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Domingo, 20 de Enero 2019

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La seguridad y los atajos

Por: Jorge Fernández Menéndez

La caída de Vicente Carrillo, como la semana pasada la de Héctor Beltrán Leyva, no implica sólo que se haya dado un golpe durísimo contra un líder histórico del narcotráfico, implica éxitos en la estrategia de seguridad del Estado que no pueden soslayarse. Y confirma también que no hay atajos cuando se quiere recuperar la seguridad perdida en diversas zonas del país. No hay, porque no puede haberla, una nueva estrategia de seguridad, lo que hay son nuevas o distintas políticas para implementar una estrategia que pasa por premisas muy básicas: llevar ante la justicia a los criminales; depurar y fortalecer los cuerpos policiacos, ministeriales y judiciales y reconstruir el tejido social con oportunidades sociales y de trabajo sobre todo para los niños y los jóvenes.

En los casi dos años que lleva la actual administración hay cosas en seguridad que se han hecho muy bien y otras en las que ha habido deficiencias o insuficiencias, sobre todo en el ámbito estatal y municipal.

En el capítulo de detención de capos, la operación ha sido ejemplar: de los jefes históricos del narcotráfico hoy sólo quedan en libertad “El Mayo” Zambada, “El Azul” Esparragoza, si se cree que no ha muerto; y Servando Gómez , “La Tuta”.

Pero esas detenciones, como ha ocurrido en el pasado, no siempre implican mejoras en la seguridad cotidiana.

El diagnóstico sobre las razones que impiden un avance más completo no es diferente al que se tenía en el sexenio pasado.

En su reciente libro Los retos que enfrentamos, Felipe Calderón dice que “logramos mucho a nivel federal, pero no avanzamos al mismo ritmo a nivel estatal, entre otras cosas porque el sistema político mexicano no cuenta con las herramientas o los incentivos suficientes para obligar a cada autoridad en el ámbito de su competencia a cumplir con su deber, ni los ciudadanos cuentan con instrumentos para exigirles a éstas de manera apropiada y eficaz que realicen su tarea básica de brindar seguridad”.

Lo mismo podría decir hoy el Presidente Peña y lo ocurrido en Guerrero es una confirmación, precisamente, de eso, más allá de las detenciones de capos.

Hay espacios que han tenido mejorías notables, como Nuevo León (lo señalaba el propio Presidente Peña esta semana), como Ciudad Juárez, Torreón (donde fue detenido Carrillo) o Tijuana. Pero el problema siempre termina siendo el mismo: la debilidad institucional en ciertos estados y municipios para comprometerse con las políticas de seguridad.

Sin duda, en la administración Peña la capacidad de cooperación y coordinación interinstitucional y del Gobierno federal con los estados ha avanzado y también se han dado algunos golpes notables a varios de los principales capos con una utilización menor de violencia.

Pero Guerrero demuestra que nada de eso es suficiente si las instituciones no son modificadas.

En Iguala lo terrible es que el presidente municipal y su esposa tenían antecedentes claros de relación con el crimen organizado; que pese a esos antecedentes fueron patrocinados tanto por el gobernador Ángel Aguirre como por el secretario de salud y precandidato de Morena, Lázaro Mazón, pasando por Nueva Izquierda que hizo a José Luis Abarca presidente municipal y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, consejera nacional del partido.

Nadie, en ningún nivel, investigó los nexos familiares con notorios criminales, su situación patrimonial con un crecimiento explosivo, los recursos de campaña.

La Policía estatal de Guerrero sigue teniendo uno de los peores parámetros del país; el mando único no se ha implementado y peor aún, como en otros casos, cuando se habla de mando único se olvida que éste sólo tiene sentido si va acompañado de un nuevo modelo policial en los estados, que está mucho más rezagado aún.

En Iguala había poco más de 300 policías municipales: hoy 22 están detenidos, 87 fueron llevados a control de confianza y unos 200 simplemente no se presentaron a trabajar desde el 28 de septiembre. ¿Dónde están, quiénes son, se quedaron con sus armas y equipos si es que los tenían? No hay una sola respuesta sobre el tema.

Esa policía municipal, como muchas otras, había rechazado el mando único estatal y el Gobierno del Estado no hizo el menor esfuerzo por avanzar en él.

El mando único de poco sirve sin un nuevo modelo policial (el de Nuevo León y su Fuerza Civil, a pesar de que aún está en construcción, vuelven a ser un buen ejemplo). Y eso se debe imponer por ley, aunque sea en forma transitoria.

Algunos gobernadores sí están interesados en avanzar en la seguridad, otros sólo quieren navegar y algunos más, tienen intereses que los llevan a mirar literalmente hacia otro lado y no asumir responsabilidades. La creación de instituciones no es un capítulo marcado por la buena voluntad.

Y Guerrero es la mejor demostración de que si esos modelos no se imponen desde el ámbito federal, la corrupción, la negligencia, la dejadez, terminan golpeando un enorme esfuerzo nacional en seguridad que ante estos ataques se puede derrumbar como un castillo de naipes.

Por eso mientras celebramos la caída de Vicente Carrillo o Beltrán Leyva tenemos que lamentar Guerrero.
 

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