, vaya realidad, promovieron los que se ostentan como diputados cercanos a la gente. La ignorancia no respeta ideologías y menos cuando éstas son etiquetas para el mejor comprador.Solo como acto de memoria, hace unos meses, también una diputada tricolor se envolvió en la bandera del derecho al acceso de la cultura y en su euforia generosa, “proclamó” al graffiti como “arte urbano efímero”, al mismo tiempo que emprendía una cruzada por imponerlo como una más de las bellas artes.Delincuencia o arte, el graffiti es una innegable expresión cultural que como tal debe ser atendida desde esa óptica, que implica una respuesta más compleja y exige conocimiento del fenómeno. Solo con seriedad y sensibilidad en la solución, se podrá llegar al objetivo. Dar manotazos de gorila y garrotazos de cavernícola nos regresa a un pasado que todos creíamos superado.Diputados de la misma Legislatura y del mismo partido, aunque con visiones distintas y muy lejanas de la necesidad real: Marco Antonio Barba Mariscal y Rocío Corona Nakamura. La diputada acabó por renunciar a su Molino de Viento y sería conquistada por la idea deslumbrante del diputado. Ahora los dos próceres ven cumplida su misión y su encargo desde el pasado 27 de julio (en respuesta a su demandante que desde luego no es el pueblo de Jalisco), que se concreta en siete años de cárcel para quienes se atrevan a expresar lo que piensan o sientan, con graffiti.
