Legislación parcial

Corral reforzó: “Se mejora en algunos aspectos técnicos y se hacen precisiones importantes; sobre todo, en el tema de la jurisdicción civil para la competencia de investigar y sancionar delitos que cometan los miembros de las Fuerzas Armadas en tareas de combate al crimen organizado”. Este lunes, priistas y panistas seguían forcejeando en torno de la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones. “Nosotros”, hubo dicho Corral Jurado, “no hemos planteado nunca que estemos sujetos a un extraordinario; se ha hablado para otras materias. Cuando tengamos el dictamen, conforme al reglamento, lo vamos a presentar a la mesa directiva, y ya sabrá ésta si abre un periodo extraordinario o lo depara para septiembre”. El panista, en su calidad de presidente de la Comisión de Gobernación, había citado a reunión al Pleno, para la instalación de una subcomisión que estuviera encargada de dictaminar la Ley de Seguridad Nacional. Pero lo había hecho sin el supuesto consentimiento del pleno de la Comisión. Y esto era lo que le recriminaba Martel, cuando aseguraba que Corral violaba el reglamento, al citar para crear la subcomisión  de marras,  con la evidente pretensión de madrugar al resto de los partidos políticos. Pero tercero en discordia fue el Partido del Trabajo, que en voz de Mario di Costanzo aseguraba que el pre dictamen sí existía. Y que, además, en él había acuerdos ya del PRI con el PAN.  Y que detrás de la decisión priista, de llegar pronto al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional,  no estaba otro que Enrique Peña Nieto, quien en su obsesión presidencial ha comenzado a insuflar procesos legislativos que no necesariamente beneficiarán a la mayoría de la población. La ley de marras ya fue aprobada en el Senado. Y, entregada a San Lázaro desde abril pasado, para su refrendo,  es actualmente una de las legislaciones que más ansía el Ejecutivo Federal. En resumen, lo que ha planteado el Senado es que al Ejército y la Marina se les legalice la labor policíaca que, a partir de diciembre de 2006, han estado realizando en el país.  Pero, además, empoderándolos de modo tal que podrían detener sin orden de aprehensión o catear domicilios sin cateos firmados previamente por el ministerio público. Ya lo hacen. Pero ahora sobre sus cabezas pende no sólo la Constitución mexicana sino también los tratados internacionales en materia de defensa de los derechos humanos, que son  a los que realmente le temen los soldados mexicanos. A manera de corolario de un debate que no para, anteayer, estadísticas reconocidas por el gobierno mexicano arrojan ya nuevas cifras de la guerra entre gobierno y delincuencia organizada: 50 mil 400 muertos en lo que va del sexenio; ocho mil desaparecidos, y otros 25 mil asesinatos, clasificados como muertos más allá de la guerra aquella. El dato siguiente es una de tantas paradojas que se presencian en el país, actualmente: habiendo tantas muertes por la guerra contra el narcotráfico, sólo ha habido 120 sentencias sobre lavado de dinero, en lo que va del régimen. Esto, a pesar de que ya el gobierno mexicano admitió que  son más de 10 mil millones de dólares los que en el sistema financiero mexicano van y vienen bajo sospecha de procedencia ilícita. Y una contradicción: en San Lázaro, muy poco los legisladores de Acción Nacional han querido hablar de la Ley contra el Lavado de Dinero. Verbigracia: para su dictamen, la Comisión de Hacienda –que preside el panista Mario Alberto Becerra Pocoroba- no ha convocado a reunirse a su Pleno para analizarla, con fines de dictamen. El contrate en el interés por dictaminar una y otra es evidentemente parcial.