Si un alto mando de alguna empresa de telefonía móvil en México sale con la “ocurrencia” de necesitar una cantidad de dinero, la manera de conseguirlo es aumentando un minuto de consumo en telefonía móvil a determinada cantidad de usuarios. Depende del monto. Si el ejecutivo en cuestión quiere 20 millones de pesos, entonces aumenta un minuto a la misma cantidad de usuarios, al final, ¿cómo se van a enterar?, ¿qué tanto es un minuto? Esto que acabo de exponer es real, contado por una fuente que trabaja en la instancia más cercana a regular la situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y que a falta de pruebas (imagínese detectar, comprobar y denunciar cada minuto implantado en 20 millones de usuarios) difícilmente se puede solucionar uno de los problemas más grandes en el país: la impunidad. Esta semana el Gobierno federal anunció el “Acuerdo para evitar el hurto de celulares a nivel regional” con el objetivo de que a partir del 1 de septiembre próximo los celulares robados o extraviados sean bloqueados sin que puedan ser usados en México ni en otros países de América Latina, iniciativa que por un lado impide continuar con los negocios que se ostentan como “locales de reparación de celulares” y que en realidad son puntos de venta de equipo robado, y por otro lado reaviva la impotencia ante la desfachatez de las autoridades que no solucionan el problema de fondo. Me explico: los representantes de las cuatro empresas de telefonía móvil del país salieron muy bien en la foto que recuerda la firma del convenio arriba mencionado, pero por qué no hacen lo mismo para terminar con todos los candados que ocultan para poder “enganchar” a más clientes, y lo que es peor, obstaculizar la salida y cambio de compañía aún cuando se haya cumplido con los espantosos contratos forzosos. ¿Sabe quiénes encabezan la lista de compañías con más quejas ante Profeco? Por lo menos dos de éstas cuatro empresas que con estrategias mañosas, capacitan y preparan a su personal para “amarrar” a como de lugar al consumidor. ¿Formas de abuso? Muchas. Si usted termina su contrato y quiere dar de baja el servicio en una de estas flamantes compañías acude a la sucursal y le dice que tiene que ser vía telefónica; habla por teléfono, le dan un folio de cancelación y los operadores se pueden atrever a decirle que es todo lo que hay que hacer. Paga su último saldo, pasa el tiempo y ¿qué cree? Le siguen cobrando el servicio, acude a la sucursal, reclama y el argumento que le dan es que el folio que le dieron era el “inicio” del proceso que se hace por escrito. Y mientras tanto, ya le cobraron mínimo dos meses. Aunque nos quejemos de la inseguridad y la frecuencia de robos de equipo celular, las compañías de telefonía celular también forman parte del delito, claro, de una manera más elegante. Así que, ¿quién roba a quién?
